Veto, democracia e instituciones

Por Juan Manuel Erazo. Mauricio Macri vetó la ley antidespidos. Lo anunció en Cresta Roja junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Detrás de ellos se encontraban los trabajadores, mirando sus espaldas. Por primera vez, el presidente hizo uso de esta facultad constitucional, pero no por ello democrática.

“Soy el jefe del veto”, dijo hace algunos años Mauricio Macri. Más de 120 son los que contabiliza en su antigua gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vetó leyes trascendentales, como la creación del laboratorio estatal de medicamentos o los protocolos para los abortos no punibles.

En el veto a la posibilidad de hacer una escuela en el ex centro clandestino de detención y tortura conocido como Mansión Seré, no solo vetó una ley aprobada por unanimidad (incluyendo a los legisladores del PRO), sino que llegó a ser firmada por él, que luego alegó desconocer la causa. Parece ser que el presidente firma cosas sin mirar.

Los vetos siempre se escondieron detrás de aparentes discusiones técnicas, pero en realidad respondían a un claro proyecto económico y político de carácter liberal y/o a la incapacidad del macrismo de solucionar las problemáticas concretas de los ciudadanos de a pie.

Cuestiones estructurales

Durante casi una década, diferentes organizaciones políticas y sociales denunciaban que en la Ciudad de Buenos Aires se estaba poniendo en marcha un laboratorio de las nuevas derechas continentales. Se hablaba de una derecha no aristocrática como en otras épocas, una derecha moderna. En muchos casos populista y más inteligente. Cada vez lograron convencer a más personas con el discurso de fuerza innovadora; muchos no le veían posibilidades de crecimiento, e incluso lo inflaron más de la cuenta como principal adversario.

¿Qué tienen en común el juicio político a Fernando Lugo en Paraguay, la destitución de Dilma Rousseff en Brasil y el pedido revocatorio a Maduro en Venezuela? Son expresiones de una derecha que entiende a la manipulación de las instituciones liberales-burguesas que existen en el Estado (y nunca fueron transformadas o erradicadas) como principal estrategia para la toma del poder político y ejercicio del mismo.

La derecha continental repite contantemente en sus discursos dos ideas-fuerza: “Defensa de la instituciones”, “independencia de los poderes (centralmente el judicial)” y la siempre malograda “democracia” asociada últimamente al mero “diálogo”, pero ¿“democracia” es igual a “instituciones”? ¿Quién creó las instituciones actualmente existentes? ¿Qué intereses representan?

La democracia es lisa y llanamente la expresión organizada de las mayorías. Esta idea intenta escapar a las instituciones que tratan y, finalmente logran, moldearla. Por ejemplo, nuestra Constitución, carta magna que rige la estructura de las instituciones en la Argentina, se basa en gran medida de la Constitución estadounidense. James Madison, el padre de esta última, creía firmemente que el Estado debía tener pocos deberes y bien definidos. Paralelamente, profesaba la necesidad de que este sea conducido por pocas figuras notables.

Según el filosofo y lingüista norteamericano Noam Chomsky, la Constitución norteamericana se basa en el principio de concentración de riqueza y poder, que se sustenta centralmente en la reducción de la democracia, el moldeamiento de un pensamiento único y una estructura económica favorable a los intereses de unos pocos.

Volviendo a Argentina, las palabras del jurista Arturo Sampay, ideólogo de la reforma constitucional justicialista de 1949, son más que claras: “La Constitución de 1853 escinde el dominio económico-social, concebido como el campo reservado a las iniciativas libres y apolíticas; y el dominio político, reducido a las funciones estrictamente indispensables para restablecer las condiciones necesarias para el libre juego de los intereses privados”.

Por más que las derechas se esfuercen en que sea así (y logren convencer a muchos), instituciones y democracia no son lo mismo. El juicio político a Dilma puede ser un proceso institucional más o menos valido, pero no por eso expresa la voluntad de la mayoría del pueblo brasilero que en 2014 la eligió presidenta con el 43% de los votos. El veto de la Ley Antidespidos está amparado por la Constitución, pero no por eso manifiesta la voluntad de la mayoría del pueblo trabajador.

Este veto es parte de un inmenso mar de experimentos. Esta nueva derecha continental, que reconoce la falta de legitimidad para las acciones militares destituyentes (o no ve aun las condiciones para esto) se maneja hoy en la esfera de la manipulación institucional, ideológica y discursiva. Evidentemente, los gobiernos posneoliberales (centralmente los progresistas) que protagonizaron a nivel continental los últimos 15 años, no han podido, querido o sabido desplegar los procesos de transformación constituyentes necesarios para evitar el avance del 1% en el poder político. Como bien dice el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, “el control del gobierno no es necesariamente el control del aparato ideológico del Estado”.

Escenarios abiertos

Se abre una batalla que puede ser más significativa de lo que parece. El Partido Justicialista manifestó que va a apoyar las medidas que tome la dirigencia sindical ante la decisión de Macri. Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros declaró que “algo hay que hacer”, mientras su padre se mostró más dubitativo manifestando que “se decidirá la acción en el transcurso de la semana”. Mientras tanto, los líderes de las dos CTA, Yansky y Micheli, aseguraron que habrá repercusiones.

Macri ejerció el veto y se arriesga a un choque frontal con la dirigencia sindical de resultado imprevisible, no solo para su gestión, sino también para las aspiraciones de resistencia del campo popular. Así como puede manifestarse el descontento forzando a movilizaciones como la del pasado 29 de abril, también el gobierno y la CGT (en pos de la defensa corporativa de sus representados) pueden hacer los movimientos necesarios para que la medida pase de largo, sin generar mayores repercusiones. Esto implicaría una seria derrota para el campo popular.

Si la caída del salario real se consolida y el conflicto social puede ser contenido en marcos relativamente aceptables, la alianza Cambiemos podrá pensar con más optimismo, y con ella la derecha continental, el imperialismo norteamericano y el capital transnacional. El experimento arrojaría resultados favorables. A menos que la democracia real, la del interés de las mayorías, logre hacerse oír.

@JuanchiVasco