«Las Fuerzas Armadas quedaron fuera del control civil»

“Es como lo que significaba la Ley de Medios para los medios de comunicación. No es que el Estado compraba los medios, sino que había dispositivos democratizantes, antimonopólicos que incidían sobre los poderes fácticos, en ese caso, los medios”, intenta explicar Paula Casal, abogada del Movimiento de Profesionales para los Pueblos a Notas sobre las implicancias del decreto de Alfonsín derogado por Macri el miércoles.

Según detalló, el decreto 721/2016 le quita el control de los recursos y la facultad de asignar premios y castigos al Poder Ejecutivo, es decir, devuelve esa potestad a manos militares. “Pensemos que es una institución súper vertical, donde quien molesta, por decir un ejemplo, a partir del mes que viene es reubicado a la otra punta del país”.

Casal recorre la historia argentina para explicar la gravedad de la resolución del gobierno de Mauricio Macri. “ En enero de 1984, a menos de un mes de retornada la democracia, Alfonsín impuso por decreto el control del Poder Ejecutivo sobre las Fuerzas Armadas (FFAA)”. Lo que implicó que el presidente en su condición de Comandante en Jefe de las FFAA y el ministro de Defensa “tengan algunas facultades de contralor de todos estos aspectos que parecen administrativos pero que construyen un perfil institucional y que hacen a su oxigenación”. “Sino es muy endogámico todo y es muy complicado salir de esa matriz naturalmente represiva de las Fuerzas Armadas”, agrega.

Si bien la norma existía, lo cierto es que las prácticas continuaron, como si no hubiera ley: los comandantes de cada fuerza seguían disponiendo ascensos, premios, discreciones, traslados, etc. “Es decir, sancionó esos decretos pero no pudo democratizar las FFAA en los hechos”, suma. El decreto continuó vigente durante la década menemista también, sin grandes modificaciones en sus efectos concretos.

La importancia que destaca Casal sobre la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, fue que “implementó programas para poner en vigencia lo que ya estaba dispuesto”. “Intentaba hacer valer un control civil. Por eso se pedía su cabeza en la televisión”. “No estoy queriendo hablar de una gestión que tuvo sus luces y sus sombras”, advierte, “quiero relatar que durante 30 y pico de años se intentó algo, no en un recorrido acabado siquiera, que fue barrido de un plumazo con un decreto, entre gallos y medianoche”. Ni siquiera hay una ley en la cual respaldarse: “Le están diciendo a los jefes de las fuerzas ‘hagan lo que se les cante’”.

Según la abogada, esto es un espaldarazo a una cierta mirada sobre el pasado, en un contexto donde Darío Lopérfido niega que hubo 30 mil desaparecidos, se desarticula el programa de protección de testigos en juicios de lesa humanidad del Ministerio de Justicia y se avanza sobre “todas las áreas destinadas a investigar delitos de la dictadura, especialmente aquellos enfocados en las complicidades civiles”.

”Muchos de esos recortes y artilugios los usan los jefes militares para poder reincorporar a la fuerza a gente que quedaba desvinculada por su vínculo -periférico o no- con la dictadura. Entonces les dan un carguito de docente, los quieren enmascarar para reincorporarlos a la familia militar”, suma.

Esto afecta, para Casal, “seguro y sin lugar a dudas” la construcción de memoria, verdad y justicia: “Desde el punto de vista del presente de los represores, es fortalecer un actor cuyo peso es indiscutido”. “No es menor”, agrega, “que las FFAA definan su propio perfil ideológico, a qué agentes van a premiar y a cuáles expulsar, la asignación de presupuesto, qué áreas van a fortalecer y cuáles van a debilitar”. “Todo esto ya quedó fuera de cualquier control civil”, concluye la abogada.