La Corte Suprema definirá la constitucionalidad del acceso irrestricto a las universidades

El fiscal general Rodrigo Cuesta recurrió el fallo que declaró en mayo pasado la inconstitucionalidad de la ley de acceso irrestricto a las universidades. Pese a que todavía está pendiente la admisión del recurso, todo indica que la causa terminará en manos del máximo tribunal.

Hace algunas semanas atrás, luego de que el juez Pablo Cayssials declarara inconstitucional la ley de acceso irrestricto a las universidades, la causa pasó a la Cámara de Apelaciones donde la sentencia fue ratificada.

Hasta allí avanzó la causa por el momento. Hoy por hoy, si quisiera, la Universidad de la Matanza –institución que presentó el amparo– podría imponer exámenes de ingreso restrictivos, excluyentes. Y el derrotero podría continuar sin freno hacia el resto de las universidades públicas.

Ahora, sin embargo, un nuevo recurso interpuesto por el fiscal general Rodrigo Cuesta contra la sentencia de la Cámara permite inducir que todo terminará finalmente en la Corte Suprema.

Pero con todo, éste no es el primer intento por revocar la sentencia de Cayssials. Ya en abril la fiscalía había apelado el fallo del juez de primera instancia, pero fueron los propios abogados del Ministerio de Educación los que se negaron a cuestionar la sentencia.

Según ellos, habían recibido por parte del gobierno de Mauricio Macri “instrucciones de no apelar la sentencia dictada” y de mantener “dicho criterio en casos similares en los cuales se halle en contradicción los artículos de la Ley de Educación Superior cuestionados”.

Así, aferrándose a lo pedido por el gobierno, la sala III de la Cámara de Apelaciones decidió ratificar en aquella oportunidad la sentencia de Cayssials y mantener la inconstitucionalidad del acceso irrestricto. La postura de la fiscalía, defensora de la constitucionalidad de la ley, se encontró así en solitario, frente al acuerdo tácito entre la Universidad de la Matanza y el gobierno nacional: ambos a favor del acceso restrictivo.

De esta manera, el nuevo recurso ante la Corte Suprema interpuesto por el fiscal general viene a significar un duro desafío. Cuesta dice –sin decirlo– que apela el fallo como respuesta ante el silencio del gobierno.

Contraria incluso a la postura del Ejecutivo que consintió el fallo adverso, la fiscalía alega ahora su función de defensora de “la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” como fundamento para apelar.

Entre sus fundamentos, el fiscal general aduce que el gobierno no tiene “facultades para convalidar una declaración de inconstitucionalidad de una ley” pues, por propio mandato de la Constitución, “su deber es hacer cumplir las leyes”. En ese sentido, considera que el Ejecutivo “ignoró la defensa de una ley sancionada por la máxima expresión de la soberanía popular”.

Federico Dalponte – @fdalponte