Nacionales

30 mayo, 2016

Se destrabó la causa que podría frenar el negocio de Casa Amarilla

Luego de tres meses de renuencia, el organismo estatal responsable de la licitación se presentó finalmente ante la Justicia. Acá, un repaso por la causa, los puntos oscuros y el negocio que une al club Boca Juniors con la gestión porteña del PRO.

Luego de tres meses de renuencia, el organismo estatal responsable de la licitación se presentó finalmente ante la Justicia. Acá, un repaso por la causa, los puntos oscuros y el negocio que une al club Boca Juniors con la gestión porteña del PRO.

Al leer el pliego de la licitación, cualquiera termina convencido de las nobles intenciones del gobierno porteño. No hay negocio oscuro. Las adjetivaciones del texto lo maquillan bien: “promover el desarrollo cultural y educativo”, “mitigación de las rupturas urbanas”, “integración socio-económica del barrio”.

Pero son trampas. Que tierras estatales destinadas a vivienda social pasen a manos privadas puede ser conveniente o no. Cada uno tendrá su valoración ideológica. Pero más allá de la decisión política, lo que ahora debe definir el Juzgado Nº 24 del fuero contencioso local es si el procedimiento fue legal o no.

Todo empezó en enero pasado. El intento por frenar la adquisición de las tierras de Casa Amarilla por parte del club de Mauricio Macri y Daniel Angelici llegó en forma de amparo, cuando apenas había empezado el procedimiento.

“Presentamos una acción de amparo para pedir la declaración de nulidad e ilegalidad de la resolución que inicia esta licitación pública, que tiene previsto abrir los sobres el próximo 19 de enero, y que nosotros creemos que está direccionado para que esas tierras pasen al club Boca Juniors”, había vaticinado el abogado de los vecinos, Jonatan Baldiviezo, en diálogo con Página/12.

La licitación a medida

En febrero de este año la licitación fue adjudicada a Boca Juniors, tal como había anunciado el abogado de los vecinos un mes antes. Todo marchaba así según lo acordado y se cerraba el círculo iniciado en 2015: aquel año, la asociación civil que presentó la propuesta que dio origen a la licitación fue precisamente Boca Juniors.

Es decir, el club de la ribera le llevó el proyecto al gobierno porteño, el gobierno lo tomó, armó la licitación y se la adjudicó –naturalmente– al propio club. Lo dice, tan claro como el agua, el propio pliego: “El presente llamado a Licitación Pública por Iniciativa Privada se basa en la iniciativa presentada por el Club Atlético Boca Juniors”. No hacen falta aclaraciones.

Pero las curiosidades van un poco más allá. Por supuesto, en consonancia con el círculo de amigos, las condiciones de la licitación fueron armadas de forma tal de asegurarle el triunfo al club de Angelici.

Entre las exigencias, el pliego establecía que sólo se aceptarían propuestas presentadas por organizaciones sin fines de lucro, con al menos 500 integrantes, con más de una década de existencia y presencia en el barrio, con certificación de calidad nacional o internacional y con un patrimonio superior a los 100 millones de pesos.

Y así fue. Sólo un club millonario de peso internacional podría cumplir semejantes exigencias. A la licitación basada en la iniciativa presentaba por el club Boca Juniors sólo se presentó como oferente el club Boca Juniors. Y ganó.

Ilegal e inconstitucional

La historia de los terrenos de Casa Amarilla es larga y densa, pero en lo sustancial conviven dos aristas: la posesión de las tierras por parte del Estado y el déficit habitacional del barrio de La Boca. Qué hacer para conjugar el espacio público y los derechos es una decisión política.

El PRO, en tal caso, optó por el negocio. Y a sabiendas de que no lograría entregarle los terrenos al club de Macri y Angelici de manera transparente, forzó la ley hasta quebrarla.

Licitación mediante, las tierras las recibió Boca Juniors de parte del Corporación Buenos Aires Sur, éste, a su vez, de parte del gobierno porteño, y éste, del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), un ente autárquico creado en 2003 para la ejecución de políticas habitacionales.

En ese carácter es que el directorio del IVC decidió en 2010 entregarle las tierras al gobierno. ¿Por qué lo hizo? Básicamente por pedido del entonces jefe de gobierno Mauricio Macri. El IVC es autárquico, pero su directorio es nombrado por el Ejecutivo y su alineamiento con el PRO fue notorio desde 2007.

Sin embargo, aunque sugestivo, en ese aspecto su accionar no fue ilegal. En efecto, en la ley de creación se prevé que el IVC puede transferir bienes al gobierno “que resulten necesarios para la función pública (educacionales, de seguridad, o de salud)”.

Con esa limitación aceptó el gobierno porteño la cesión de los terrenos. Tal es así que, luego de aceptarlos, se los cedió a su vez a la sociedad estatal Corporación Buenos Aires Sur pero bajo las mismas condiciones: “deberá destinarse exclusivamente al desarrollo de la función pública (educacional, de seguridad o de salud)”, dice expresamente el artículo 3º del decreto de transferencia.

Hasta allí, todo legal. Pero ése es el punto clave. Según los denunciantes, al destinar ahora los predios al desarrollo privado de un plan deportivo y comercial se está violando la limitación prevista en la cesión. Dicho de otro modo: la licitación no cumplió con el destino ordenado por la ley. La Corporación, por supuesto, también está manejada por el macrismo.

Pero como si fuera poco, los denunciantes aducen además que la transacción desobedece a la Constitución porteña. Y parece cierto a todas luces. La norma, en su artículo 82º, dice que se necesita el aval de dos tercios de la Legislatura para transferir y desafectar bienes del dominio público. En el caso de los terrenos de Casa Amarilla, ni siquiera pidieron la opinión de los legisladores.

El amparo

Frente a la inminencia de la licitación, diversas organizaciones accionaron en enero para frenar el procedimiento. No lo lograron. El trámite licitatorio siguió su curso por dos razones: en primer lugar, porque el juez se negó a suspender la feria judicial para tratar el caso y, en segundo, porque la Corporación Buenos Aires Sur tardó tres meses en presentarse ante la Justicia.

El 18 de febrero se le pidió que remitiese al juzgado copia del expediente de la licitación. Recién el 17 de mayo la Corporación cumplió con lo ordenado, luego de habérsele aplicado una multa de 100 pesos diarios y tras la amenaza de elevar ese monto a 10 mil.

Con la causa destrabada, ahora todo es una incógnita. El gobierno de la Ciudad, a través de la Corporación, lleva la ventaja de que la licitación ya fue adjudicada y procurará cerrar el tema cuanto antes. Los vecinos, por su parte, aspiran sin embargo a conseguir la nulidad de lo actuado. En el medio, el emprendimiento millonario está siendo defendido por sus interesados a punta de cuchillo.

Federico Dalponte – @fdalponte

Foto: Bocajuniors.com.ar

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