La agenda de derechos humanos sobre la mesa de Macri

Lejos de ser un acto protocolar, la reunión que mantuvieron el martes los organismos de derechos humanos con el presidente se caracterizó por el tono firme y concreto de los reclamos. En el temario: juicios, Gils Garbó, despidos masivos, protesta social y violencia institucional.

Caía la tarde en Olivos y después de algunas dilaciones que postergaron el encuentro, finalmente el presidente Mauricio Macri recibió en la residencia oficial a representantes de los organismos de derechos humanos.

Con su gesto amable y su andar paciente, Estela de Carlotto fue la primera en ingresar. La siguieron, además, Hebe García, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Ángela Paulin, de Familiares de detenidos por razones políticas, Carlos Pisoni, de la agrupación H.I.J.O.S. y Gastón Chiller, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La reunión «a agenda abierta», como había consignado el gobierno en su invitación, estuvo marcada por el documento elaborado y consensuado previamente por los organismos. “Queremos expresarle nuestra profunda preocupación por aspectos centrales de las políticas de derechos humanos”, señalaba el texto entregado al presidente.

Entre los diversos puntos, y tras las denuncias realizadas el mes pasado por su incierta continuidad, los organismos de DDHH destacaron su preocupación por el funcionamiento tanto del Programa Verdad y Justicia como del Archivo Nacional de la Memoria.

Asimismo, centraron también su atención en algunas señales preocupantes que dio el gobierno de Cambiemos desde su asunción. Por ejemplo, reclamaron que se respete el mandato constitucional de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien destacaron como una garantía para la continuidad de los juicios por los delitos cometidos durante la última dictadura.

Pero como si fuera poco, rechazaron además las declaraciones del funcionario porteño Darío Lóperfido respecto a la cantidad de desaparecidos y la reunión mantenida por el secretario de Derechos Humanos de la Nación con miembros del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

Despidos, Milagro Sala, violencia institucional y comunicación

Al salir de la reunión, Estela de Carlotto calificó como “muy positivo” el diálogo abierto, lo que no melló la firmeza de los reclamos.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los despidos masivos en el Estado y el sector privado”, continúa el documento en otro apartado.

En el mismo sentido, los organismos de DDHH realizaron un firme llamado de atención sobre las decisiones “que afectan gravemente el derecho a la protesta”, deteniéndose específicamente en el protocolo elaborado la semana pasada por la ministra Patricia Bullrich y repudiando de igual modo el inusitado encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala.

Asimismo, remarcaron la cuestionable reacción de la dirigencia del PRO ante el ataque a Lucas Cabello por parte de la Policía Metropolitana en noviembre pasado y los disparos ejecutados por la Gendarmería Nacional contra los niños y niñas de la murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” en el Bajo Flores. En ambos casos, señala el documento, “la primera reacción de los funcionarios del gobierno fue justificar el accionar violento de las fuerzas de seguridad”.

A su vez, respecto al DNU que extirpó partes vitales de la «Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual», los organismos de DDHH cuestionaron la promoción de la concentración y la afectación del pluralismo, sintetizado en el ejercicio del derecho a la comunicación.

Obama y la marcha por el 24 de marzo

“Buscamos coincidencias y seguir trabajando por los derechos humanos”, señaló a su vez Mauricio Macri luego del encuentro.

Sin embargo, por ahora, los posibles efectos de la reunión son una incógnita. “Hubo algunas cosas en las que no se coincidió”, señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, aunque aseguró haber recibido garantías por parte del presidente para realizar la marcha conmemorativa a 40 años del último golpe de Estado.

La fecha, coincidente con la visita del presidente estadounidense Barack Obama, generó resquemores en la última semana por la posibilidad de que cuestiones de seguridad impidiesen la realización de la movilización.

Aun así, los organismos aprovecharon para dar un paso hacia delante: “Resulta fundamental –dice al final el documento presentado– que el Estado argentino reclame al más alto nivel la entrega de archivos aún no desclasificados por el gobierno estadounidense sobre el período dictatorial y demande la cooperación de este país para la búsqueda de los posibles nietos apropiados que viven allí, así como la extradición del Capitán (R) Roberto Bravo por su activa intervención en la Masacre de Trelew”.