Reforma laboral y represión en el marco de la huelga general en Francia

Ante la huelga general convocada por las cuatro principales centrales sindicales de Francia (CGT, FO, FSU y SUD) en contra de la reforma laboral impulsada por el gobierno, la policía reprimió este jueves una manifestación en París y hubo incidentes en otras ciudades.

Según el diario El País de España «cientos de miles de personas han salido a la calle para unirse a las 260 manifestaciones convocadas». La medida de fuerza provocó, además, la paralización del transporte público, así como la suspensión de actividades en numerosos centros de producción y cierres o bloqueos de decenas de escuelas y universidades.

En París las fuerzas de seguridad reprimieron la protesta con gases lacrimógenos y gas pimienta. En Nantes, 30 mil personas se movilizaron y también fueron reprimidas por la policía. Situación similar se vivió en Toulouse, donde han salido a la calle unos cien mil manifestantes.

En Brest, la protesta llegó a las puertas del ayuntamiento local logrando ingresar y obligando al alcalde a recibirlos. Y en Creuse, en el centro del país, la sede de Partido Socialista (al que pertenece el presidente François Hollande) ha amanecido con pintadas.

La reforma laboral y la flexibilización

Reclamada desde hace tiempo por la Unión Europea y principalmente Alemania, la reforma del sistema laboral presentada por Hollande plantea una flexibilización de conquistas históricas de la clase obrera francesa.

Entre otros aspectos propone terminar con el horario laboral legal de 35 horas semanales. Y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, en caso de «dificultades económicas» de las empresas.

Para fundamentar los despidos colectivos, según el proyecto de ley, las compañías pueden aducir “descensos en pedidos o cifra de negocios”, “cambios tecnológicos” o “reorganizaciones para mantener la competitividad”.

Por otra parte, la legislación propuesta busca debilitar las negociaciones colectivas por rama, privilegiando los acuerdos en cada establecimiento de trabajo. “La primacía del acuerdo de empresa respecto al tiempo de trabajo pasa a ser el principio de derecho común”, dice el proyecto, dejando así menos protegidos a los empleados de pequeñas empresas con meno margen para negociar.

En el caso de las indemnizaciones, se había propuesto que las máximas pasaran de 27 a 15 meses para trabajadores con más de 20 años de antigüedad. Este artículo fue retirado por la presión sindical, sin embargo el resto del proyecto no.

En palabras del titular de la central sindical mayoritaria, la CGT, Philippe Martinez opinó que se trata de “una vuelta al siglo XIX” en términos de legislación laboral. Posición similar tiene la alcaldesa de Lille, Martine Aubry, autora de la ley de 35 horas siendo ministra de Trabajo en 1998.

Pese a las protestas, el primer ministro, Manuel Valls, ha reiterado que el Gobierno no retirará el proyecto de ley. Valls ha declarado que confía en que el Parlamento haga un buen texto «con buenas medidas».