El Parlasur se pronunció sobre la causa contra Milagro Sala

Mediante una escueta resolución, el Parlamento del Mercosur (Parlasur) tomó posición ante la detención de la dirigenta jujeña Milagro Sala, quién es además, diputada de ese cuerpo legislativo. El organismo rechazó su detención en su primera sesión del año, realizada el día lunes.

Bajo el título «Declaración de rechazo a la imposibilidad forzada de la parlamentaria Milagro Sala para concurrir a la XXXVI Sesión Ordinaria del Parlamento del Mercosur», el Parlasur cuestionó la decisión de la Justicia de Jujuy ya que viola los fueros de sus integrantes.

En su artículo 1 el parlamento declaró «su rechazo del impedimento al traslado de la parlamentaria Milagro Sala quien fuera formalmente convocada y que no ha podido concurrir a la sesión del día de la fecha por encontrarse privada de su libertad».

Asimismo recuerda que esta situación se enmarca en «lo previsto por el artículo 15 el Reglamento de este Parlamento que establece: ‘…Los desplazamientos de los miembros del Parlamento, a efectos del ejercicio de sus funciones no serán limitados por restricciones legales y administrativas».

Este planteo se suma al realizado por la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) que señaló que con la detención de Milagro Sala se violó el artículo 16 de la ley nacional 27.120 que regula la elección de los parlamentarios. Dicho artículo dice, textualmente: “En todo lo que no estuviese previsto por el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur o no se regulare específicamente por los organismos competentes, los parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales».

Es decir que Milagro Sala posee fueros como cualquier diputado o diputada nacional. Estos fueros no fueron suprimidos por la Justicia por lo que su detención es ilegal.

Finalmente, la declaración del Parlasur instruye al presidente de su organismo, Jorge Taiana (quién compartió boleta con Sala), «que se dirija a las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy, República Argentina, y a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional de la misma para que arbitren los medios a fin de garantizar el cumplimiento de las normas internacionales que protegen el libre tránsito de los parlamentarios».