Un amparo para frenar el desmantelamiento de Infojus

A los despidos que ya se cuentan por decenas, desde el mes pasado el Ministerio de Justicia le sumó el rápido desguace de su portal Infojus Noticias, dando de baja a más del 80% de la producción periodística.

Pero a la larga lista de denuncias públicas realizadas por el mundo político y periodístico, se le sumó una novedad: el Ministerio Público Fiscal, a través de su Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), presentó un amparo en resguardo del derecho individual a la información y del capital cultural e intelectual que representan los archivos del portal.

Desde hace veinte años la Constitución dice que se puede interponer una acción de amparo para salvaguardar derechos constitucionales amenazados por el propio Estado. En este caso, el Estado tiene cara: Germán Garavano, Ministro de Justicia.

Sobre él pesa la principal adjudicación de responsabilidad. Según denuncia PROCUVIN, en ningún momento el ministro negó que la información otrora pública haya sido retirada deliberadamente del portal.

En consonancia, el fiscal a cargo de la acción se hace eco en su denuncia de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema en defensa del acceso a la información, como así también de las expresas pautas rectoras dispuestas por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Memoria, verdad y justicia

En su escrito, el fiscal denuncia un claro acto de afectación de derechos constitucionales “en el que un gobierno entrante deshace cualquier expresión pública recibida del gobierno antecesor bajo el pretexto de un cambio en enfoque político”.

Admite, sin embargo, que es posible una reorientación política del portal, pero sólo “hacia el futuro”. PROCUVIN considera “completamente inadmisible que, con el artificio de un `cambio de enfoque´, se destruyan y se prive a la sociedad de bibliotecas y registros, de miles de obras intelectuales y testimonios, que conforman un bien cultural colectivo, de acceso libre, universal y gratuito (que debe ser) garantizado”.

Y yendo incluso un poco más hacia allá, señala con énfasis que el avance contra Infojus implica además un retroceso en la divulgación de las políticas de «Memoria, Verdad y Justicia» en general y, en particular, en la difusión de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, la denuncia recalca que “ha resultado particularmente visible el compromiso asumido por el Estado, y canalizado a través del sistema Infojus, en el seguimiento de dicho proceso judicial histórico, tanto mediante el registro periodístico del devenir cotidiano de los juicios, como en la difusión plural de la obra jurídica elaborada en torno a la materia.”

El apoyo de Pérez Esquivel

A través de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Bueno Aires (CPM), el premio Nóbel de la paz Adolfo Pérez Esquivel solicitó al juzgado que se lo acepte como “amicus curiae” –una especie de colaborador externo del juez para la resolución del caso–.

Así, haciéndose eco de la defensa del derecho a la información, del deber de la memoria y de la preservación de los acervos estatales, la CPM procurará también poner a disposición de la causa su vasta tarea en la defensa de los derechos humanos.