Olivier Rebourd: «El gobierno tiene un plan de vaciamiento de las políticas de la memoria»

Notas dialogó en exclusiva con Olivier Rebourd, integrante del programa “La escuela va a los juicios”, quien denuncia presupuestos “obturados” y “un plan de vaciamiento de las políticas de la memoria” por parte del gobierno de Macri.

El programa «La escuela va a los juicios» pertenece al ente público Espacio para la Memoria, ex ESMA, y se empezó a planificar en el año 2013 desde el área de programas educativos de dicha entidad. Según Rebourd “es un programa cuyo objetivo era que los jóvenes estudiantes fueran parte de los juicios de lesa humanidad en la Argentina, juicios considerados históricos. La idea era que los estudiantes secundarios pudieran tener una aproximación pedagógica a la realidad de los juicios”.

Para que el proyecto pudiera concretarse, en primer lugar hubo que sortear la prohibición del propio Código Procesal, que establecía que para ser parte de estas instancias judiciales era necesario ser mayor de 18 años. Rebourd recuerda: “Nosotros reclamamos planteando que si los jóvenes desde los 16 años pueden votar y que si la dictadura y el terrorismo de Estado son parte de las materias en el secundario, lo lógico era que los jóvenes desde los 16 años pudieran participar de las audiencias. Y lo logramos. A partir de abril de 2014 el programa entró en marcha”.

Los tres miembros del programa provienen de disciplinas distintas: Rebourd de Derecho, Diego Guiñazú de Ciencias Políticas y la responsable, Verónica Durán, de Sociología. Esto responde a una apuesta por la interdisciplinariedad y a pensar el proyecto “en el marco de la historia argentina”.

En ese sentido, la capacitación docente que proponen busca ayudar a “pensar históricamente qué son los juicios”: “Nosotros planteamos que los juicios tal como los conocemos ahora comenzaron con los primeros reclamos durante la dictadura, o sea, los habeas corpus por los compañeros secuestrados, que tuvieron un desarrollo histórico, con avances y retrocesos”.

Rebourd detalla que “un primer mojón fue el juicio a las Juntas del año 1985, luego un período de impunidad muy fuerte con las leyes de Punto final y Obediencia debida y los indultos de Menem. Y la búsqueda siempre de una respuesta jurídica, además del planteo político de genocidio, que incluye algunos avances como fueron los juicios en el exterior, los juicios por la verdad en los 90 y finalmente los juicios actuales, la anulación de las leyes de impunidad en 2006 y la declaración de inconstitucionalidad de los indultos en 2005”.

La capacitación docente también incluye nociones básicas de lo que son los crímenes de lesa humanidad, cuándo aparecen, qué implican jurídicamente y qué significa que en principio los Estados sean los responsables. También hay formaciones en cuanto a cómo funciona el Poder Judicial e incluso trabajos específicos acerca de la “pedagogía de la memoria”.

Cuando se va a presenciar una audiencia se hace siempre con grupos de alumnos pequeños, de hasta 15 integrantes, para que puedan “sacarle todo el jugo a la experiencia”. “A los chicos se les hace un esquema de cómo están distribuidos en la sala de audiencias los distintos actores, los miembros del tribunal, secretarios, testigos, partes acusadoras y defensas. Luego se asiste a una audiencia, que es un período de aproximadamente una hora y media. Y después hacemos una reflexión colectiva final, lo que es muy interesante, porque los abogados que entran a la Cámara de Casación ven a los estudiantes teniendo su taller en el hall de entrada de los tribunales”, señala Rebourd.

Además de las víctimas también son importantes los testimonios de los represores. Rebourd subraya: “Hemos tenido la suerte (y digo suerte porque hay que trabajar para desmontar lo que son los discursos del poder, el discurso de la dictadura y de los sectores más reaccionarios de la sociedad), de ver las indagatorias de alguno de los represores, donde no muestran ningún arrepentimiento, siguen manejando el discurso de la guerra civil, del enemigo comunista al acecho. Y realmente es muy interesante porque a los chicos los mueve a investigar y a estudiar más”.

Estas experiencias también puede llevar a los estudiantes a “vincular los testimonios con las rémoras represivas y la subsistencia del esquema represivo en el Estado y en el sistema capitalista todo”. Así, muchas veces los alumnos pueden reconocer el discurso “anticomunista, antipopular y antiobrero” de los represores en los policías de su barrio.

En ese sentido, se reivindica como un aspecto fundamental del programa el análisis de “todos” los crímenes del Estado, desde los “sistemáticos”, con la represión y el terrorismo de Estado a los cometidos durante los gobiernos constitucionales. Desde el programa “La escuela va a los juicios” también se ha asistido, por ejemplo, a la causa Enrique Mathov, en referencia al secretario de Seguridad de Fernando De la Rúa y uno de los máximos responsables de los crímenes del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Luego del cambio de gobierno nacional, el programa no ha sido formalmente desmantelado ni el área ha sufrido despidos pero Rebourd sostiene que “hay una situación que debemos denunciar muy fuertemente” que tiene que ver con la “obturación” del presupuesto. “No bajan los presupuestos correspondientes a 2016, lo que genera una incertidumbre muy fuerte”, especialmente cuando ya hay 72 escuelas inscriptas.

Por suerte, explica, “es un programa que afortunadamente no requiere de un desarrollo presupuestario muy grande: hay que ir hasta Tribunales nomás. Si lo hace la propia escuela, nosotros nos lo pagamos de nuestro bolsillo el viaje”. Pero, sostiene, “sin lugar a dudas asistimos a un plan de vaciamiento de las políticas de la memoria por parte del gobierno de Macri. Cuando no pueden echar y despedir, como han hecho con miles de compañeros, el mecanismo es obturar los presupuestos y poner en riesgo las actividades”.

Como ejemplo, explica que “todo el equipo de educación estuvo haciendo actividades el pasado sábado 19 y eso tendría que pagarse como horas extra, por ser un fin de semana. Y los gobiernos nacional y de la ciudad, que son los asignadores de presupuesto, no lo han aprobado. Esto es un avasallamiento a nuestro carácter de trabajadores”.

Aún en este contexto adverso, Rebourd ratifica el compromiso del equipo “con el programa, con los juicios y con romper esos mitos que construyó el poder, como la teoría de los dos demonios o la teoría de las víctimas (porque en el ámbito del Poder Judicial no se podía mencionar a los militantes y por suerte en los nuevos juicios requieren incluso por parte de los representantes del Ministerio Público una valoración del carácter de militante que nosotros vamos a seguir impulsando)”.

Considera que ese compromiso es especialmente significativo en estos momentos “a 40 años del golpe y con la presencia del responsable actual del Estado que financió, apoyó, instaló y generó los cuadros máximos de la más terrible de las dictaduras que asolaron a la Argentina”.

Finalmente, afirmó: “Nuestro compromiso es precisamente con la verdad, con la memoria y con la justicia. Me parece que este es el compromiso de los estudiantes que han participado. Con ellos hay preguntas y hay análisis crítico, pero siempre desde una memoria viva, de repudio al terrorismo de Estado y a la violencia institucional. Y nosotros sentimos que nuestra única obligación es seguirla impulsando, construyendo la memoria política, por más que al gobierno de turno no le guste”.