1 junio, 2016
Temer: recortes, privatizaciones y corrupción
Desde que asumió como presidente interino de Brasil el pasado 12 de mayo, Michel Temer llevó adelante una serie de medidas de fuerte impacto sobre la política económica y exterior brasileña. La incertidumbre frente a una situación que se agudiza, mientras las evidencias de corrupción de sus funcionarios se hacen públicas y el máximo tribunal revisa sus medida.

Tal vez el logro más importante de Temer, más allá de la suspensión de la presidenta constitucional Dilma Rousseff, fue la modificación de la meta fiscal para 2016. La Ley de Directrices Presupuestarias fue publicada en el Diario Oficial de la Unión (Boletín Oficial del gobierno Federal) el pasado 27 de mayo, luego de ser aprobada por ambas cámaras legislativas.
La modificación implica la elevación del déficit previsto para 2016 de 26 mil millones de dólares a 47 mil millones, cifra que representa el 2,75% del producto bruto interno (PBI). En el 2015, el déficit, que fue motivo de crítica al gobierno de Rousseff, fue de 27 mil millones.
El líder del bloque del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados, Afonso Florence, criticó la decisión por su “irresponsabilidad fiscal” y afirmó que la medida implicaba el recorte de programas sociales. Entre ellos, mencionó Minha casa, minha vida -de construcción de viviendas sociales-, el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) –de inversión pública y privada para obras públicas-, el Programa Agua para Todos –de obras sanitarias y distribución de agua potable- y becas universitarias.
En este contexto, Temer anunció además la reducción de los presupuestos para todas las áreas de gobierno, incluidas salud y educación.
Por otro lado, su gestión se ha visto muy debilitada luego de haber removido a dos ministros de su gabinete. La renuncia de los ministros se produjo como consecuencia de su vinculación con operaciones ilegítimas en torno al impeachment de Dilma Rousseff y con la “Operación Lava Jato”.
La evidencia fueron tres audios que se dieron a conocer en los medios de comunicación. En ellos, se revelan conversaciones en las que los políticos implicados debaten una estrategia para ralentizar el proceso judicial que los involucra en casos de corrupción con la empresa estatal Petrobras. La estrategia que explicitan incluye avanzar en el proceso de impeachment contra Rousseff.
Por estos escándalos, fueron removidos de sus cargos Romero Jucá, ex ministro de Planificación, Desarrollo y Gestión, y Fabiano Silveira, ex-ministro de Transparencia. Silveira anunció su renuncia el pasado 30 de mayo, un día después de darse a conocer por Globo TV un audio en el que se lo escucha asesorando al presidente de la Cámara de Senadores, Renan Calheiros, sobre posibles maniobras para evitar ser enjuiciado.
Fue Sergio Machado, ex directivo de la empresa Transpetro -subsidiaria de Petrobras- quien grabó y dio a conocer estas charlas, como forma de protección ante la Justicia. El caso más grave es el de Calheiros que, aunque se encuentra involucrado directamente, se ha mantenido en su cargo hasta el momento gracias a un fuerte cerrojo mediático.
En el caso del Ministerio de Cultura, Temer debió retraerse de su decisión de suprimirlo, debido al gran rechazo que provocó esta medida. Mediante ocupaciones de oficinas institucionales, movilizaciones callejeras y festivales con artistas reconocidos como Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Marieta Severo y Renata Sorrah, la visibilidad que alcanzaron las protestas de los trabajadores de la cultura empujaron al presidente interino a retractar su decisión. El pasado 22 de mayo, Temer le devolvió su jerarquía ministerial a la cartera y designó al diplomático Marcelo Calero como ministro.
En materia de política exterior, Temer nombró como Canciller a José Serra, ex candidato presidencial en 2006 y 2010 por el Partido de la Socialdemocracia de Brasil (PSDB). Serra asumió bajo la promesa de «hacer negocios» y fortalecer el vínculo con Estados Unidos y otros países desarrollados. En la reciente sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada el 1° de junio en Washingotn D.C., Brasil se manifestó a favor de la aplicación de la carta democrática de ese organismo contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Lo que sigue: privatizaciones y procesos judiciales
Actualmente, el gobierno interino avanza en un plan de reforma tributaria y previsional –que incluye la elevación de la edad jubilatoria universal a 65 años-, junto a un plan de privatizaciones. Este último contempla la empresa estatal de correos, la Casa de la Moneda y 230 compañías de electricidad donde el Estado participa.
Temer avanzó además en un proyecto de ley sobre la apertura del Presal, la mayor reserva de petróleo brasileña ubicada bajo la plataforma submarina. La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Senadores el pasado 23 de mayo, elimina el piso del 30% de participación operativa mínima de Petrobras, habilitando la explotación completa al sector privado.
En medio de esta inestabilidad, Temer debe enfrentar un proceso judicial en curso en el Supremo Tribunal Federal (STF, la Corte Suprema brasileña). El STF dio lugar a la petición formulada por el Partido Democrático Laborista (PDT) que demanda revertir los cambios ministeriales a partir la aplicación del artículo 48 de la Constitución Federal. Ese artículo establece que un presidente interino no está habilitado para realizar reformas como la eliminación de ministerios o la alteración de la política exterior.
El juez Luis Roberto Barroso estableció, el pasado 26 de mayo, un plazo de cinco días para que Temer se exprese al respecto, aunque el STF aún no ha fijado una fecha para pronunciarse. Dependiendo de su decisión, muchas medidas recientes del Ejecutivo pueden ser revisadas.
Por otro lado, el STF mantiene otro proceso en el cual debe pronunciarse, que involucra a Dilma Rousseff, y su denuncia sobre la existencia de un plan golpista en su contra. El Tribunal llamó a Rousseff a explicar los motivos en los que se basa para afirmar la existencia de un golpe en su contra.
Aunque esta lectura es apoyada por amplios sectores sociales, es probable que Rousseff no logre la conformidad de los magistrados sobre su denuncia, ya que éstos han mantenido una actitud de solventar el proceso de impeachement. No obstante, la denuncia repercute fuertemente sobre la sociedad brasileña, especialmente sobre los sectores trabajadores y populares, donde el rechazo al gobierno de Temer crece día a día.
Micaela Ryan – @LaMicaRyan
Foto: Reuters
Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.