1 abril, 2016
Córdoba: concentración en repudio al Código de Convivencia
Publicado el pasado lunes en Boletín Oficial, el 1 de abril entra en vigencia el nuevo Código de Convivencia aprobado en diciembre del pasado año. Es en ese marco que este viernes, diferentes organizaciones sociales y políticas se manifestarán en repudio a la nueva legislación.

Publicado el pasado lunes en Boletín Oficial, el 1 de abril entra en vigencia el nuevo Código de Convivencia aprobado en diciembre del pasado año. Es en ese marco que este viernes, diferentes organizaciones sociales y políticas convocan a concentrar en la Plaza del Fundador de la capital cordobesa a partir de las 16, para manifestar su repudio ante esa nueva ley.
Ni Código de Faltas ni código de convivencia
La mencionada ley reemplaza al controversial Código de Faltas con escasas modificaciones e incluye penas y sanciones que no se contemplaban anteriormente. Dentro de los motivos a considerar, frente al descontento social en relación con esta nueva ley, se encuentra la falta de contemplación sobre lo expresado por parte de las más de 60 organizaciones e instituciones que participaron de la audiencia pública en relación a la modificación del proyecto presentado.
Cabe recordar que la ya aprobada ley estuvo imposibilitada de tratarse en varias oportunidades, debido en parte a las movilizaciones que se produjeron en esas instancias y que el oficialismo, tuvo que dar pasos atrás. No obstante, a finales del año pasado, todos los bloques, a excepción del FIT y el MST-Nueva Izquierda, consiguieron, finalmente, aprobar esta nueva reglamentación. Coincidentemente, además, con el juicio a un ex comisario condenado por el abuso sistemático del Código de Faltas en el que ordenaba detenciones arbitrarias con el objeto de engrosar estadísticas en el marco de un plan de seguridad.
Entre los rechazos que genera esta nueva reglamentación, se visualizan los de proveer a la institución policial de más herramientas para la criminalización y persecución de los sectores más vulnerables, estigmatizando aún más su condición. Así como sucedía con el Código de Faltas, en esta reforma, especialistas y letrados también resaltan la falta de cumplimiento con el principio de legalidad; esto es, entre otros aspectos, el principio constitucional básico el cual permite, habilita y da el derecho a los ciudadanos a conocer el motivo por el cual se lo castiga.
En continuidad con el código anterior, la nueva ley en sus artículos utiliza un lenguaje vago y ambiguo, habilitando al personal policial a decidir sobre el grado de criminalización de ciertas conductas. Términos como los de “Actitud sospechosa”, “Ebriedad escandalosa” y “Tocamientos indecorosos”, por mencionar algunos, dejan a merced de los uniformados, decidir qué ciudadanos están cometiendo una contravención y a quiénes no.
En este sentido, queda de manifiesto la capacidad de los agentes policiales para realizar detenciones siempre que su criterio lo entienda, estipulando un castigo de tres días de arresto. Más aún, continúa siendo inconstitucional el mecanismo de juzgamiento previo ya que no se realiza con la intervención de un juez.
Se cree además que este nuevo Código profundizará la persecución sistemática hacia los trabajadores precarizados y de la economía popular, como carreros y artesanos, que ya sufrían los castigos que imponía la reglamentación anterior. Sumado a esto, se incluyó en la actual ley la posibilidad de sancionar a los cuidadores de autos, popularmente conocidos como “naranjitas”.
La realidad debe ser contada
Eel documento colectivo presentado por la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) sostiene: “Debajo de la búsqueda de consenso solapada en el nombre, la nueva aplicación del Código expresa el refuerzo a las políticas represivas que viene llevando adelante el gobierno provincial, de la mano con el aumento de recursos y elementos jurídicos que permitirán a las distintas fuerzas policiales desarrollar su accionar con mayor soltura”.
Actualmente, la cifra de detenciones asciende a 700 por fin de semana, de manera arbitraria, situación que refuerza a un Código con herramientas políticas de represión, estigmatización y castigo.
Luciana Daffra y Ernesto Trejo, desde Córdoba
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