Batalla de Ideas

11 febrero, 2016

Sesiones extraordinarias: claves para entender lo que se viene

Por Federico Dalponte. Tras la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo, el Senado se prepara para expedirse sobre los aspirantes a la Corte Suprema. Sin embargo, queda antes un largo camino de sesiones de Comisión, impugnaciones, dictámenes y audiencias públicas.

Por Federico Dalponte. Tras la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo, el Senado se prepara para expedirse sobre los aspirantes a la Corte Suprema. Sin embargo, queda antes un largo camino de sesiones de Comisión, impugnaciones, dictámenes y audiencias públicas.

El temario

Desde que el presidente designó a los nuevos miembros de la Corte Suprema sin consultar al Congreso, un vendaval político dio inicio a una crisis inesperada que el gobierno procurará cerrar recién este mes. Pasaron exactamente 500 decretos entre aquella designación y la reciente convocatoria a sesiones extraordinarias, pero con más suerte que astucia el presidente logró atravesar el verano con calma.

La solución vino de la mano del titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuando apenas habían pasado seis días desde la asunción del nuevo gobierno. Así, con la bomba desactivada, Mauricio Macri, lejos de morigerar su ímpetu, profundizó la estrategia.

Desde la modificación de la Ley de Ministerios hasta la disolución de la AFSCA, varias veces la oposición reclamó al gobierno lo que hoy es una realidad: la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Sin embargo, abrazado a la letra de la Constitución Nacional que le concede al presidente la posibilidad de acotar el temario, el Congreso se reunirá sólo para discutir el nombramiento de jueces, el ascenso de militares y la designación de embajadores.

Los preparativos

Cuando voceros del gobierno anunciaron que la jura de los nuevos miembros de la Corte se postergaba hasta febrero, quedó claro que sólo era una estrategia para descomprimir una acuciante situación política y ganar algo de tiempo: el decreto de las designaciones terminaría siendo olvidado y –tarde o temprano– sería el Congreso el encargado de destrabar el conflicto.

Así fue. En efecto, la mañana del día que Macri se reunió con Lorenzetti, fueron publicados en el Boletín Oficial los antecedentes de los postulantes del gobierno.

Ya no había posibilidad de marcha atrás. Con la publicación oficial, se daba inicio al procedimiento formal de designación, abriendo los brazos para recibir los avales y las impugnaciones durante las primeras semanas de enero.

Miles de adhesiones a favor de los postulantes y otras tantas miles de impugnaciones fueron el resultado de la primera parte del procedimiento que culminó el pasado 15 de enero.

El decreto de convocatoria

El Decreto 308/16, publicado esta semana, convocó al Congreso para que trabaje desde “el 11 hasta el 29 de febrero”. Es decir, hasta un día antes del inicio de sesiones ordinarias.

Con ello se acabaron las dudas. La remisión al Senado de los pliegos de los candidatos propuestos por el gobierno evidencia que –tarde o temprano, con mayor o con menor debate– será el Congreso el encargado de aprobar o rechazar la nueva conformación de la Corte.

En tal sentido, el único tema propuesto por el Poder Ejecutivo para la labor legislativa que se avecina ha sido, de manera excluyente, la “consideración de acuerdos para designaciones y promociones”.

Esto significa que se reunirá de manera urgente la Comisión de Acuerdos del Senado, encargada de emitir opinión sobre las propuestas de nombramientos que envía el presidente.

Los primeros pasos

En principio, aunque sea una mera formalidad, los senadores deberán darle «estado parlamentario» al pedido de acuerdo. En otras palabras: deberán sesionar y dar formal inicio al procedimiento de designación de los jueces. Sin embargo, y no menos importante, la Comisión de Acuerdos deberá constituirse para recién luego comenzar a funcionar. Ello, si no hay sorpresas, sucederá este mismo viernes.

Luego, entonces, tal como señala el reglamento del Senado, la Comisión deberá dar publicidad a los antecedentes de los postulantes durante al menos dos días. Y allí, publicación en el Boletín Oficial mediante, se abrirá la posibilidad de realizar contra ellos nuevas impugnaciones.

La audiencia pública

Inicio formal, Comisión de Acuerdos, impugnaciones. Hasta allí el trámite parece expeditivo. Sin embargo, 15 días dice el reglamento del Senado que deberán pasar hasta el procedimiento de audiencia pública.

Aun así, el trámite podría finiquitarse en una sola audiencia en la que los postulantes respondan a todos los cuestionamientos y críticas –aunque la normativa no impide que se realicen más–. Ése, precisamente, será un punto de preocupación para quienes pretendan un trámite sencillo y breve.

Sea como sea, terminado el procedimiento de audiencia pública, otro frente de batalla se abre: la Comisión de Acuerdos es el cuerpo colegiado que debe aconsejarle al Senado hacer lugar o rechazar las propuestas de designación. Allí será fundamental el peso de los diversos bloques políticos.

La sesión

Los cálculos, a priori, no dan para que el tema quede resuelto antes del 1 de marzo. Al contrario, si bien las sesiones extraordinarias servirán para adelantar algunos pasos, todo indica que el aval del Senado no llegará hasta el mes que viene.

Aun así, seguramente no sea ésa la principal preocupación del gobierno. El aval de los dos tercios de los senadores presentes que exige la Constitución todavía no están garantizados y ello será motivo de diversas negociaciones. Si finalmente en marzo culmina el periplo de impugnaciones, audiencias y dictámenes, el verdadero desafío del gobierno será haber llegado al día de la sesión plenaria con los votos necesarios bajo la manga.

En caso de que todos los senadores asistan a la votación, el oficialismo necesitará 48 avales. Sin embargo, hoy los alineados a Cambemos no superan la quincena, en tanto que el universo no-kirchnerista apenas alcanza los 32. En suma, necesitará el gobierno que casi la mitad del bloque del Frente para la Victoria lo acompañe.

Los otros: militares y embajadores

Con similar redacción, la Constitución señala que los militares y los embajadores deben ser designados por el presidente con acuerdo del Senado. Sin embargo, su nombramiento puede realizarse de manera provisoria cuando el Congreso se encuentre de receso.

En efecto, ése es el inciso que Macri pretendió utilizar para nombrar a los nuevos miembros de la Corte. Sin embargo, la previsión constitucional –en rigor– sólo resulta aplicable para estos cargos que, además de tener menos importancia, dependen funcionalmente del Poder Ejecutivo.

En cualquier caso, servirá febrero para emparchar todo aquello que el gobierno ejecutó durante estos dos meses de gestión: tanto lo que se realizó en uso de sus facultades excepcionales –embajadores, militares– como aquello que se hizo contrariando la norma –jueces de la Corte–.

@fdalponte

Si llegaste hasta acá es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. NOTAS Periodismo Popular cuenta con vos para renovarse cada día. Defendé la otra mirada.

Aportá a Batalla de Ideas