Brasil en el ring: el PT pelea por sostenerse y la derecha golpea fuerte

La situación política brasileña no baja su intensidad. Este miércoles la presidenta Dilma Rousseff nombró a Luiz Inacio Lula Da Silva como jefe de Gabinete. De esta forma tendrá fueros por los que no podrá ser juzgado. En paralelo, el Tribunal Superior Federal habilitó continuar con el juicio político iniciado el año pasado contra la jefa de Estado y la derecha salió a la calle a pedir su renuncia.

Los fueros y la conversación telefónica

Hace algunas semanas, a pesar de no estar acusado, Lula fue víctima de un enorme operativo de la Policía Federal que allanó su instituto y se lo llevó por la fuerza a declarar en la causa Lava Jato. La misma saltó a la luz en 2014 e implicó un entramado de corrupción donde empresas -centralmente constructoras- sobornaban a altos funcionarios de la petrolera estatal Petrobras y otros cargos públicos para conseguir contratos multimillonarios sobrefacturados. Desde entonces la investigación ha avanzado y diversos empresarios y políticos (de todos los partidos) han caído.

Ante la detención de Lula, la reacción popular no se hizo esperar y miles de personas se movilizaron en su respaldo. Sin embargo, la Fiscalía decidió imputarlo y solicitó su prisión preventiva. Algo que deberá aceptar o rechazar la jueza María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, de la 4ta Corte Penal de Sao Paulo.

Frente a esto comenzaron a circular los rumores de que la presidenta Rousseff podía otorgarle al ex mandatario un puesto en su gabinete. La especulación se fundaba en que, de acceder a un cargo público, Lula pasaría a tener fueros por lo que no podría ser juzgado. Finalmente la designación se concretó este miércoles mediante una resolución publicada en el boletín oficial y el dirigente jurará este jueves como jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete).

No obstante, en paralelo a este anuncio, se dio a conocer una comunicación telefónica entre Lula y Rousseff, donde esta última le informaba que le enviaba la designación para que la utilice «sólo en caso de necesidad». La conversación fue grabada por la policía ilegalmente ya que se había vencido dos horas antes el plazo de la orden del juez Sergio Moro que investiga la causa de corrupción en la que está implicado Lula.

Difundida masivamente por los medios de comunicación opositores, políticos y empresarios de derecha lanzaron una fuerte campaña para que Lula no asuma el cargo y retomaron un eje para el cual la Justicia también les dio aval: la destitución de Dilma Rousseff.

El máximo tribunal y el juicio político

Tras varias idas y vueltas, el 2 de diciembre de 2015, Eduardo Cunha -aliado formal del PT pero opositor en los hechos-, que preside la cámara baja de Brasil, aceptó dar curso a un pedido de juicio político contra Rousseff por presunta tergiversación de las cuentas públicas para ocultar un déficit fiscal. No obstante, semanas más tarde el Tribunal Superior Federal (TSF) postergó el inicio del proceso ya que detectó irregularidades en la formación de la comisión parlamentaria que debía llevar a cabo la investigación.

Este miércoles, en que Lula fue anunciado como jefe de Gabinete y la Justicia difundió en los medios la conversación telefónica, el TSF falló a favor de continuar el impeachment contra la presidenta.

Ya aceptado el inicio del juicio político, el proceso consiste en que una comisión formada por diputados de todos los partidos (la misma que fue suspendida por el TSF en diciembre) analice la petición de destitución. Una vez conformada la comisión, la presidenta de Brasil tendrá un plazo de diez sesiones para declarar y posteriormente (hasta cinco sesiones más) los miembros de la comisión harán un informe a favor o en contra de su destitución.

En caso de que se dé el visto bueno al impeachment, 342 de los 513 diputados deberán aprobarlo para que el juicio pase a la siguiente instancia. Si se aprueba, la mandataria será apartada de su cargo por 180 días mientras el informe pasa al Senado, cámara que tendrá la decisión final: allí, en una sesión que debe ser presidida por el presidente del TSF, 54 de los 81 senadores deben apoyar la salida de Rousseff para concretar su apartamiento definitivo del cargo.

Renúncia Já

Como señalábamos en este mismo portal la derecha brasileña está en una aguda ofensiva contra el Partido de los Trabajadores (PT) para lograr por otros medios lo que no pudo en las urnas: sacarlo del gobierno.

Las maniobras de estas últimas semanas indican que no está dispuesta a esperar a las elecciones presidenciales de 2018. Tampoco que haya alcanzado el ajuste fiscal -reclamado por los principales sectores del poder económico- aplicado por Rousseff a mediados del año pasado.

A la ofensiva judicial contra Lula y el intento de destitución en el Parlamento, se le sumaron movilizaciones masivas tanto el último domingo como el mismo miércoles que volvieron a pedir por la renuncia de la jefa de Estado. Sin ir más lejos, el miércoles por la noche la fachada de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo mostraba la leyenda «Renúncia Já» (Renuncia ya), utilizada en todas las manifestaciones antigubernamentales.

El país más grande e importante de América Latina está siendo el escenario de una batalla crucial. La situación de excepcionalidad mundial que vivió la región a comienzos del siglo XXI, donde gobiernos progresistas y de izquierda llevaron adelante políticas de inclusión social, busca ser cerrada por las vías que sean necesarias. La dinámica de ese proceso -como lo muestra el caso brasileño- no depende ni dependerá de los calendarios electorales. Brasil es clave para saber hacia donde se inclinará la balanza.

Santiago Mayor – @SantiMayor