«Al gobierno no le interesa la política de memoria, verdad y justicia»

Ante la disolución de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y la consecuente desaparición del Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), Notas entrevistó a Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo.

– ¿De qué hablamos cuando mencionamos al GEAJ? ¿Qué era exactamente lo que hacía y en qué casos intervenía?

– El GEAJ se constituyó en el marco de un acuerdo entre el Estado Nacional y Abuelas de Plaza de Mayo. Es un grupo que se creó a instancias de Abuelas para tomar las muestras de ADN requeridas por la Justicia. Es decir cuando no se toman voluntariamente.

En este sentido se conformó a partir de un caso específico del que tomamos conocimiento donde las fuerzas de seguridad actuaban en complicidad con los apropiadores. En el caso del nieto Sandoval Fontana habían fraguado una toma de muestras de ADN y las reemplazaron poniendo las de un perro. Eso dificultaba mucho el proceso de restitución.

La institución que procesa las muestras es el Banco Nacional de Datos Genéticos. El GEAJ, lo que hacía era ir a recogerlas ante un requerimiento judicial. Y era un grupo especializado porque no es un allanamiento como el que puede hacer la policía, sino que hay un tratamiento con la víctima, no se pueden tomar muestras de cualquier lado y, sobre todo, porque hace falta un control civil sobre este procedimiento. Eso es lo que garantizaba la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio.

Porque si bien el GEAJ estaba integrado por miembros de las fuerzas de seguridad, eran personas muy entrenadas, muy capacitadas y con fuerte control civil. Ahora lo que se pone en entredicho -cuando el Ministerio de Seguridad modifica el organigrama y elimina la Dirección de Derechos Humanos- es esta posibilidad de control.

– Mencionabas que este grupo se crea a partir de una iniciativa de Abuelas. Lo cual está relacionado con la importancia social y cultural que tiene la organización en la recuperación de los nietos apropiados durante la última dictadura. Ahora, ¿cómo se entera Abuelas de esta modificación?

– Tomamos conocimiento el viernes cuando vimos que en el boletín oficial habían publicado la nueva estructura del Ministerio de Seguridad dispuesta por Patricia Bullrich. Ahí notamos que habían disuelto la Dirección de Derechos Humanos de la cual dependía el GEAJ.

Es decir que en este momento no se sabe -nadie del gobierno se comunicó hasta ahora- si el GEAJ sigue existiendo y si sigue, de qué área va a depender.

Para nosotros tiene que ser un área vinculada a la política de memoria, verdad y justicia, no puede quedar en manos de un comisario. Con todo respeto, pero no sería su especialidad.

– De lo que vos estás contando se desprende que el Ministerio que se encarga a nivel nacional de las políticas de Derechos Humanos no tiene diálogo con Abuelas.

– En su momento tuvimos una reunión con Mauricio Macri y Marcos Peña, eso salió en todos los diarios, donde los distintos organismos de Derechos Humanos le pedimos que estas áreas no las toque.

Fundamentalmente porque la política de memoria, verdad y justicia es una política de Estado. Donde interviene no solamente el Poder Judicial, sino también el Legislativo y particularmente el Ejecutivo.

Estas áreas que han liquidado en el Ministerio de Seguridad, han sido áreas que además de tener control sobre el GEAJ realizaban informes específicos por requerimiento judicial, hacían relevamiento de documentación. Tenían un peso fuerte en estas políticas que se venían llevando adelante todos estos años.

– Entonces ustedes tuvieron una reunión pidiendo que no se toquen esas áreas pero lo hicieron igual y se tuvieron que enterar por el Boletín Oficial.

– Si, naturalmente estamos muy preocupados. Estamos esperando alguna respuesta. Había comentarios que se venían dando por abajo, nos venían avisando, hasta que finalmente la noticia apareció.

– ¿En la Dirección de Derechos Humanos venía habiendo despidos?

– Efectivamente. No solamente han liquidado la Dirección, sino que además hemos registrado que han despedido trabajadores en el Programa Verdad y Justicia, en la Comisión Nacional de Valores, en el Centro Ulloa. Es decir, en un montón de áreas vinculadas a las políticas de memoria, verdad y justicia que venían cumpliendo un papel muy importante en el marco del Poder Ejecutivo ayudando no solamente a las víctimas sino también a los procesos judiciales.

– Hay una discusión de fondo que tiene que ver con quién maneja los datos y qué piensa Cambiemos sobre cómo se tienen que dar las políticas estatales respecto a esta cuestión ¿considerás que esta decisión está ligada a una mirada más general del nuevo gobierno?

– Creo que no es interés del gobierno actual la política de memoria, verdad y justicia. Eso se traduce en un montón de estas decisiones: sacar el apoyo, despedir trabajadores, poner en entredicho los informes.

No obstante hay determinados lugares donde creo que no van a poder avanzar sin que sea un escándalo internacional. El Banco Nacional de Datos Genéticos, en principio está resguardado por tratados internacionales y leyes nacionales.