Desalojo en Industrias RB: «Vamos a recuperar la fábrica»

En la tarde de este miércoles 8 fue desalojada violenta e ilegalmente por fuerzas de Infantería y de la Policía bonaerense la planta de Industrias RB Ltda, una empresa metalúrgica recuperada por sus trabajadores, sobre la que está vigente una orden de expropiación a favor de la cooperativa que la gestiona hace más de 15 años.

La empresa, fundada en 1958, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre patronal durante la crisis económica de 2001, cuando convinieron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo. Luego de un largo proceso de lucha legal y económica, en el que se unieron al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER), hoy son 18 los trabajadores empleados por la Cooperativa de Trabajo Industrias RB Ltda., ubicada en Panamá 1726 de la localidad de Martínez, que se dedica a la producción de diversos instrumentos y aparatos de medición y control (instrumental automotor y de uso naval, instrumentos de magnitudes eléctricas y temperatura, sistemas de cobro y expendio automático de pasajes, etc.).

Este miércoles el magistrado Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro, ordenó el desalojo de la empresa. El mismo fue ejecutado violentamente en horas de la tarde por fuerzas de Infantería y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los trabajadores, el MNER y las diversas organizaciones políticas que se solidarizaron con el conflicto denunciaron que fue absolutamente ilegal ya que en el año 2007 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la expropiación de la empresa a favor de sus trabajadores y la ley fue prorrogada en 2012 por otros cinco años, por lo que aún sigue vigente.

Desde la cooperativa de trabajo se analiza presentar una denuncia penal contra el juez Díaz por incumplimiento de los deberes de funcionario público por hacer caso omiso a la ley de expropiación vigente y por dictar el desalojo desde un juzgado que no debería intervenir en el caso.

Notas dialogó con Bruno Chiodi, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y militante de Patria Grande, que se encuentra apoyando activamente la resistencia de la empresa recuperada. “Cuando llegó el operativo de Infantería y Policía de la Provincia había 30 o 40 compañeros. Entraron tirando gas pimienta, pegando de manera violenta, hubo golpes fuertes”, señaló. Además agregó: “Después nos quedamos atendiendo al grueso de los compañeros que estaba afectado por el gas pimienta. Y ahora tomó posesión la Policía del edificio”.

Los trabajadores de RB y las organizaciones que se solidarizaron con su lucha mantienen cortadas las calles aledañas a la planta para evitar que los antiguos dueños de la fábrica puedan volver a tomar posesión del edificio.

Eduardo “Vasco” Murúa, presidente del MNER, amplió -también en diálogo con Notas-: “La idea es recuperarla, que no tomen posesión. Porque el juez manda no sólo el desalojo sino que también tome posesión el acreedor hipotecario». Asimismo detalló que van a tratar de «mantener la guardia acá para que no toquen nada y la planta pueda seguir funcionando». «Tenemos la razón y porque la vamos a recuperar», dijo.

Murúa apuntó que «en realidad el trámite judicial está en otro juzgado, no en este que tomó la decisión del desalojo, así que se puede sacar una resolución judicial a favor de la continuidad”.

Según dirigente del MNER está intervención de un Juzgado sin competencia en la causa se debió a “un acuerdo comercial o de amistad entre el juez y este señor que tiene la hipoteca”. En ese sentido amplió: “Realmente no es que esto sale de la nada sino que hace ocho meses hubo un conflicto y la jueza Paula Hualde había declarado abstracta la ley de expropiación. A partir de eso ordenó el desalojo hace seis meses y entonces eso quedó como un antecedente».

«Cuando desalojaron y nosotros volvimos a tomar la planta retomaron ese antecedente, así como un proceso por usurpación y daño que nos habían hecho a mi personalmente y a Perea que es el presidente de la cooperativa. Se agarran de ese expediente que no está tramitando en el juzgado principal y hacen esta jugada del mandamiento de desalojo, por el incumplimiento de la medida anterior, sin consultar que situación está el caso en este momento en el Juzgado Comercial”, concluyó Murúa.