Un balance de la política de comunicación del macrismo

El corto camino de los decretos

Hasta diciembre de 2015 los servicios de radio, televisión y telecomunicaciones estaban regulados por dos leyes: la 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (mal llamada Ley de Medios) y la 27.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (más conocida como Argentina Digital). La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) son (o eran) los organismos que tienen (o tenían) a cargo la aplicación diaria de cada una de las leyes respectivamente.

Con la asunción de Mauricio Macri los servicios de comunicación audiovisual y de tecnología de la información quedaron modificados por cuatro decretos.

Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales, advirtió en diálogo con FM La Tribu, que “no sólo preocupa la forma sino también el contenido (de los decretos), por el impacto de su transformación”. Uno de los decretos es el N°236/2015, mediante el cual se intervino AFSCA y AFTIC. Otro es el N°237/2015 que creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que perforaron y reestructuraron el sistema de medios y de telecomunicación son el 13/2015 y el 267/2015.

El 13 creó el Ministerio de Comunicaciones y subordinó bajo su órbita al AFSCA y AFTIC, desconociendo las leyes que le daban marco y funcionamiento. Hasta la existencia de este decreto ambos organismos gozaban de autarquía y representación federal en sus directorios. Y el 267 estableció la disolución de AFSCA y AFTIC y, en su reemplazo, creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), bajo la dirección del Ministerio de Comunicaciones.

La convergencia

Ambos decretos justifican su existencia apelando a la necesidad de implementar la convergencia tecnológica. Aseguran que ambas leyes (las que regían al AFSCA y al AFTIC) generaban distorsión e inseguridad jurídica. Y que quedaron anticuadas respecto a los avances tecnológicos de la realidad actual de la industria de medios.

Vale observar que ninguna de las justificaciones usadas son ni de necesidad ni de urgencia. Por otro lado, los avances en materia de tecnología siempre serán más vertiginosos que los cambios normativos. Es por esto que las leyes siempre expresan cambios sociales ya producidos, nunca podrán anticiparlos. Y vale preguntarse si alguno de estos argumentos es suficiente para desarticular una norma como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue producto de un consenso entre grupos heterogéneos, con fuerte participación ciudadana y aprobación de casi todos los bloques en el Congreso de la Nación. Ahora, vislumbrando que los argumentos de los decretos son falaces, vale preguntarse ¿Cuál es su verdadera razón? El decreto N°267 nos puede dar una respuesta:

– Este DNU permite generar una mayor concentración de capital de las grandes empresas, pues eleva de diez a 15 la cantidad máxima de licencias de servicios de comunicación audiovisual que un operador puede tener. Además perpetúa el status quo y vulnera el pluralismo en el acceso al debate público, pues establece una prórroga automática por cinco años a todos los licenciatarios y permite la posibilidad de otros diez años más.

– Por otro lado, habilita el ingreso de las empresas telefónicas al mercado de radiodifusión (a partir de 2018) y permite a los multimedios prestar servicio de telefonía y de datos. También estipula que los proveedores de TV por cable no tengan límites de concentración y no tengan la obligación de emitir una señal propia, ni pasar las señales locales de TV, ni de respetar el orden de la grilla de señales. También libera la transferencia de licencias sin limitación alguna.

– Tampoco contempla la representación directa de los ciudadanos, ni de las provincias, ni de las universidades en la autoridad de aplicación (como sí sucedía en AFSCA y AFTIC). Restringe así la participación ciudadana en la toma de decisiones. El Poder Ejecutivo Nacional concentra mayor poder, ya que de los siete directores del Enacom, cinco son del oficialismo y dos de la oposición.

Los argumentos de los DNU ocultan beneficios empresariales, violan la división de poderes que establece la Constitución Nacional y desconocen los fundamentos de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental.

Los cambios en el mercado

A pocas semanas de firmado estos decretos, y por la rapidez de su aplicación, ya se generaron cambios sustanciales en el mercado de los medios masivos de comunicación.

Con el objetivo de desembarcar en el mercado de las telecomunicaciones, el Grupo Clarín adquirió a través de Cablevisión (empresa de cable propiedad del grupo) la totalidad de las acciones de NexTel. En simultáneo, el fondo de inversión Fintech, propiedad del mexicano David Martínez, compró Telecom Argentina.

Ocurre que Fintech también cuenta con una participación del 40% en Cablevisión, por lo que se perfila en el horizonte la posibilidad de que ambas empresas (CableVisión y Telecom Argentina) se fusionen en virtud de ofrecer una plataforma integrada de telefonía, internet, televisión por cable y telefonía celular (lo que se conoce como cuádruple play). Ambas operaciones ya fueron aprobadas por el Enacom, que no advirtió ningún inconveniente en el hecho de que Fintech cuente con acciones de Cablevisión al mismo tiempo que compraba Telecom.

El otro actor gigante que pugna por obtener porciones del mercado convergente es Telefónica. Según la nueva normativa, para ofrecer televisión por cable deberá esperar al menos hasta enero de 2018, con la posibilidad de que ese plazo se extienda un año más. Se trata de otro gesto hacia el grupo Clarín, dado que éste cuenta con un tiempo considerable para desarrollar su modelo de negocios sin grandes competidores a la vista.

Si hablamos de concentración, otro caso resonante fue la compra del canal CN23 (propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel) por parte del Grupo Indalo Media de Cristóbal López. En la misma operación se incluyó el diario gratuito El Argentino y la mitad de las acciones de radio Vorterix. López ya era dueño de C5N, Radio 10, Pop Radio 101.5, Vale 97.5, un porcentaje de Ideas del Sur, entre otros medios.

Pocas semanas después de adquirir el canal, Cristóbal López despidió a 119 trabajadores, aduciendo problemas presupuestarios. La falta de ingreso de pauta oficial descubrió la dependencia económica que este grupo tenía con el gobierno anterior. Esta transferencia de licencias es otro ejemplo de la tendencia a la concentración de propiedad de medios que habilita y perpetúa la política de comunicación implementada a solo tres meses de asumir la Presidencia de la Nación Mauricio Macri.

Emiliana Cortona – @emilianacortona y Juan Cruz Lapenna – @juancruzlapenna, licenciados en Comunicación Social, UBA