Rechazan cierre de Centro de Acceso a la Justicia en Rosario

En el marco de un plan de acción por el sostenimiento del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Villa Moreno, en la zona sur de Rosario, vecinos y vecinas junto a trabajadores de esta institución realizaron el jueves pasado una conferencia de prensa.

La psicóloga Eugenia Rafanelli, trabajadora del CAJ y militante de Patria Grande, afirmó que “no solo se pretende preservar el trabajo de los compañeros sino que también la lucha es por el continuidad de este tipo de políticas en el barrio, porque es el lugar donde los vecinos de Villa Moreno y otros barrios pueden evacuar sus necesidades de acceso a la justicia”.

En el contexto de despidos masivos en el Estado nacional, el 11 de marzo los trabajadores del CAJ recibieron los telegramas de cese en sus funciones y el lunes 28 del mismo mes, el gobierno nacional oficializó el cierre de la institución, a pesar de que en los días previos habían asegurado su continuidad.

Desde ese momento hubo una sola reunión en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde los funcionarios plantearon que el cierre es irreversible y propusieron un “CAJ itinerante”. Para distintos vecinos se trata de “una maniobra de Cambiemos para enmascarar el cierre definitivo”.

Los Centros de Acceso a la Justicia, dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, son espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades, según la página oficial del Ministerio.

Desde que comenzaron a funcionar en 2010 estos dispositivos atendieron 1.437.457 consultas y aumentaron un 877% su capacidad de atención original.

El CAJ que pretende cerrar el Ministerio de Justicia de la Nación se instaló en el barrio rosarino a partir del pedido de justicia luego del triple crimen conocido como la Masacre de Moreno. En la madrugada del 1 de enero de 2012 Jeremías Trasante, Claudio «Mono» Suárez y Adrián «Patom» Rodríguez, militantes sociales del Movimiento 26 de Junio-Frente Popular Darío Santillán, fueron asesinados por una banda narco liderada por Sergio «El Quemado» Rodríguez.

“El pedido de continuidad del CAJ es además la continuidad de la lucha por Jere, Mono y Patom”, sostuvo Rafanelli.

Jessica Venturi, abogada del CAJ, señaló que «el cierre es un gran retroceso porque el barrio ha ido ganando en derechos” y aclaró: “El CAJ aborda la situación de manera integral, no solo hace trámites, hemos acompañado casos de víctimas de violencia de género, violencia institucional, y otras problemáticas de estos territorios en donde el Estado no ha estado presente”.

“Esta decisión del Estado nacional ataca y vulnera los derechos del barrio y deja claro que no está interesado en este tipo de problemática”, resaltó la trabajadora.

Por su lado, Eduardo Trasante, vecino del barrio y padre de Jeremías, reconoció el trabajo de los empleados despedidos: “Nosotros como usuarios sostenemos que no son ñoquis, que son laburantes y que siguen prestando servicio al barrio a pesar de estar despedidos”.

“La idea es empujar este proceso de lucha. Todo lo que hemos conseguido en Villa Moreno ha sido en base a pelearla, a luchar y golear puertas. No nos vamos a quedar hasta que tengamos una respuesta favorable” afirmó Trasante.

Natalia Howlin, desde Rosario

Foto: Federico Fernández Peralta