Los despidos en Agroindustria afectan a los sectores más vulnerables del campo

Como en todos los organismos estatales, desde diciembre del año pasado comenzaron los despidos en el Ministerio de Agroindustria. Sin embargo, hasta enero la cantidad de trabajadores desvinculados no era masiva como en otras dependencias y por lo tanto la información no trascendió en los medios de comunicación. Hoy ya suman más de 300.

Este lunes los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) esperan ser recibidos por el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, encargado de llevar a cabo la gestión de los recursos humanos del Ministerio. Al mismo tiempo, las delegaciones provinciales desarrollarán diferentes medidas de fuerza a nivel local, y realizarán un paro nacional de ATE de la Secretaría de Agricultura Familiar este mismo 11 de abril.

El 80% de los trabajadores despedidos durante las últimas semanas desarrollaban tareas en territorio, en 18 provincias del país. Las dos más afectadas fueron Santiago del Estero (con más de 60 despidos) y Corrientes (40), las que tienen mayor población de productores campesinos e indígenas y las que más requieren de técnicos trabajando.

Entre los despedidos coexisten diferentes tipos de contratación (artículo Nº 9 de la Ley Nº 25.164, contratos a través de terceros como Fundación ArgenINTA, empleados bajo la modalidad “comisión de servicios”, quienes facturan sin contrato), y con antigüedad de hasta 20 años en el organismo. Vale señalar que una gran parte de estos trabajadores despedidos había ganado concursos abiertos y públicos el año pasado (o estaba participando de ellos). A partir del 10 de diciembre, todos los concursos fueron suspendidos.

Durante los primeros días de gestión, el ministro Ricardo Buryaile aseguró a ATE que se renovarían todos los contratos por tres meses y que se realizarían auditorías para evaluar a los trabajadores. Ninguno de estos dos dichos se cumplió.

Impacto en las políticas públicas del sector

La pérdida de empleos tiene impacto directo en la producción agropecuaria y en las condiciones y la calidad de vida de la población rural del país, sobretodo en los sectores más postergados. En efecto, el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena es el más vulnerable (y vulnerado) del campo. El acceso a titulación de tierras es precario o nulo y en la mayoría de los casos carecen de sistemas de irrigación. Los trabajadores estatales llevan a cabo programas que garantizan el cumplimiento de derechos de la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, amplían las posibilidades de desarrollo del sector agropecuario y de la población en general que consume los alimentos provenientes del campo.

Entre diciembre y febrero se produjeron 50 despidos de manera más o menos aislada. En gran medida, las tareas de los despedidos estaban orientadas al desarrollo de los pequeños y medianos productores agropecuarios, tales como: ejecución de proyectos para la industrialización y el agregado de valor de la pequeña y mediana producción; implementación de programas que favorecían el cooperativismo; elaboración de proyectos productivos para jóvenes rurales a través de financiamiento y créditos a tasas diferenciales; otorgamiento de becas para fomentar estudios terciarios y universitarios relacionados al sector; realización de ferias francas y el acceso a mercados locales para mejorar la comercialización de los pequeños y medianos productores.

Se desempeñaban también en programas vinculados a regularización de la tenencia de la tierra y el acceso al agua; análisis de políticas en relación con el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos o Régimen de Recomposición del Pequeño Productor Lechero, dando respuesta a las problemáticas generadas por la baja de precios de los commodities a nivel internacional.

Durante este primer periodo diversas áreas que llevaban adelante estas políticas fueron desmanteladas, eliminadas de la estructura del organismo o transformadas en su orientación. Es el caso de la Dirección Nacional de Juventud Rural o la Dirección Nacional de Tierras, que actualmente se encuentra trabajando en la modificación o eliminación de la Ley Nº 26.737 que desde el año 2009 limita la extranjerización de la tierra argentina.

A fines de marzo, los despidos en el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca ascendieron a más de 300, y se espera que en las próximas semanas se sumen todavía más. La masividad de las desvinculaciones esta vez afectó a la Secretaría de Agricultura Familiar que, como su nombre lo indica, es el área encargada del desarrollo y sostenimiento de políticas orientadas a la agricultura familiar, campesina e indígena.

Dicha área es la única que tiene delegaciones en las provincias de todas las regiones del país. Tiene presencia territorial y ejecuta políticas que mejoran las condiciones de vida de los campesinos productores de alimentos. Trabaja para fortalecer la actividad productiva, el acceso a la tierra y al agua y para mejorar la comunicación de las comunidades rurales. Programas como el Monotributo Social Agropecuario y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar dependen de esta estructura.

Diversas áreas de la Secretaría han sido desmanteladas o eliminadas. Una de ellas es la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional, que había promovido que el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena tuviera participación activa en instancias supranacionales del Mercosur como la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF). Además, la Secretaría se constituyó en el ámbito institucional desde el cual las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena canalizaron su demanda histórica de reconocimiento como sujetos de derechos, logrando institucionalizar al sector a través de la ley Nº 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, sancionada en 2014.

Finalmente, la Secretaría tuvo participación activa en el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ámbito de debate participativo para el diseño de políticas públicas estratégicas para este segmento socio-productivo creado en 2014. Mediante este Consejo por primera vez se implementaron mesas de diálogo entre el Estado, las cámaras empresariales y las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena de todo el país.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la agricultura familiar contribuye significativamente a la seguridad alimentaria, pues produce alimentos básicos en la mayoría de los países de la región. En Argentina, abastece de frutos, hortalizas y legumbres a los mercados locales, maneja el 82% del rebaño caprino y el 64% del rebaño porcino. Además, tiene un peso significativo en el empleo: la proporción de empleo sectorial proveniente de la agricultura familiar en Argentina es del 53%.

La implementación de políticas públicas destinadas al desarrollo de este actor, de vital importancia para el conjunto de la población argentina está siendo amenazada tras la eliminación de políticas conquistadas y el despido masivo de los trabajadores comprometidos profesional y políticamente con el sector.

Leticia Garziglia – @letigarziglia