Batalla de Ideas

8 febrero, 2016

Ser mantero es un delito, ser dueño de Cheeky no

Por Federico Dalponte. El operativo policial que desalojó a los vendedores callejeros del barrio de Caballito reabrió el debate sobre el comercio ilegal. La evasión fiscal, la informalidad laboral y los talleres clandestinos, ejes de una discusión plagada de falsedades e hipocresías.

Por Federico Dalponte. El operativo policial que desalojó a los vendedores callejeros del barrio de Caballito reabrió el debate sobre el comercio ilegal. La evasión fiscal, la informalidad laboral y los talleres clandestinos, ejes de una discusión plagada de falsedades e hipocresías.

Como sucedió a fines de enero, cada vez que las fuerzas policiales expulsan a los manteros son varios los que bajan las banderas del «libre mercado» y piden el auxilio estatal para combatir la «venta ilegal».

En uno de sus últimos informes, en septiembre de 2015, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) denunció la existencia de unos seis mil manteros en la ciudad de Buenos Aires, y cuestionó que se minimicen “los efectos que la venta ilegal ejerce en el comercio formal”.

El «boom de venta ilegal», como lo denomina la CAME, sería así el responsable de la pérdida de rentabilidad del comercio minorista. Pero no.

En su comunicado del 31 de enero pasado, la CAME informó, por un lado, que durante los últimos trece meses se registraron alzas continuadas en las ventas minoristas. Pero por el otro, al quejarse por la caída del 2,3% de sus ventas en enero, adjudicaron las malas nuevas al “menor poder adquisitivo de muchas familias”, a “la aceleración de los precios” y a “la fuga de turistas hacia Brasil”. Ni noticias de los manteros, de su competencia desleal, de «los efectos que la venta ilegal ejerce en el comercio formal».

En plena guerra, en diciembre de 2011, la Legislatura porteña sancionó la Ley Nº 4121, que, entre tantas otras disposiciones, modificó el Código Contravencional buscando erradicar a los manteros. Antes de la reforma, la norma reconocía la legalidad de “la venta de mera subsistencia que no implique una competencia desleal efectiva para con el comercio establecido”.

“La idea es que nadie pueda vender en la calle salvo el que tenga un permiso”, había dicho previo a la reforma Patricio Di Stéfano, legislador del PRO. Sin embargo, su anhelo quedó trunco: los votos le alcanzaron sólo para eliminar la condición de «mera subsistencia», pero se mantuvo incólume el resguardo para aquellos que ejerzan su actividad sin entrañar una «competencia desleal efectiva».

Aun así, el PRO se llevó una porción de la victoria. La «mera subsistencia» había sido el cimiento de varias medidas judiciales protectorias a favor de los manteros.

Ya no: desde el 2011, el hecho de ser su único ingreso parece no justificar a los vendedores callejeros; ahora deben acreditar que su competencia no es desleal, pese a que sólo el 14% de los comerciantes visualiza allí un obstáculo para su negocio, según informó en octubre la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

Un poco de arbitrariedad y otro tanto de hipocresía

El más antiguo de los argumentos esgrimidos por los propietarios es que los manteros venden productos baratos porque evaden impuestos y eso, en definitiva, los pondría en una posición ventajosa.

Pero en particular, la disputa es por los productos de indumentaria. Según datos relevados por la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (FECOBA), casi el 75% de los productos vendidos por los manteros corresponde a prendas de vestir.

Sin embargo, desde que el rubro «comercio» no logra perforar el piso del 30% –como mínimo– de empleo no registrado, la postura de los empresarios a favor de la legalidad se contrae, se embarra.

En suma, no parece suficiente la pantalla de legalidad que le imprime al comercio el mero hecho de contar con un inmueble para realizar sus ventas. En rigor, la falta de registración de sus propios empleados conlleva una evasión fiscal tan o más preocupante que la imputada a los manteros.

Así, y como si fuera poco, cabría entonces preguntarse si tener «en negro» a uno de cada tres empleados no configura una competencia desleal contra aquel trabajador autónomo que vende sus productos en la calle.

Sea como sea, la legalidad parece ser una vara un tanto arbitraria. Y es esa vara –ligada a la hipocresía– es la que desacredita las posturas más violentas y excluyentes.

En su comunicado del 21 de enero, la CAME denunció que detrás de los manteros hay “mafias organizadas que desarrollan un sistema de trabajo esclavo”. Y en sintonía, Pablo Tomino –editor de La Nación– consideró también que los manteros son “jornaleros” a los que esas mafias les pagan “entre 150 y 200 pesos por día por vender en la calle”.

Pero si así fuera, si los comerciantes-propietarios encabezan en realidad una lucha contra la explotación laboral, ¿por qué entonces reclaman el desalojo violento de esos trabajadores, tan víctimas de los abusos como sus propios empleados no registrados? ¿Tendría entonces alguien el derecho –igual y proporcional– de irrumpir con la policía en un comercio de la calle Florida para combatir el trabajo «en negro»?

La fábrica de ilegalidades

Pero como todo, la venta de indumentaria no puede desconocer su contracara: la producción en condiciones de esclavitud. Y aquí, si el reclamo de transparencia por parte de un sector frecuentemente evasor resultaba incoherente, en este punto lo es mucho más.

Desde 2006 –hasta el arribo de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno porteño–, diversas marcas reconocidas de indumentaria fueron investigadas y denunciadas por el Gobierno local, por la Defensoría del Pueblo y por la asociación «La Alameda». Sin embargo, nunca tuvieron éxito.

Una de esas denuncias, promovida en 2007, fue resuelta a favor de los investigados por el entonces juez Guillermo Montenegro, favoreciendo, entre otros, a la familia Awada, dueña de la marca «Cheeky». Paradójicamente, tal como recordaría luego el diario Clarín, esa fue “una de sus últimas resoluciones antes de ingresar al elenco ministerial del PRO”.

Pese a ello, en 2012 una nueva denuncia de «La Alameda» involucró a la familia de la actual primera dama Juliana Awada, aunque también a otras 106 marcas de ropa supuestamente esclavistas: «Kosiuko», «Montagne», «Rusty», «Adidas», «Topper», «Puma», «Bensimon», «Florida Chic», «SOHO», «Tiziano», entre otras.

Aun así, en todos los casos las investigaciones chocan contra un límite absurdo: como las empresas encargan a los talleres la fabricación de sus prendas pero no son empleadores directos de esos trabajadores esclavizados, la Justicia los exime de responsabilidad penal.

“Vamos a defender a los comerciantes que pagan sus impuestos y vamos a ir a fondo contra las mafias que venden mercadería ilegal”, declaró hace tiempo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Pero incluirá esa defensa a quienes tienen deudas patronales y a quienes encomiendan su producción a talleres clandestinos? Todo indica que sí. Al parecer, el comercio ilegal es más ilegal cuando lo ejercen unos que cuando lo ejercen otros.

@fdalponte

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