Referendo revocatorio y el documento que revela la injerencia de EEUU en Venezuela

El pasado 20 de abril la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Referendos que convoca a un referendo revocatorio presidencial. Este proyecto fue impulsado y acompañado por la bancada opositora de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que ocupa 109 de las 164 bancas en el recinto legislativo. El avance electoral de los sectores conservadores en América Latina y el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil acelera los planes de la derecha venezolana para remover a Nicolás Maduro de la presidencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela aprobó, el pasado 26 de abril, la activación del referendo solicitado por miembros de la oposición. Ahora, la MUD deberá lograr el apoyo del 1% de los inscritos en el Registro Electoral en todo el país, es decir, deberán reunir 197.978 firmas para que el proceso de referendo avance.

De lograrse la aprobación definitiva del referendo, el proyecto puede ser promulgado por el presidente Nicolás Maduro, quien podrá optar por enviarlo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que determine sobre su constitucionalidad.

Avanza la estrategia desde el Norte

En el mes de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extendió por un año más las sanciones contra Venezuela que decretó el 9 de marzo de 2015, que aplica sanciones al gobierno y algunos funcionarios por “la amenaza” y el «riesgo extraordinario» que supone Venezuela para la seguridad de EEUU.

El jueves 28 de abril el senador republicano Marco Rubio y el senador demócrata Robert Menéndez lograron la aprobación unánime de un proyecto de Ley que extiende hasta 2019 las sanciones aplicadas Venezuela por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Al respecto, el senador Rubio manifestó: «Estados Unidos debería pedir a nuestros aliados en la región, países que reciben una enorme cantidad de ayuda de este país -Haití, Colombia, los países centroamericanos, Canadá, entre otros- que apoyen este esfuerzo».

Rubio y Menéndez buscan, junto al venezolano opositor Carlos Vecchio, instalar una campaña de deslegitimación del gobierno de Nicolás Maduro en las instituciones de Estados Unidos y en los medios de comunicación.

También este 28 de abril, un grupo de diputados y diputadas de la derecha venezolana se reunió con el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro. La delegación, conformada entre otros por Luis Florido, Ángel Medina, Delsa Solórzano, Timoteo Zambrano, Williams Dávila y Richard Blanco, -y acompañada por Vecchio- entregó un documento en el que solicitan a Almagro la aplicación de la Carta Democrática Interamericana debido a la situación de “crisis política, social e institucional” que, según estos diputados, existe en Venezuela.

La aplicación de la Carta Democrática -que necesita el voto de más de dos tercios de los países que conforman el organismo- para este caso, implica la anulación de Venezuela como país miembro de la OEA. Durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, contra el presidente Hugo Chávez, el gobierno de facto encabezado por Pedro Carmona solicitó a la OEA la aplicación de este mecanismo institucional.

Operación Venezuela Freedom-2

Recientemente, el portal venezolano Misión Verdad dio a conocer un documento firmado por el Almirante Kurt W. Tidd, comandante del Comando Sur de EEUU, con fecha del 25 de febrero de 2016. En Argentina, la noticia se conoció a través del artículo de Atilio Borón “Tambores de guerra en Venezuela” publicado en Página/12 el pasado 17 de abril.

En este informe, titulado “Operación Venezuela Freedom-2”, Tidd repasa los acontecimientos que se produjeron durante el 2015 y 2016 como resultados de la primera fase de esta operación, que fue iniciada por John Kelly, su antecesor. Entre sus manifestaciones, Tidd asevera que “la derrota en las elecciones y la descomposición interna del régimen populista y anti-norteamericano recoge el impacto exitoso de nuestras políticas impulsadas con fuerzas aliadas en la región en la fase 1 de esta operación”.

Tidd realiza una valoración positiva de la Orden Ejecutiva firmada por el presidente Obama el 9 de marzo de 2015 y asevera que existen la “generación de un clima propicio” para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Además, recomienda “colocar en la agenda la premisa de la crisis humanitaria que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la ONU”.

Esta operación está compuesta por 12 puntos mediante los cuales establece las diferentes tácticas y procedimientos que aconseja llevar adelante, para cumplir con el objetivo del gobierno de Estados Unidos, tal como afirma Tidd: “EEUU quiere una Venezuela próspera para todos, asentada sobre una base de valores compartidos, con un gobierno eficiente, una democracia representativa y una economía abierta de mercado”.

Este plan de acción de seis meses de duración se centra en la aplicación de un enfoque de “cerco y asfixia” al gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Plantea avanzar en el discurso de “crisis humanitaria” en Venezuela, que combine acciones violentas junto con los mecanismos institucionales en el marco de la Asamblea Legislativa. En el informe Tidd asevera: “Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando una agenda común, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada”.

También incluye una fuerte “ofensiva propagandística para hacer ingobernable la situación” que implica “hacer eje en la crisis (…) con el manejo del escenario de que Venezuela está cerca del colapso y de implosionar”. En este plano, Tidd destaca la importancia de la coordinación de la “comunidad de inteligencia” (agencias de inteligencia que responden al gobierno de Estados Unidos), las ONGs y las corporaciones privadas de comunicación.

Sobre el cuerpo militar, señala la posibilidad de ganar apoyos sobre un “sector institucionalista”, aunque advierten sobre la existencia de “mandos de chavismo duro”. Con respecto a las milicias y los colectivos, a quienes caracterizan como “personal combatiente y fanatizado”, demanda su “neutralización operativa” en esta fase, que considera terminal y decisiva.

Aunque descarta una intervención directa, plantea escenarios diversos, señalando incluso la preferencia de utilización de las bases militares ubicadas en Aruba, Curazao, Colombia y Honduras. “Nosotros no asumiremos el costo de una intervención armada en Venezuela, sino que emplearemos los diversos recursos y medios para que la oposición pueda llevar adelante las políticas para salir de Maduro”, afirma.

Micaela Ryan – @LaMicaRyan