América Latina

11 marzo, 2016

La Justicia brasileña solicitó la prisión preventiva para Lula

De ser trasladado a declarar por la fuerza cuando ni siquiera estaba imputado a pedir que sea detenido preventivamente. En una semana la situación judicial del ex presidente de Brasil, Lula da Silva, se complicó enormemente.

De ser trasladado a declarar por la fuerza cuando ni siquiera estaba imputado a pedir que sea detenido preventivamente. En una semana la situación judicial del ex presidente de Brasil, Lula da Silva, se complicó enormemente.

El Ministerio Público de Sao Paulo solicitó este jueves que Luiz Inácio Lula da Silva se detenido bajo orden de prisión preventiva, acusado por presunto lavado de dinero.

Fueron los fiscales José Carlos Blat, Cássio Conserino y Fernando Henrique Araújo quienes hicieron la solicitud de prisión preventiva contra el ex mandatario. En concreto se lo acusa de haber recibido una casa, construida en Guarijá (municipio de Sao Paulo), a cambio de beneficios para empresas constructoras que recibían dinero sobrefacturado de la petrolera estatal Petrobras.

En total están acusadas 16 personas, entre quienes figuran la esposa de Lula, Marisa Letícia Rocco, y uno de sus hijos, también señalado por lavado de dinero y concierto para delinquir. La lista la completan el ex presidente de OAS (empresa que construyó la vivienda), Léo Pinheiro, y al ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto.

Ahora la jueza María Priscilla Ernandes Veiga Oliveira, de la 4ta Corte Penal de Sao Paulo, deberá revisar el pedido de la Fiscalía para ver si procede o no a realizar la detención. Por el momento no se dio a conocer una fecha para esta resolución.

Ya el día miércoles Lula había sido acusado formalmente en la causa conocida como «Lava Jato» mediante la cual se sobrefacturaron obras licitadas por Petrobras desviando el dinero a políticos y empresarios.

No obstante, el dirigente del PT negó las acusaciones en su contra. «No hay ninguna novedad en la denuncia del Ministerio Público de Sao Paulo, que ya había sido anticipada a la revista Veja el pasado 22 de enero por el fiscal Cassio Conserino», señaló en un comunicado.

Por su parte el vicejefe de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) en la Cámara de Diputados de Brasil, Wadih Damous, consideró «irresponsable, parcial, direccionada y totalmente irregular» la denuncia contra Lula.

«Existe una persecución política clara contra el ex presidente», insistió Damous y afirmó que el fiscal Conserino puede ser procesado por «daños morales».

Cabe recordar que el pasado 4 de marzo, aun sin una acusación en su contra ni citación previa, un importante operativo de la Policía Federal de Sao Paulo arribó al Instituto que dirige Lula, se lo llevó detenido temporalmente para obligarlo a declarar y allanó el lugar.

Esta acción contra el líder del PT se enmarca, como señaló Joaquin Pinhero, vocero del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en el objetivo de «mantener paralizado, desgastar al gobierno, hasta los próximos comicios» municipales de octubre de este año.

Asimismo, la periodista brasileña Dafne Melo apuntó en este mismo portal que «los medios de comunicación -sobre todo el principal conglomerado mediático del país, el grupo Globo- vienen cumpliendo un rol clave en todo el proceso de condena social a figuras del gobierno o históricamente vinculadas al PT, contra las cuales no hay pruebas concretas hasta ahora, sino solamente sospechas».

Melo subrayó que «el carácter selectivo de las investigaciones también molesta a muchos y se torna cada vez más evidente. Diversos acusados señalaron que los esquemas de corrupción en la petrolera empezaron en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), una de las figuras más importantes del PSDB [principal partido opositor]. El ex presidente nunca fue llamado a declarar».

 

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