Batalla de Ideas

5 junio, 2016

El gobierno descabezó al organismo que debe controlarlo

Por Federico Dalponte. Ricardo Echegaray está procesado, pero el kirchnerismo igual lo afirma como su representante en la Auditoría. Aunque polémica, la decisión es potestad exclusiva del partido opositor y su destitución por parte del oficialismo tiene poco sustento jurídico.

Por Federico Dalponte. Echegaray tiene tantas denuncias en su contra que podría clasificarlas por año, por delito, por tamaño y por color. De dudoso desempeño como funcionario público, el ex titular de la AFIP es un personaje oscuro de la política, con pésima imagen y peor aceptación. Según el diputado oficialista Fernando Sánchez, sólo le falta “matar a la madre”.

Dentro de una dimensión estratégica, Echegaray parece ser el mejor adversario posible para cualquier gobierno. Está sospechado por enriquecimiento ilícito, por cohecho, por encubrimiento y hasta por falso testimonio. El imperio británico hubiese entregado una fortuna por tenerlo como adversario en lugar de Mahatma Gandhi.

Por ello, tras su alejamiento al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el gobierno pierde ahora la más obvia de las ventajas: que las eventuales denuncias del organismo sean hechas por un personaje del que la sociedad no se fía. El argumento «ad hominem» en su máxima expresión: si Ricardo Echegaray realizara alguna acusación contra el macrismo, al menos la mitad de la sociedad no le creería ni una palabra.

Pero Argentina tiene sus rarezas y la más novedosa es precisamente ésa: aún en contra de sus intereses, un gobierno que se presenta como la encarnación de la ética se convence tanto de su perfil que obliga al principal partido opositor a tener un baño de honestidad, forzándolo a cambiar de representante en el organismo de control más importante del país. Una suerte de evangelización moralista.

Carrió, la evangelizadora

Cuando a principios de la nueva gestión el Frente para la Victoria comenzó a deslizar su nombre como posible titular de la AGN, Elisa Carrió fue la primera en salir a cuestionarlo. Con la evidencia de que tenía procesos judiciales «pendientes» –tal como refiere la ley–, la diputada oficialista arguyó que Echegaray estaba legalmente impedido de acceder a ese cargo.

La ley, en efecto, dice lo que dice. Exige ser profesional del derecho o las ciencias económicas, no estar en quiebra ni tener causas pendientes. La redacción del texto es naturalmente imprecisa, pero -con buena fe mediante- sólo un prejuicioso podría pensar que cualquier denuncia recibida implica culpabilidad.

Por eso, cuando Carrió se opuso a su designación, la troika legislativa del PRO integrada por Gabriela Michetti, Federico Pinedo y Emilio Monzó desestimó el intento y consintió su nombramiento al frente del organismo. El argumento, tan obvio, tan básico, era que Echegaray tenía decenas de denuncias por corrupción, pero ni un solo procesamiento.

Hoy, que ya lo tiene, entró en un limbo jurídico: el Frente para la Victoria insiste en que el procesamiento ni siquiera está firme; para el gobierno eso no importa.

El controlador y el controlado

La Auditoría es un puesto de control y, según dice con prosa clara la Constitución, “el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”. Y no señala más sobre el asunto.

Por lo pronto, el texto no menciona a la diputada chaqueña ni exige condiciones especiales para ocupar el cargo. Ello, fundamentalmente, porque delega en el bloque opositor la tarea de evaluar, meditar y designar a quien considere más idóneo.

La ley reglamentaria, al impedir que sean designados quienes tengan “procesos judiciales pendientes” y exigir determinada formación académica, limita el poder de control que la Constitución le otorga a la oposición. Pero además, como si fuera poco, la misma ley dispone que la designación se realizará por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras, y su remoción –por inconducta o incumplimiento de sus deberes– mediante igual procedimiento.

Pero incluso así, ciñéndose a la literalidad, ¿qué absurda interpretación le hace creer a Cambiemos que puede obligar al partido de control a cambiar de emisario? ¿Con qué criterio el controlado puede impugnar al posible controlador?

Si el peronismo quiere ser representado por un corrupto, peor para ellos, pero no es algo que el gobierno deba cuestionar. La exigencia de una resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras es, si se quiere, una mera formalidad. Pero la decisión política corresponde a la oposición de forma indelegable.

“El parlamento no tiene ninguna facultad para destituir al presidente de la Auditoría porque es designado por el partido de oposición, de acuerdo a las normas constitucionales.” No, la frase no es de Echegaray. Pertenece al radical Leandro Despouy, en declaraciones a Parlamentario, cuando en 2012 denunció que el kirchnerismo pretendía desplazarlo de su cargo.

Las tapas de la corrupción

Está claro que los oficialistas suelen ser más rígidos con los procesados ajenos que con los propios, pero no por eso dejarán de considerarse los abanderados de la lucha contra la corrupción.

Las denuncias contra los funcionarios del gobierno anterior han servido para todo: para tapar los despidos, para menospreciar la inflación, para silenciar las protestas. Impresas sus fotos en las portadas de los principales diarios, «los corruptos» son los grandes sujetos políticos de este tiempo.

Pero aun así, con todo, la suerte de ellos depende siempre de la voluntad de los jueces y no del gobierno. El único caso hasta ahora en el que el oficialismo pudo sancionar por sí mismo a un corrupto fue éste. Y así, con la balanza en una mano y los ojos vendados, Cambiemos imagina que hizo justicia. Para ello, se posó sobre una norma infraconstitucional de sentido confuso y se tomó la atribución de vetar el nombre de quien debía controlarlo. Y para colmo de grises, lo hizo presumiendo la culpabilidad de quien ni siquiera tiene un procesamiento firme en su contra.

En suma, la interpretación normativa es débil y hasta es posible que, en el futuro, el reemplazo de Echegaray por alguien intachable fortalezca las denuncias en contra del Ejecutivo. Pero poco importa.

Lejos de cubrir la protesta de las CTA contra los despidos, el pasado viernes los dos principales diarios oficialistas hicieron tapa la jugada de Cambiemos. Una vez más, el gobierno ganándole a la corrupción: “Procesan a Echegaray y el Gobierno quiere echarlo de la Auditoría” (Clarín); “Tras ser procesado, el oficialismo destituyó a Echegaray de la AGN” (La Nación).

@fdalponte

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