Time Warp: desmentidas, acusaciones y advertencias entre los tres poderes del Estado

Las responsabilidades políticas sobre los cinco jóvenes muertos en Time Warp se siguen debatiendo en la Legislatura porteña, Tribunales y distintos ministerios del Ejecutivo. El juez Casanello advirtió a Patricia Bullrich que podría acusar al Ministerio por la “filtración” de información.

Dice la Fiscalía

Este martes se conoció una presentación del fiscal federal, Federico Delgado, donde advertía que la fiesta Time Warp “fue una suerte de significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas” y agregaba: “Hablamos de una especie de ‘zona liberada’ para que pudieran comercializarse los estupefacientes dentro de la fiesta y que terminó ocasionando las, al menos, cinco muertes y las lesiones gravísimas de quienes continúan luchando por su vida”.

En ese cuadro, Delgado asegura que los controles por parte de la seguridad privada se fueron relajando en la medida que avanzaba la noche y aumentaba la cantidad de gente en la fiesta. Otro de los hechos relevados por el fiscal es que los agentes de seguridad no pedían documentos, lo que facilitó el ingreso de menores de 18 años.

El escrito remite a la declaración del prefecto Alberto Pandini ante la Policía Federal, quien tenía 19 efectivos de prefectura a cargo. El prefecto asegura que a las 3 am se le acercó «El Chino» -a quien reconoce como el encargado de la seguridad privada del evento- y le entregó una bolsa que había requisado entre el público. Pandini no abrió la bolsa y se la entregó a su compañera, Ivana Gómez, “recién cuando tomó conocimiento de la muerte de dos personas, a eso de las 7 am, hizo entrega de la bolsa a su jefe de servicio, el subprefecto Adrián Álvarez, quien tampoco la abrió”.

Los tres prefectos esperaron hasta el sábado a las 6 de la tarde para entregar la bolsa a la Policía Federal y comprobaron que guardaba una gran cantidad de pastillas de muchísimos colores.

A raíz de esto, Delgado entiende que hubo algún tipo de connivencia o coordinación entre la seguridad privada del evento y la prefectura para “hacer la vista gorda” y permitir que la fiesta continuara. Y pide al juez Sebastián Casanello que los llame a indagatoria.

Dice el Ministerio de Seguridad

El prefecto Rubén Ferrus y el subprefecto Maraldo Verón, son parte del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico de la prefectura y aseguran que se presentaron en el juzgado de Casanello antes de la fiesta para recibir instrucciones sobre “eventuales intervenciones policiales en el evento”.

Siempre según Ferrus y Verón, los recibió el secretario Gustavo Russo, quien les dijo que la tarea debía enfocarse especialmente en la venta de drogas y recomendó “no molestar a los chicos que iban a divertirse, agregando que jóvenes que trabajaban en su juzgado irían al evento”.

El escrito que presentó el Ministerio ante Casanello asegura que la Prefectura tomó conocimiento de que habían ocurrido delitos en la fiesta recién a las 7:10 am. Aunque esto queda parcialmente desmentido por la declaración del propio prefecto Pandini, quien recibió una bolsa con pastillas cuatro horas antes.

Dice el Juzgado

Desde el Juzgado respondieron, a su vez, con otro escrito dirigido a Patricia Bullrich. Allí el secretario Gustavo Russo dice que no conoce a los prefectos y que nunca se reunió con ellos. Otro secretario del juzgado, Marín Smietniasky, dice que se presentaron en Mesa de Entrada dos prefectos que, sin identificarse, pusieron en conocimiento que habría una fiesta electrónica en Costa Salguero. Smietniasky les advirtió que ante cualquier conducta que infringiera la Ley de Estupefacientes debían poner en conocimiento al juzgado y desmiente haber recomendado “no molestar a los chicos”.

Casanello termina el escrito recordando que es deber de las fuerzas de seguridad actuar de oficio ante un delito y previene a Bullrich que evaluará no sólo la conducta de los agentes a su cargo sino también lo que entiende como “filtración” de información por parte del Ministerio de Seguridad, “en lo que puede significar un intento de entorpecimiento de la investigación”.

Dice la Agencia Gubernamental de Control

Matías Álvarez Dorrego, el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), se presentó en la Legislatura porteña ante la Comisión de Desarrollo Económico. En el informe que entregó afirmó que la organización de la fiesta Time Warp “cumplió los requisitos normativos en cuanto al otorgamiento de los permisos”.

Agregó, además, que se respetaron y cumplieron las medidas de seguridad y que, según los tres inspectores encargados de la supervisión del predio la noche de la fiesta, no existió un corte de agua corriente en los baños. En relación a este punto, uno de los asistentes al evento aseguró que cerca de las 3 de la mañana se cortó el suministro de agua y que comprar una botella llegó a costar $100, además de ser una aventura por la cantidad de gente. Esto sucede dentro de un marco donde es sabido que el consumo de agua es vital tras la ingesta de éxtasis.

Durante la audiencia en la Legislatura, y en respuesta a los dichos de Dorrego, Carlos Tomada conectó lo sucedido con el incendio del depósito Iron Mountain y el derrumbe del boliche Beara, en relación a una “nueva demostración de la grave crisis del sistema de control”. Además, Adrián Camps increpó: “Si todo estuvo bien, si todo se concretó, ¿por qué se murieron? Tenemos chicos muertos y chicos internados”.

Mientras los tres poderes del Estado se siguen reprochando responsabilidades, todavía hay cinco jóvenes internados con pronóstico reservado y el juez Casanello ya ordenó la detención de Adrián Conci, uno de los organizadores de la fiesta. La investigación sobre lo que sucedió en la noche de Time Warp abre cada día nuevos caminos para encontrar a los responsables políticos.

Juan Mattio – @juanmattio y Rocío Varela – @rociovarelac

Foto: Juan Roleri / Télam