El campo colombiano se para contra el neoliberalismo

Por Javier Calderón Castillo*. El 30 de mayo de 2016 se activó un nuevo paro nacional agrario en Colombia, tres años después de las gigantescas movilizaciones que mantuvieron al país semiparalizado cerca de 45 días. En aquel momento, la contundencia de las acciones permitió la conformación de la «Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular» que en la actualidad reúne a la mayoría de organizaciones campesinas, indígenas y afro-descendientes del país. Además, es el principal interlocutor del Gobierno nacional, manteniendo una mesa de diálogo que apunta a lograr acciones estatales concretas, de políticas públicas que resuelvan la terrible pobreza y desigualdad que viven los 15 millones de colombianos y colombianas -el 32% del total nacional- que vive en las zonas rurales del país.

Las principales vocerías nacionales de la Cumbre, advierten que la situación del campo colombiano no ha cambiado y aseguran que los diálogos con el gobierno no han generado acciones para mejorar las condiciones de salud, vivienda, seguridad, educación, transporte, vías, acompañamiento financiero y técnico para la producción de alimentos que nutren a la población colombiana. Tienen la impresión de asistir a un diálogo que pretende desmovilizarlos y no cambiar nada, sienten que el gobierno intenta doblegarlos con el ofrecimiento de 80 millones de dólares para proyectos en los 32 departamentos del país.

Consideran que el Estado, menosprecia sus demandas, pretendiendo saldar con una pequeña suma de dinero la enorme deuda social histórica con el campo, la pobreza generalizada, las víctimas del paramilitarismo, los daños ambientales y culturales producidos por la megaminería en los territorios. Dicen en la Cumbre Agraria, sin vacilaciones, que la Reforma Agraria Integral significa mucho más que 80 millones de dólares.

Representa, como primera medida, modificar la estructura de distribución de tierras existente en el país. El censo agrario realizado en el 2014 le da la razón al campesinado: actualmente el 77% de la tierra está en manos de 13% de la población rural, y de éste porcentaje el 30% la ostenta un monopolio conformado solamente por un 3,6% de personas ligadas a la ruralidad. Demostrando así una descarada concentración de la tierra, producto del modelo de acumulación violento impuesto en el país y materializado con el favor de la práctica paramilitar del desplazamiento forzado.

Según el mismo censo, la violencia paramilitar arrebató al campesinado 6,6 millones de hectáreas. Y para quienes piensan que la concentración de la tierra es positiva y usan el argumento de las bondades de la productividad monopólica, el dato que deben tener en cuenta es que el 70% de los alimentos producidos en el campo colombiano proviene de los pequeños campesinos -que poseen o alquilan menos de 3 hectáreas-. En consecuencia, al igual que la Cumbre Agraria, podemos afirmar que el latifundio es improductivo, ocioso y da abrigo a economías depredadoras e ilegales.

La Reforma Agraria en Colombia, significa convertir al país en una despensa alimentaria. La vocación agrícola del país es una realidad sociológica, combatida por el neoliberalismo desde los años 90; antes de imponerse el Consenso de Washington  y sus fórmulas neoliberales en el país, el campesinado producía el 83% del alimento total que consumía la población colombiana. En la actualidad, esta cifra ha bajado a un dramático 45% según informa el investigador Darío Fajardo.

La mutación obligada del campo por el neoliberalismo ha sido resistida por el campesinado, con mucha organización y persistencia en la producción alimentaria, de lo contrario, las cifras serían más desalentadoras.

En éste nuevo paro agrario, la Cumbre Agraria reclama también una posición seria de J.M. Santos, a quien acusan de promover un doble discurso estatal respecto del campo colombiano. No dudan en decir que mientras el gobierno sostiene negociaciones con ellos y con las guerrillas sobre una reforma democrática al campo, los congresistas santistas y uribistas acaban de aprobar la Ley de Zidres. Esta ley le permite al gobierno entregar las tierras estatales a los grandes monopolios nacionales y extranjeros con el propósito de llevar a cabo su anhelado proyecto de un campo sin campesinos y con ocupantes foráneos, como el «magnate de la soja argentino», Gustavo Grobocopatel.  Este empresario anda rondando las negociaciones de La Habana para preparar su aterrizaje en Colombia con un millón de hectáreas, habilitado por la ley neoliberal de Santos. Una ley a la medida del monopolio Monsanto.

El paro agrario, resulta también una alerta,  ya que pone en el centro del debate las contradicciones estatales sobre el compromiso gubernamental con la paz. Como lo definió la Comisión Histórica del Conflicto Colombiano, la causa principal de la guerra ha sido la imposición de una acumulación violenta de tierras en el campo colombiano . En consecuencia, esta demostración de fuerza de campesinos, indígenas y afro-descendientes se para duro contra el neoliberalismo, que es el modelo de despojo responsable de tanta pobreza, tanta muerte y tanta hambre.

Se espera que el gobierno le brinde las garantías al campesinado para la movilización y la protesta social, puesto que en 2013 fueron asesinadas 19 personas, 85 mutiladas, y cerca de 600 privadas de la libertad por ejercer el derecho a la protesta, entre ellas el directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, Hubert Ballesteros, quien aún sigue en la cárcel sin un juicio imparcial y sin garantías procesales. De acuerdo a la información publicada por Telesur, fueron asesinadas tres personas durante la primera semana del paro agrario: Willington Quibarecama Nequirucama, Gersaín Cerón Guainas, Marco Aurelio Díaz. Todos ellos indígenas, todos ellos asesinados por las fuerzas de represión del Estado.

Latinoamérica debe prestar atención y solidaridad, porque el campesinado colombiano se para contra el neoliberalismo, que es transnacional y nos afecta a todos y a todas.

*Integrante de Marcha Patriótica – Capítulo Argentina