Derechos Humanos

30 mayo, 2016

Marche preso: menos derechos para los jóvenes

Desde el motín ocurrido en abril, el Instituto Rocca se encuentra cerrado. Los adolescentes allí alojados –que son menores de edad- fueron reubicados en distintos Centros. Seis chicos fueron recibidos en el Centro Belgrano. El rol de la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia.

Desde el motín ocurrido en abril, el Instituto Rocca se encuentra cerrado. Los adolescentes allí alojados –que son menores de edad- fueron reubicados en distintos Centros. Seis chicos fueron recibidos en el Centro Belgrano.

Notas dialogó con los trabajadores del equipo a cargo del Centro Belgrano, que brindaron detalles sobre los acontecimientos recientes y las decisiones asumidas por las nuevas autoridades. “Lo que hizo la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF), firmado por la nueva Secretaria Yael Bendel, fue un pedido formal en los distintos tribunales que intervienen en los casos de los jóvenes que nosotros tenemos alojados, a fin de cesar el alojamiento, ya que actualmente aquí hay todavía seis chicos alojados que son menores de edad”, explicaron.

En este sentido, la misma SENAF ordenó el traslado de los jóvenes entre 18 y 21 años al Servicio Penitenciario. De los 21 jóvenes que se encontraban en el Centro Belgrano, tres ya fueron trasladados al penal de Marcos Paz.

La preocupación de los trabajadores del Centro Belgrano se basa en que el proceso de inclusión social que vienen desarrollando con los jóvenes, bajo una política que se mantuvo durante varios años, se encuentra en jaque por la misma institución que debería garantizar estos procesos. Ante la incapacidad de la SENAF de garantizar condiciones habitacionales para los menores de 18 años, la definición es que lo paguen los jóvenes mayores de esa edad.

“Entonces provisoriamente los dejaron acá (a los menores), ya hace un mes», explican los trabajadores. «Legalmente los menores de edad no pueden compartir alojamiento con los mayores, aunque están en pisos diferentes. Pero, por ejemplo, los chicos menores de edad que llegaron acá no tienen escuela. Hay otros derechos que están siendo vulnerados”, detallan.

Pero la preocupación central excede la situación de los jóvenes que se encuentran actualmente en estos centros, ya que, según manifiestan los trabajadores, “el pedido de cese de alojamiento quiere decir que, además de la intención de sacar a los 21 pibes que tenemos en este momento, hay un montón de chicos de 18 años que ingresarían directamente al Servicio Penitenciario”. Y agregan: “Ésta es nuestra pelea. En primer término pensando en nuestros 21 pibes, porque nosotros laburamos con esos pibes para evitarles llegar al Servicio Penitenciario Federal, con éxitos y fracasos, pero la gran mayoría termina de cumplir su condena en un dispositivo penal juvenil y no es trasladado al Servicio Penitenciario».

«Nuestra intervención es básicamente lo contrario a la resolución de la SENAF, es a fin de evitar que los chicos ingresen al Servicio Penitenciario Federal. Todos esos pibes que van a cumplir 18 años ya no tendrían la posibilidad, en el caso que la medida de privación de libertad continúe, no tendrían posibilidad de cumplirla en un sitio penal juvenil y serían llevados directamente al servicio de la Penitenciaría Federal”, concluyen.

Por su parte, Damián Muñoz, Defensor Oficial de la Nación e integrante de la Comisión de Seguimiento de Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación, manifestó que la situación presentada “es preocupante, porque es una afectación a los derechos de los jóvenes alojados, que implica un agravamiento de sus condiciones de detención”.

Muñoz explicó a Notas que esta decisión de trasladar a los adolescentes a las unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal, implica un régimen absolutamente distinto, donde las condiciones de alojamiento, los niveles de violencia y las actividades educativas son muy distintas o no existen. Además, perderían las intervenciones psicológicas que vienen manteniendo en el Centro Belgrano. “Eso implica una prohibición al principio de no regresividad en materia de derechos humanos que repercute concretamente en la vida de los chicos, por un lado, y por el otro en la inversión que viene haciendo el Estado en las intervenciones sobre estos chicos que vienen trabajando, insisto, en establecimientos especializados y que ahora estos traslados en general implican que del Belgrano ingresarían al módulo de ingreso de Marcos Paz, y el módulo de ingreso es completamente diferente, con niveles de violencia altísimos”, agregó Muñoz.

En conclusión, la problemática que se presenta en el caso del Centro Belgrano puede extenderse. Según Muñoz, “se está abriendo la ventana violando todas las garantías y derechos de estas personas. Hay un habeas corpus en Morón interpuesto por la Procuración Penitenciaria Nacional por sobrepoblación y hacinamiento que establece la orden de no ingreso de nuevos jóvenes por las condiciones de alojamiento en Marcos Paz”.

Muñoz informó que en el caso de los tres chicos que ya fueron ya trasladados, se interpusieron la semana pasada los correspondientes habeas corpus que, “para variar, fueron rechazados por los Juzgados de Instrucción que intervinieron”.

“Haremos los recursos correspondientes y estamos evaluando con determinados organismos del Estado la posibilidad de interponer un habeas corpus colectivo”, finalizó Muñoz.

A futuro, los trabajadores de los Centros y las familias de los jóvenes deberán afrontar diversos procesos judiciales para preservar los avances que existieron en materia de derechos frente a un Sistema Penitenciario colapsado, violento y corrompido.

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