Grupo Indalo: un Estado que investiga cuando los medios denuncian

Este domingo el diario La Nación publicó una investigación en la cual denuncia que el empresario mediático ligado al kirchnerismo Cristóbal López evadió el pago de ocho mil millones de pesos a la AFIP. Más allá de tratarse de un nuevo escándalo de corrupción, el caso tiene particulares resonancias en un escenario comunicacional cada vez más restrictivo.

Los hechos

Bajo la firma de Hugo Alconada Mon, el diario La Nación publicó una investigación basada en el análisis de los balances contables de las empresas del grupo Indalo de Cristóbal López, mediante el cual el periodista y su equipo llegaron a establecer la conexión entre la ausencia de pago de su empresa Oil Combustibles del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que debía girar a la agencia recaudatoria y la expansión en nuevas ramas de negocios. El viernes, dos días antes de su publicación, los socios del grupo Indalo (Cristóbal López y Fabián de Sousa) rompieron su relación comercial.

La denuncia incluye también una serie de vinculaciones societarias entre el grupo empresario y la familia Kirchner. Un cable de la agencia Télam señaló que se presentaron ante la Justicia las denuncias por incumplimiento de sus deberes a Cristina Fernández y a Ricardo Echegaray; mientras que se denunció a López por presunta estafa, extorsión y defraudación. Con extrema rapidez, Juan Mussa -el mismo que denunció que a Néstor Kirchner lo asesinó su mujer y su hijo y que en los últimos años ha presentado más de una decena de denuncias que han sido desestimadas- radicó su denuncia en Comodoro Py. Lo mismo hizo Ricardo Monner Sans, cuya denuncia se centra en el accionar del ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray.

Desde el Grupo Indalo señalaron que se trata de una decisión administrativa que es completamente legal bajo el amparo del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, que permite a la AFIP otorgar planes de pago especiales. La actual administración de la agencia recaudatoria anunció modificaciones en ese articulado, aunque según La Nación ya había sido derogado. Las nuevas autoridades de la AFIP han presentado su propia denuncia penal al Grupo Indalo.

La multiplicidad de dimensiones desde las cuales es posible analizar lo que está pasando con esta denuncia implica complejizar un poco las lecturas que dicen que de un lado hay pura corrupción y del otro una persecución política. Ambas definiciones son erróneas: por un lado, lo que hizo el Grupo Indalo estaba dentro del marco de la Ley. La nueva gestión considerará que hay que derogar dicho respaldo legal, pero la realidad es que no escapa de los beneficios otorgados por el anterior gobierno a distintos grupos empresarios mediáticos. Por el otro, es difícil hablar de persecución ideológica cuando se trata de un empresario que aumentó su patrimonio en gran escala, y no de un militante popular que formaba parte de un proyecto político.

El problema es el financiamiento

Beneficiar a grupos empresarios mediáticos no es una cuestión del color de la gestión. Este 9 de marzo se publicó en Boletín Oficial una Resolución (50/2016) que plantea que se perdonarán las deudas de los medios de comunicación contraídas hasta el 31 de diciembre a cambio de la cesión de espacios publicitarios.

Lo que se puede deducir de esta denuncia y las medidas gubernamentales es la dificultad que están encontrando las empresas mediáticas para conseguir ganancias a una gran escala comercial. Los beneficios que se dan desde los oficialismos no son sino la necesidad de cualquier gobierno de contar con grupos concentrados de poder mediático que puedan ser sus aliados a lo largo de sus mandatos.

Concentración periodística

El problema sí se puede asumir desde una perspectiva de persecución desde el campo periodístico. Si el mensaje que queda de esta denuncia es que a todo empresario de medios que no siga la línea editorial oficial va a ser denunciado de corrupción, entonces muchos empresarios que querrán seguir viviendo de su medios de comunicación buscarán propiciar un corrimiento de discurso que empobrecerá el acceso a la información y la libertad de expresión para miles de periodistas que no encuentren afinidad con esa mirada oficial.

El Estado al servicio del periodismo de denuncia

Por último, la denuncia de La Nación fue la punta de lanza para que la AFIP se lanzara a investigar al grupo empresario. En vez de ser el Estado el que acciona una política y el periodismo el que lo relata, el Estado no accionó hasta que el medio decidió hacer su publicación.

Colocar a los medios de comunicación en el rol de veedores que impulsan al Estado a hacer sus tareas es devolverle una mística de neutralidad y de periodismo independiente que dista de dar cuenta de sus intereses corporativos.

Alejandra Soifer – @soifereta