El día que José Luis Gioja salvó a Oyarbide de la destitución

La renuncia del juez Norberto Oyarbide cierra dos décadas de vínculos cercanos con el poder. Desde Carlos Menem que lo colocó en el cargo hasta Mauricio Macri que le perdonó su suerte. Este año, además, se cumplen 15 años de un episodio que pudo ser decisivo.

El mundo observaba a Estados Unidos. Y había razones de sobra. Esa mañana, Argentina también se despertó mirando por televisión cómo se derrumbaban las Torres Gemelas de Nueva York.

Aquel 11 de septiembre de 2001 fue martes. En el Congreso argentino, mientras tanto, la sesión programada no se postergó y los senadores se debatían entre destituir al juez federal Norberto Oyarbide o liberarlo de culpa y cargo. Afuera del recinto, tres jueces esperaban su destitución para poder indagarlo por diversos delitos.

Mucho tiempo antes, al inicio del proceso, la denuncia la habían impulsado, entre otros, la entonces radical Elisa Carrió y el socialista Alfredo Bravo. Lo acusaban de haber incurrido en una falta ética por su protección y asidua concurrencia al prostíbulo Spartacus, de no haber denunciado la promoción y facilitación de la prostitución, de enriquecimiento ilícito, e incluso del presunto delito de amenazas contra uno de los testigos. Sobre este último, Oyarbide declaró que haberle dicho “te quedan 48 horas de vida” no significaba de ninguna manera una amenaza de muerte.

El día que debió comparecer ante la Comisión de Juicio Político, el magistrado contó su versión de los hechos durante cuatro horas, con repetidas interrupciones por sus ataques de llanto.

Entre sus intervalos lúcidos, declaró por ejemplo que se sentía satisfecho por no haber sufrido agravios en la calle “gracias a los ángeles de la guarda que protegen a los corazones sinceros y arrepentidos”.

Procuró, en todo momento, hacer del desliz algo emotivo, algo conmovedor. Nunca lo logró. En la noche del 11 de noviembre de 1998, la Cámara Baja aprobó de manera contundente la acusación: 172 votos a favor, 2 en contra.

La votación

En mayo de 1998, cuando el escándalo le estalló en las manos, Oyarbide se deprimió. Pidió licencia médica y estuvo dos años con la mente en reposo, pero cobrando naturalmente su sueldo de magistrado.

En marzo del 2000, el Senado decidió finalmente suspenderlo de manera preventiva hasta terminar con el juicio en trámite. Y aunque seguía siendo incierto el resultado de la causa, la suspensión hacía presumir su posible y futura destitución.

Aun así, la votación decisiva no llegaría sino hasta finales del año siguiente. En septiembre de 2001, a poco de la definición de la suerte del magistrado, algunos miembros del Partido Justicialista (PJ) comenzaron sin embargo a mostrar sus dudas. En pocos días, lo que parecía una destitución segura se convirtió en un final abierto.

Ese 11 de septiembre, el mismo día de la votación, en una sesión previa y secreta, los senadores decidieron resumir las seis imputaciones que pesaban sobre Oyarbide en una sola: “Mal desempeño por actitudes y omisiones incompatibles con el decoro e insospechabilidad de conducta exigibles a todo magistrado judicial”. Nada de amenazas, nada de enriquecimiento ilícito.

Horas después, la suerte del juez fue llevada finalmente al recinto. Allí, los senadores de la Alianza gobernante ya habían adelantado que apoyarían la destitución. Había en total 42 senadores presentes; se necesitaban 28 votos positivos.

Con el antecedente de la suspensión en vista todo parecía sencillo. Pero el bloque del PJ había decidido esta vez no respaldar la acusación.

Con el ex mandatario Carlos Menem fuera de escena, el liderazgo de la maniobra para defender a Oyarbide recayó entonces en el presidente del bloque de senadores, el sanjuanino José Luis Gioja.

Salvo tres excepciones, todo el PJ votó por la negativa. La votación terminó así 21 a 21. Al terminar la sesión, Gioja defendió su postura alegando que los argumentos para la destitución “no fueron contundentes” y que, por lo además, “no había pruebas suficientes”.

Federico Dalponte – @fdalponte