Patricia Bullrich eliminó un área encargada de la búsqueda de nietos apropiados

Abuelas de Plaza de Mayo denunció que fue desarticulado el Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. El GEAJ colaboraba en la extracción de muestras de ADN por vía judicial para identificar a hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura.

Mediante un comunicado difundido el viernes 6 de mayo, el organismo de derechos humanos presidido por Estela de Carlotto informó: «En el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad de la Nación, y allí pudimos constatar la desintegración de la Dirección de Derechos Humanos dependiente de la cartera ministerial».

Asimismo añadieron que «este área ocupaba un rol muy importante en el relevamiento documental y en la producción de informes para asistir a las investigaciones judiciales por los crímenes de lesa humanidad. De ella también dependía el GEAJ, que fuera materia del Acuerdo de Solución Amistosa entre Abuelas de Plaza de Mayo y el Estado Nacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2009 (Acuerdo publicado en el Boletín Oficial el 20/11/09)».

«Su creación obedeció a que, la delicada tarea de toma de muestras de ADN para identificar judicialmente a nuestros nietos, hijos de desaparecidos, no podía quedar en manos de las fuerzas de seguridad, que en muchos casos actuaban con complicidad con los apropiadores, fraguando la toma de muestras para tornar imposible las restituciones», completa el texto difundido.

En ese sentido desde Abuelas recordaron el caso de el oficial de Policía, Adolfo Porcel, condenado en 2014 «por haber fraguado en 2005, en complicidad con el ex gendarme y apropiador, Víctor Enrique Rei, las muestras del allanamiento realizado en la restitución del nieto Alejandro Pedro Sandoval Fontana».

Fue a partir de allí que comenzó el proceso que desembocó en el acuerdo del año 2009 previamente mencionado.

Pablo Lachener, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo explicó en una entrevista con Tiempo Argentino que «desde hace meses» comenzaron a notar que el área «no estaba funcionando bien y con retraso».

«Argumentaban excusas de sobrecarga de trabajo, y ayer [por el viernes] nos desayunamos con la noticia. Este grupo especial se pone en funcionamiento cuando las muestras no pueden ser tomadas de manera voluntaria y hace falta una intervención de personal especializado y adecuado a las víctimas y al delito», apuntó el abogado y añadió: «No es que se deja de buscar a los nietos. Esa es una tarea de toda la sociedad, pero que deje de funcionar este grupo afecta la investigación».

El mismo artículo de Tiempo Argentino recordó que en lo que va del año fueron despedidos 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de Investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género.

Al respecto Lachener advirtió: «Los despidos afectan a todas las áreas del Estado relacionadas con las políticas de memoria, verdad y justicia, los relevamientos documentales, la realización de informes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en la dictadura, entre otras tareas. Se cuestiona el trabajo que se realiza, se desmantelan áreas, se quita apoyo».

El comunicado de Abuelas concluye señalando que la decisión de modificar el organigrama del Ministerio en este sentido implica «un grave retroceso en los estándares alcanzados por el Estado Nacional en materia de investigación y juzgamiento en crímenes de lesa humanidad que lo tornan responsable internacionalmente».

Es por eso que solicitaron a la ministra Bullrich dar marcha atrás con esta medida. Caso contrario denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional «por el incumplimiento del acuerdo de solución amistosa del año 2009».