Nacionales

19 febrero, 2016

Cristina Caamaño: “El nuevo protocolo es muy agresivo”

El primer protocolo para la intervención policial en manifestaciones se aprobó en el 2011. Antes existía, era la autorregulación de las fuerzas. Con la nueva regulación presentada por Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad vuelven a tener el poder en sus manos. Notas habló con la ex secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, para comparar ambos instructivos.

El primer protocolo para la intervención policial en manifestaciones se aprobó en el 2011. Antes, lo que existía, era la autorregulación de las fuerzas limitada por la voluntad política. Con la nueva regulación presentada por Patricia Bullrich, las fuerzas de seguridad vuelven a tener el poder en sus manos. Notas habló con la ex secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, para comparar ambos instructivos.

“El nuevo protocolo me parece muy agresivo», dijo Caamaño y añadió: «Les da a los manifestantes apenas cinco minutos para retirarse y después deja que cada fuerza decida cómo proceder, lo que puede llevar a una represión. Y actuar así es lo mismo que no respetar el derecho a la protesta”.

Caamaño era secretaria en el 2011, cuando el ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, aprobó el primer protocolo. “Una de las principales diferencias -explicó- es que ya no está la figura del mediador. Y esa era una figura que permitía dialogar y consensuar con los manifestantes. Otra gran diferencia es que ahora no existe prohibición para el uso de armas de fuego”.

La ex funcionaria también se mostró preocupada por la resolución del Tribunal Superior de Justicia que habilita las requisas arbitrarias: “Sólo sirve para detener a los trabajadores que vuelven a su casa con las herramientas en el bolso. Y, por lo que vimos hasta ahora, la policía que les pide documentos ni siquiera está identificada. Con la ministra Garré eso hubiera sido motivo de sanción. Hoy, por lo visto, no. Lo mismo en el caso de la represión de la murga en la 1-11-14. Los responsables no fueron pasados a disponibilidad mientras se investiga”.

Los dos protocolos comparados

Los fundamentos – Ya desde el comienzo las resoluciones parecen mostrar diferentes matrices ideológicas. Mientras que el primer protocolo se fundamentaba “en la comprensión de que la protesta social es una consecuencia de procesos políticos, económicos y culturales que fueron desmantelando sistemáticamente las redes de contención y de bienestar que supieron caracterizar a la República Argentina”. La que presentó la ministra Bullrich parte del supuesto de “que el Estado debe brindar la certeza de que todos los miembros de la sociedad pueden gozar de los mismos derechos, por ello, la libertad de un individuo o grupo termina donde comienza la del otro”, equiparando así el derecho a la libre circulación con el derecho a la protesta.

Y mientras el firmado en 2011 afirma que el Gobierno Nacional expresa su “voluntad y compromiso en no reprimir la protesta social”, el nuevo protocolo dice que “es deber del Estado asegurar el orden público, la armonía social, la seguridad jurídica, y el bienestar general, por ello ante la alteración del ejercicio equilibrado de derechos, debe lograr su inmediato restablecimiento a los fines de garantizar la libertad de todos”.

Portación y uso de armas – En el punto 10 de la resolución firmada en el año 2011 se leía: “Se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego para todo el personal policial o de fuerzas de seguridad que por su función en el operativo pudieran entrar en contacto directo con los manifestantes”. En el nuevo protocolo dice: “Las FFSS federales y provinciales dictaran protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales”. Es decir, los efectivos volverán a portar armas de fuego pero las usarán mínima y racionalmente.

Personal investigado – En la resolución anterior se establecía la prohibición de participar en los operativos a “aquellos funcionarios policiales o de seguridad que se encuentren bajo investigación -administrativa o judicial- o que hayan sido sancionados por irregularidades en su desempeño en el contexto de manifestaciones públicas y/o por uso excesivo de la fuerza”. El nuevo protocolo no plantea excluir a nadie.

Figura del mediador – La anterior regulación imponía que “además del responsable político, se deberán designar uno o más funcionarios públicos que actuarán como enlace”. En el nuevo marco se dice: “Las responsabilidades operativa y de supervisión, recaerán en funcionarios diferentes. La jefatura de cada FFSS designará a ambos responsables (Jefe del Operativo de Seguridad y Oficial Supervisor) conforme la situación y envergadura del evento”. Y si bien se establece una breve instancia de diálogo, se ordena que “resuelta positiva o negativamente la negociación, el Jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz, que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en zona determinada para ejercer sus derechos constitucionales, garantizando siempre la libre circulación”.

Identificación – El protocolo anterior imponía como obligatoria “para todo personal policial o de las fuerzas de seguridad interviniente en los operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes”. La nueva disposición no tiene ninguna indicación en este sentido.

El periodismo – En el 2011 el lugar del periodismo en las manifestaciones se expresaba así: “Los efectivos de las instituciones de seguridad deben respetar, proteger y garantizar la actividad periodística. Los periodistas, invocando su sola condición, incluyendo pero no limitándose a reporteros gráficos o camarógrafos, no podrán ser molestados, detenidos, trasladados o sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el sólo hecho de estar ejerciendo su profesión en una manifestación pública”. Pero en la nueva lógica de Estado su trabajo se percibe de otra manera: “La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada”.

De este modo, el protocolo presentado por Bullrich parece volver a los tiempos del autogobierno. “Estas medidas le dan más poder, mayor discrecionalidad a las fuerzas de seguridad”, explicó Caamaño.

Juan Mattio – @juanmattio

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