Senado: la suspensión de los despidos ya tiene media sanción

Tras varias horas de discusión, el Senado aprobó este miércoles la iniciativa que declara la emergencia ocupacional y prohíbe por seis meses los despidos arbitrarios. Fue finalmente 49 a 15. Ahora el debate pasará a Diputados, donde ya avanza un proyecto similar.

La jornada del miércoles en el Senado contó con un consenso tácito, basal, que atravesó a todos los bloques partidarios: la actualidad laboral requiere con urgencia la intervención del Estado.

Así lo fueron verbalizando cada uno de los expositores. Seis horas duró la sesión, pero el proyecto para suspender los despidos parecía tener los votos asegurados desde el comienzo.

El dictamen favorable conseguido el miércoles de la semana pasada en la comisión de trabajo ya había sido avalado por la mayoría de los bloques y el oficialismo nunca logró frenar la iniciativa.

Presionó a los gobernadores, impulsó un proyecto de promoción del empleo juvenil, anunció algunas obras, anunció otras obras más y hasta el propio presidente, mirando a cámara, enfatizó con ceño fruncido que el proyecto pondría en riesgo las inversiones extranjeras.

Pero no le alcanzó. Según estimaciones gremiales y empresariales, los despidos de los últimos meses superan ampliamente los cien mil y ello pareció ser argumento suficiente para la mayoría.

El proyecto, las loas y las críticas

El proyecto aprobado en la Cámara Alta contempla, como idea genérica, la suspensión de los despidos sin causa durante un plazo de seis meses. Pero como una obligación sin sanción carece de sentido, la iniciativa prevé, en caso de incumplimiento, que el trabajador despedido pueda solicitar su reincorporación o bien optar por cobrar una indemnización doble.

Sobre ello, aunque sin éxito, varios de los opositores sumaron sus propias ideas: que se excluya a las PyMES del régimen sancionado, que se amplíe el seguro de desempleo, que el Estado financie parte de las contribuciones patronales.

En esa línea se anotaron Liliana Negre de Alonso y Rodolfo Urtubey, entre otros, ambos del peronismo no kirchnerista. Pero, asimismo, desde las bancas de los «Progresistas» Pino Solanas y Jaime Linares llegaron también reparos a la iniciativa, aunque compartiendo una premisa básica: el proyecto es insuficiente, pero bien sirve como paliativo.

En igual sentido, el senador del Frente para la Victoria Miguel Ángel Pichetto aprovechó su tiempo para reclamarle mayor apertura al Ejecutivo: “El gobierno se tiene que poner al frente del diálogo económico social. Mientras tanto, nosotros estamos dando respuesta a los pedidos de los trabajadores”.

El oficialismo, por su parte, aseguró a través de Federico Pinedo (PRO) que la generación de nuevos puestos vendría de la mano de la inversión extranjera. “Las reformas económicas de los primeros meses de gobierno generarán 12 mil millones de dólares de inversión”, aseguró el senador con optimismo.

A su turno, Ángel Rozas (UCR) relativizó además la ola de despidos y defendió las últimas medidas sociales anunciadas por el gobierno. “Nada los conforma”, protestó, al mismo tiempo que se quejó por la posición de “defensor de los millonarios” en la que los opositores suelen ubicar al oficialismo.

La disputa, así dada, se tornó borrosa. Los bloques opositores consideraron que el Estado debía intervenir para proteger a los trabajadores. El oficialismo, para promover el empleo flexibilizando las condiciones de contratación.

En uno y otro caso el miedo jugó un rol especial: el riesgo de que los despidos se multipliquen si no se sanciona esta ley; el riesgo de que no se generen nuevos puestos si sí.

El futuro del proyecto

De cara al futuro, la suspensión de los despidos tendrá su doble correlato entre los diputados: por un lado, deberán tratar el proyecto aprobado en el Senado. Pero, al mismo tiempo, deberán debatir su propio texto, ese que fuera aprobado por la comisión de trabajo la semana pasada y que todavía resta ser tratado por la comisión de presupuesto.

Mientras tanto, el oficialismo hace esfuerzos por repetir a cada paso las supuestas desventajas de su aprobación, pero sabe, en última instancia, que tendrá la posibilidad de vetar la ley.

El único problema, el enorme costo político que ello implicaría.

Federico Dalponte – @fdalponte