Avanza la propuesta por una consulta popular sobre los fondos buitre

Este miércoles, mediante una conferencia de prensa, diputados del Frente para la Victoria anunciaron que presentarán un proyecto para que el acuerdo con los fondos buitre sea aprobado en una consulta popular. La iniciativa había sido propuesta originalmente por partidos de izquierda.

El primero en plantearlo fue Itai Hagman, dirigente de Patria Grande, quién difundió un documento titulado «Buitres: 6 razones para una consulta popular».

Los argumentos que brinda Hagman son: que con la propuesta impulsada por el gobierno el país se endeudará para pagar deuda y que se emitirá «dinero que no va a ingresar al país. Además apunta que aceptar pagar a los bonistas que no ingresaron a las reestructuraciones de deuda previas no brinda «ninguna seguridad de que el 92,4% restante se abstenga de iniciar litigios contra nuestro país argumentando que se ha defraudado su buena fe».

Un punto importante que resalta el dirigente de la organización de izquierda popular es que «la ley de Pago Soberano que se propone derogar el gobierno, establecía la creación de una Comisión Bicameral para investigar el origen, evolución y estado actual de la deuda externa argentina desde 1976 hasta la fecha» con la intención de «comprobar irregularidades que sirvan para transparentar y rechazar componentes ilegítimos del pasivo externo de nuestro país». No obstante esta información aún no ha sido confeccionada y publicitada «y la comisión misma quedaría eliminada en caso de derogarse la mencionada ley».

Finalmente Hagman recuerda que «la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por iniciativa argentina, nueve principios que deben regir la reestructuración de deudas soberanas en todo el mundo». En caso de avanzar con el acuerdo propuesto por el gobierno, «la Argentina sería el primer país en no respetar los principios sancionados por la ONU siendo el mismo país que los promovió».

Quién recogió el guante fue también el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), a través de su diputada nacional, Myriam Bregman. La legisladora reclamó una “consulta popular vinculante para que el pueblo argentino sea el que convalide o rechace el acuerdo que selló el Gobierno con los holdouts”. Y agregó: “Nosotros nos oponemos a este acuerdo y lo vamos a rechazar en el recinto y en las calles, porque es una entrega nacional de proporciones, cuya base es una deuda ilegal e ilegítima”.

Bregman calificó el acuerdo impulsado por el presidente Mauricio Macri como “una de las mayores muestras de cipayismo, entrega y sometimiento al capital financiero internacional. Estamos ante un proyecto de ley evidentemente redactado en Nueva York, y este Congreso pareciera estar convirtiéndose en la escribanía de Griesa».

Finalmente las y los diputados del FPV, este miércoles, decidieron también impulsar esta propuesta. Desde el bloque que preside Héctor Recalde en la cámara baja, desde hace días vienen planteando que no darán quórum para que se trate el proyecto.

En ese marco, fue el propio Recalde quién en conferencia de prensa informó que presentarán un proyecto para «consultar al pueblo argentino».

#AHORA Recalde: "Vamos a presentar un proyecto de ley para consultar al pueblo argentino"

— Diputados FpV-PJ (@DiputadosFPV_pj) March 9, 2016

#AHORA Recalde:"El gobierno va a tener que decidir si quiere o no escuchar al pueblo argentino" pic.twitter.com/8p6xgvbi1K

— Diputados FpV-PJ (@DiputadosFPV_pj) March 9, 2016

Por su parte, el diputado y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, señaló al igual que Hagman que «lo que consiguió Paul Singer puede ser reclamado por el 93% de los acreedores que aceptaron la reestructuración».

En consonancia con la propuesta de la consulta, Kicillof declaró: «Queremos discutir de cara a la gente y que no nos corran con los tiempos de Paul Singer».

Cabe destacar que la propuesta impulsada por Patria Grande, el FIT y el FPV está contemplada en la carta magna. La Constitución Argentina en su artículo 40 establece el mecanismo para someter a Consulta Popular iniciativas parlamentarias, y a su vez la ley 25.432 establece las características que debe tener este proceso.