La Salta de Urtubey entre narcos, intervenciones y despidos

Por Julio Ibarra, desde Salta. El “colaboracionismo” con el gobierno nacional de Juan Manuel Urtubey y de un sector mayoritario del Partido Justicialista, no sólo se manifiesta al nivel de los acuerdos legislativos y en la construcción de una “oposición seria” que “deje gobernar”, sino también en las políticas de ajuste dentro de las provincias. Salta es vanguardia del nuevo modelo de país.

Según un reciente informe del periodista Franco Hessling, son mas de cinco mil los trabajadores entre despedidos y suspendidos en la provincia: los municipios del interior constan de al menos 450 cesanteados, los estatales suman 195, mientras la Secretaría de Modernización del gobierno de la capital se encuentra analizando más de 700 contratos “políticos”.

Por otro lado, a partir del cese de los convenios entre universidades nacionales y el Ministerio de Hacienda del gobierno nacional, mas de cien trabajadores de la Universidad Nacional de Salta quedarían sin sus puestos de trabajo.

Finalmente el mayor volumen proviene de la paralización de las obras de construcción, que desde hace ya tres meses tiene suspendidos a aproximadamente 4500 obreros, según la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Fueron los trabajadores del interior de la provincia quienes -con cortes de ruta, toma de edificios municipales y movilizaciones- lograron visibilizar la situación financiera de los municipios, pero por sobre todo la perversa relación de disciplinamiento entre el gobierno provincial y los distritos comunales.

Ya son cinco las municipalidades que tuvieron conflictos laborales por despidos: Cerrillos, El Tala, San Lorenzo, Aguaray y Coronel Moldes, siendo esta última la que ha sido intervenida por la legislatura provincial el miércoles 2 de marzo, producto de la lucha de los trabajadores de dicha localidad, que siguen sin obtener respuestas favorables.

En este sentido el Bloque Justicialista -con mayoría propia-, argumentó la necesidad de “devolver la paz social y la vida institucional a los vecinos de Moldes” nombrando a Rodolfo Antonelli como interventor, siendo la tercera localidad que se somete a este proceso en los últimos dos años.

Narcopolítica

En lo que difícilmente podrá haber “colaboración” con el gobierno de Macri será en la “lucha contra el narcotráfico”, puesto que en la provincia el vínculo entre el poder político, el poder judicial y las bandas de narcos es evidente.

En diciembre de 2015 el Consejo de la Magistratura suspendió e inició el juicio político al juez federal de Orán Raúl Reynoso, acusado nada menos que de liderar una asociación ilícita que cobraba dinero a cambio de beneficiar a narcotraficantes, en una localidad clave para el tráfico de drogas en el país.

Por otro lado el miércoles 2 de marzo el Concejo Deliberante de Salvador Mazza expulsó a Mauricio Gerónimo, uno de sus integrantes que está siendo buscado con orden de captura internacional por estar involucrado en la causa “Febrero Blanco”, en la que a comienzos de febrero se secuestraron 267 kilos de cocaína.

Otro de sus pares en el Concejo Delibertante, Alejandro Maurín, está detenido por la misma causa. Y para concluir el cuadro, ‘Mary’ Ramos, la suplente electa que debería asumir en lugar del expulsado Gerónimo, ya cumplió una pena de varios años de prisión por narcotráfico.

Se trata de un problema que viene de larga data, como cuando en 2012 una camioneta de la municipalidad de Salta fue encontrada con grandes volúmenes de cocaína.

La necesidad de una respuesta desde el campo popular

Sin embargo el peronismo en la provincia ha demostrado ser muy fuerte y no ha habido fuerza política capaz de aprovechar estas contradicciones, en parte por su fortísimo aparato estatal en la capital y el interior, con una gran cantidad de intendentes que gozan de más de 20 años en el poder, y por otro lado por una falta de voluntad política de las organizaciones populares de generar los marcos de unidad necesarios para construir una alternativa de poder.

El campo popular se encuentra fragmentado desde la izquierda hasta el kirchnerismo, sea por errores propios de la izquierda en su conjunto, como por una elección de la gran mayoría de las organizaciones populares del kirchnerismo que se mantienen subordinadas al PJ, y rehúsan pronunciarse o movilizarse ante las medidas regresivas de su “conducción política”. Fueron los casos recientes del ajuste tarifario de impuestos con votos a favor de concejales kirchneristas y la falta de movilización por la liberación de Milagro Sala, entre otros.

De esta manera la cúpula dirigencial del Estado provincial, hoy en su gran mayoría anclada en el Partido Justicialista, no ve amenazada ni cuestionada de manera considerable su posición en el gobierno, aún en un contexto regresivo de despidos e intervenciones y en la que salen a la luz algunas cuestiones como los evidentes vínculos entre el narcotráfico y el poder político.