Las leyes nacionales que Griesa pretende derogar

Entre pagarle a todos cuanto ellos reclamen y no pagarle nada a nadie, la reestructuración de la deuda externa argentina marcó sin dudas la gestión del Frente para la Victoria.

Con Roberto Lavagna todavía a cargo del Ministerio de Economía, en diciembre de 2004 –Decreto 1735/04 mediante– comenzó la historia de la reestructuración de la deuda. Y allí, también, la primera señal visible de un futuro dolor de cabeza: en su artículo 3°, el decreto autorizó ceder la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros (Nueva York, Londres o Tokio, “conforme resulte pertinente”).

En suma, bien puede decirse que el intento del ahora presidente Mauricio Macri es cerrar ese capítulo iniciado en 2004, cuando no existía el PRO ni él todavía era siquiera diputado.

Anunciado ya a través de diversos medios, se espera que el gobierno envíe al Congreso varios proyectos de ley cuando inicie el período de sesiones ordinarias el próximo 1° de marzo. Entre ellos, dos fueron un pedido expreso del juez estadounidense Thomas Griesa, quien en su resolución del 18 de febrero ordenó que el Congreso argentino “revoque todos los obstáculos legislativos” para un acuerdo de pago con los fondos buitre.

En resumen: el Congreso le marcó límites a la negociación del presidente, pero ahora ese mismo Congreso debe revocar sus propios límites por pedido de un juez extranjero. En rigor, Griesa llama “obstáculos legislativos” a la decisión del cuerpo representativo de un Estado que, cuestionable o no, todavía es soberano.

Causas y azares de la Ley Cerrojo

Apenas dos meses después del mencionado decreto de reestructuración, el gobierno de Néstor Kirchner impulsó la aprobación de una ley que acapararía incluso el apoyo de la UCR, principal bloque de la oposición.

La idea de aquella norma, popularizada como «Ley Cerrojo», era bastante clara: el Poder Ejecutivo tendría impedido reabrir el proceso de canje de bonos. En otras palabras, los acreedores que no aceptaran las condiciones de la reestructuración iniciada en 2005, ya no tendrían posibilidad de hacerlo después.

Ello, sin embargo, terminó siendo mentira. Del total de tenedores de bonos de deuda impaga, el 76% aceptó la reestructuración, pero con el objetivo de tentar a los reticentes la posibilidad volvió a abrirse en 2010 y en 2013.

En ambas oportunidades existió una suspensión de la prohibición legal de negociar, pero con una salvedad. En abril de 2010, la ley que abrió la posibilidad de que nuevos bonistas ingresen al canje estableció como límite el día 31 de diciembre de aquel año, llevando el total de acreedores que aceptaron la reestructuración al 93%. Pero no fue así en el caso de la ley de 2013. En efecto, no se estableció límite temporal alguno, por lo que la suspensión de los efectos de la «Ley Cerrojo» existe de hecho desde hace ya algunos años.

Por tanto, la negociación que el gobierno de Macri mantiene actualmente con los fondos buitre está lejos de tener en dicha ley un obstáculo. La diferencia –por demás sustancial– es que en este caso los fondos buitre lejos están de pretender acogerse a los términos de la reestructuración argentina.

El problema, entonces, no es la «Ley Cerrojo» que impidió la reapertura del canje y la negociación con los acreedores que no aceptaron la reestructuración original. Por el contrario, el obstáculo es la Ley 26.886 (que reabrió el canje en 2013, actualmente vigente), pues su artículo 2° ordena que los términos de pago que se ofrezcan “no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de la deuda” iniciada en 2009.

En todo caso, estos son más interrogantes que certezas. Con el canje de 2013 abierto, ¿podía el gobierno ofrecer más que lo que ofreció a los demás bonistas en oportunidades anteriores? Pareciera que no, pero es lo que ya hizo. ¿Qué solución encontrará el gobierno? Probablemente proponga derogar la «Ley Cerrojo» más todas las demás normas concomitantes y se olvidará del tema.

La deuda soberana

Al igual que la reapertura del canje aprobado en 2013, la «Ley de Pago Soberano» también tuvo como epicentro a los fondos buitre, aunque, a diferencia de lo ocurrido con la «Ley Cerrojo», esta vez el Frente para la Victoria no contó con el aval opositor.

En términos prácticos, la nueva ley dispuso simplemente un cambio de sede para el pago de los bonos de deuda reestructurada, instrumentando para ello su cobro a través de Nación Fideicomisos S.A. En tal sentido, que los acreedores que se acogieron al canje cobren vía Argentina o vía Nueva York no tendría por qué resultar un “obstáculo” en la negociación con los fondos buitre.

Pese ello, el gobierno argentino también procurará su derogación, aunque todavía no es posible saber si afectará a la totalidad de la norma o sólo al capítulo tercero.

Allí, en efecto, se reguló el mecanismo –siempre a través de Nación Fideicomisos– para el pago a favor de los tenedores de bonos que no ingresaron nunca a la reestructuración; una sutil y soberana manera de manifestar voluntad de pago, pero reafirmando la jurisdicción local.

Comisión Bicameral para investigar la deuda

El Título II de la «Ley de Pago Soberano» incorporó casi imperceptiblemente la creación de una comisión bicameral para investigar el origen de la deuda externa desde la última dictadura hasta la reestructuración aprobada en 2004. Y aunque los anteriores intentos de la democracia por certificar la ilegitimidad de buena parte de esos compromisos fueron infructuosos, no es menos cierto que su derogación actual implicaría un retroceso.

En cualquier caso, la versión taquigráfica de aquella sesión en la Cámara de Diputados recoge un detalle interesante sobre el voto en particular de aquel artículo por parte de los opositores –hoy oficialistas–.

En el caso de la UCR, el diputado Mario Negri afirmó que le interesaría poder votar a favor de la constitución de la comisión, pero habiendo presentado “proyectos en el mismo sentido”, su bloque no podría hacerlo dada la forma simultánea en la que estaba organizada la votación. Conclusión: salvo el puntano José Luis Ricardo, todos los radicales votaron en contra.

En el caso del PRO, la excusa esgrimida fue francamente absurda. El diputado Federico Pinedo argumentó en aquella sesión que el articulado del proyecto debía ser renumerado pues el apartado en cuestión se titulaba “Del orden público de la presente ley”, lo cual nada tenía que ver con la constitución de la comisión investigadora.

“Nosotros queremos votar favorablemente la creación de dicha comisión”, insistió Pinedo en su intervención, aunque se negó a validar que la ley sea denominada de «orden público» –cuestión por demás carente de implicancias prácticas–.

Por ello, concluyó: «Si el señor presidente de la comisión no aceptara esta propuesta (de renumerar el articulado) nosotros nos veríamos en la situación de no poder votar favorablemente aquello que queremos votar de esa forma, que es la creación de la comisión investigadora».

Por lo demás, en el caso de la tercera socia de Cambiemos, Elisa Carrió, estuvo ausente aquella sesión.

Federico Dalponte – @fdalponte