17 de Abril, día mundial de la lucha campesina

Desde hace veinte años cada 17 de abril en todo el mundo se conmemora el día mundial de la lucha campesina. Se trata de una reivindicación por el respeto a la libertad y a la dignidad humana, puesto que trasciende a la población que trabaja y vive en la tierra, al expresar la defensa de derechos universales: la distribución y el acceso a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria y a la justicia ambiental.

En Argentina, bajo la consigna “La agricultura campesina alimenta al pueblo y enfría el planeta”, organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena convocan a conmemorar esta fecha en el marco de las jornadas nacionales de lucha contra el ajuste, que tendrán lugar el martes 19 en las diferentes provincias del país.

Un poco de historia

El 17 de abril de 1996, 21 campesinas y campesinos fueron asesinados por luchar por la tierra en El Dorado de los Carajás, Estado de Para, en el Nordeste de Brasil.

La masacre fue perpetrada por los poderes latifundistas y los estados locales a través de las fuerzas de seguridad. Desde entonces, a través de la organización internacional Vía Campesina, millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes, pescadores artesanales y trabajadores agrícolas de todo el mundo realizan actividades conmemorativas como símbolo de solidaridad y apoyo.

Los acontecimientos de 1996 no constituyeron hechos aislados en el territorio Latinoamericano. Aquí existe una memoria larga de violencia institucional y paramilitar sobre la población rural, signada por la invisibilización y la impunidad. Se trata de un componente necesario y constituyente de la acumulación capitalista, de su expansión y concentración en territorios ricos en biodiversidad “mercantilizable” para acrecentar las tasas de ganancia. Un modelo incompatible con la supervivencia y reproducción de los pueblos que viven, trabajan la tierra y abastecen de alimentos sanos a los pueblos y ciudades locales.

La sistematicidad de la violencia rural queda clara solo con hacer memoria sobre lo ocurrido en nuestro país. Por ejemplo, la persecución y asesinato de los huelguistas del Grito de Alcorta en 1912 en el sur de Santa Fe; el fusilamiento de los peones rurales ovejeros de Santa Cruz, en lo que se conoció como la “Patagonia Rebelde”; la masacre a las comunidades indígenas de Napalpí en 1924 y las luchas de los peones algodoneros en 1936 en Chaco; y la represión, desaparición estigmatización de militantes de las Ligas Agrarias desde mediados de la década del setenta en adelante en las provincias del noreste.

También vale recordar sucesivos asesinatos y persecución de población campesina e indígena que se han producido en democracia en la última década: el asesinado de Javier Chocobar en territorios diaguitas de Tucumán en 2009 y de Cristian Ferreyra en el campo santiagueño en 2011, perpetrados por “guardias blancas” armadas son tan solo algunos ejemplos.

Este año, a veinte de la masacre de El Dorado, las conmemoraciones por la lucha campesina e indígena adquieren una connotación novedosa en el continente. Hace pocos días en Brasil fueron asesinados por la policía militar dos campesinos del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) en el estado de Paraná.

Este recrudecimiento de la ofensiva de sicarios y paramilitares contra los movimientos populares tiene lugar en el contexto del intento de golpe de Estado orquestado por la derecha, que dio un paso más, tras lograr que la Cámara de Diputados aprobase el pedido de juicio político a la presidente Dilma Rousseff.

Este domingo, en el contexto de las conmemoraciones por el día mundial de la lucha campesina, el MST realizó concentraciones masivas en la carretera donde la masacre de Pará tuvo lugar hace veinte años y al mismo tiempo, tal como ocurría en otros territorios del país con movilizaciones masivas, dijo no al golpe de Estado.

En Argentina, organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena también conmemoraron este 17 de abril en el contexto del recrudecimiento de la situación política y económica nacional: el gobierno de Mauricio Macri, hasta ahora, no ha hecho más cercenar los derechos conquistados y deteriorar la calidad de vida y la producción de los quienes viven y trabajan la tierra.

En un comunicado, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena señalaron que la reconcentración de la producción y comercialización de los alimentos es la principal causa del aumento inflacionario y especulativo de los precios de los alimentos que aplasta el derecho a la alimentación de los pueblos. Medidas como la eliminación de las retenciones a los commodities sólo fortalecen la concentración de monopolios económicos de regiones y provincias (muchos de ellos transnacionales), donde la familia campesina y de los trabajadores rurales deben vender su producto a precios que los lleva a la ruina.

Este escenario viene traduciéndose en el retroceso de conquistas recientes en materia reconocimiento del sector como sujeto de derechos, su institucionalización en materia de políticas públicas y legislación. Desde el Ministerio de Agroindustria se han eliminado los canales de diálogo con las organizaciones representativas del sector, desmantelando los ámbitos participativos de discusión de las políticas. Ejemplo de esto es el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

A la vez, se ha congelado el proceso de implementación de la “Ley de reparación histórica de la agricultura familiar, campesina e indígena” que sintetiza gran parte de las demandas históricas de los trabajadores empobrecidos del campo profundo, dejando la ley como letra muerta.

Para las organizaciones del sector, el ajuste se complementa con el vaciamiento y desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, mediante la desaparición por etapas de las políticas de apoyo estatal para el desarrollo de la agricultura familiar, campesina e indígena, y el despido masivo por discriminación política de técnicos vinculados al trabajo de las organizaciones.

Claudia Calvo