«El principal responsable de estos crímenes es el Estado colombiano»

El 23 de marzo la mesa de conversaciones por la paz de Colombia instalada entre las FARC y el Estado colombiano en La Habana debía firmar el acuerdo final. Las diferentes posiciones respecto al fin del conflicto armado y a cómo implementar, verificar y refrendar los acuerdos no permitieron que hasta el momento esto fuera posible. Durante las últimas semanas, 32 militantes populares fueron asesinados por las fuerzas represivas y los grupos paramilitares.

Notas entrevistó a Daniel Fernando Pérez Quintana integrante del capítulo argentino del Movimiento social y político Marcha Patriótica para conocer más sobre la coyuntura colombiana.

– ¿Qué es lo que está sucediendo en el mes de marzo en Colombia?  

– En el mes de marzo se ha intensificado la violencia política de la fuerza pública y los paramilitares. Tenemos los asesinatos de Maricela Tombé (de Congreso de los Pueblos), Alexander Oime (de la Organización Nacional de Indígenas), Klaus Zapata (de la Juventud Comunista), Milton Escobar (de la Unión Patriótica), William Castillo, Cristian y Jorge Castiblanco y Alex Carrillo (de Marcha Patriótica). A esos asesinatos se suma la mascare de nueve campesinos en el departamento de Putumayo. También detuvieron a Noreida del Carmen Trejos, Rigoberto Marín Vallejo, José Orlando Ángel Quintero y Wilson Castrillón.

Estos casos se suman a la violencia sistemática que padece el movimiento popular. De Marcha Patriótica desde su fundación en 2012 han asesinado a 116 compañeros y compañeras. En el país hay 320 militantes capturados bajo montajes judiciales y hay 9.500 presos políticos.

– ¿Cómo se vinculan estos ataques con los diálogos de paz que se dan en La Habana?

– Este recrudecimiento de la violencia social lo vemos con bastante preocupación. A medida que se avanza en los diálogos aumenta la violencia contra los sectores populares. Hay un ataque directo contra el proceso de paz. Es un ataque contra el anhelo de las organizaciones colombianas de tener un país distinto.

Esta sistematicidad en los ataques se asemeja al genocidio político contra la Unión Patriótica en las décadas del ochenta y del noventa. Hay una similitud en el modus operandi con lo que sucedió en esa época. Al partido político Unión Patriótica le asesinaron más de cinco mil militantes en 12 años. Y ese genocidio se dio en el marco de una negociación entre la insurgencia de las FARC y el gobierno de Belisario Betancur en 1985.

Hay preocupación por el aumento del accionar paramilitar. Hacemos la exigencia al gobierno colombiano para que se comprometa de manera efectiva a desmontar a estas organizaciones paramilitares y desmilitarizar a la sociedad civil colombiana. Se tiene que replantear el estatuto de seguridad nacional.

El principal responsable de estos crímenes es el Estado colombiano que es el garante de salvaguardar los derechos humanos en el país. El Estado es responsable por acción y por omisión.

– Ante esta coyuntura decisiva para el futuro del país: ¿Qué políticas y acciones están planteando llevar adelante desde el campo popular colombiano?

– Estamos llevando a cabo acciones de visibilización de la situación de violencia social y política del país, acciones de denuncia en el plano nacional e internacional ante las autoridades competentes y solicitamos acciones de solidaridad a las organizaciones no solo de Colombia sino de Latinoamérica entera. Desde Argentina, hacemos el llamado a las organizaciones democráticas y progresistas para que nos hagan llegar su solidaridad y hacer llegar la exigencia al gobierno colombiano para que cese la violencia en el país.

Lucas Villasenin – @villaseninl