Mendoza: el plan sistemático de complicidad judicial

En Mendoza reinició el juicio por delitos de lesa humanidad que tiene como imputados a cuatro ex miembros del Poder Judicial. Este jueves desarrolló su alegato la querella que representa a las víctimas. Hay 31 imputados y se espera que haya sentencia a mitad de año.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza escuchó a al abogado Pablo Salinas desarrollar sus argumentos en torno al plan sistemático de colaboración entre los represores y la justicia federal.

El plan de complicidad nacional

La hipótesis de la querella inicia en la necesidad del aparato represivo de tener aliados en la Justicia Penal Federal. En principio, porque su aparato era chico y podía manejarlo mejor Y, en lo fundamental, porque necesitaban aplicar un régimen jurídico ilegal. Salinas explicó a Notas: “Sostengo que el esquema que utilizaron fue el de legitimar la represión. Porque Romano utilizaba las confesiones arrancadas bajo torturas en el D2 (Departamento de Inteligencia de la policía mendocina) para acusar a los detenidos, de modo que la confesión aparecía después como prueba jurídica”.

En este contexto nacional se inscribe la primera sentencia a un ex juez federal en junio del año pasado. Un Tribunal Oral sentenció a Manilo Martínez por abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita agravada. Fue condenado a 16 años de prisión. En Córdoba, la justicia confirmó los procesamientos de ex jueces federales. En Santa Fe, el fiscal Walter Rodríguez investiga una “patota judicial”. La lista sigue. Bahía Blanca, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Mar del Plata. La complicidad existió en todo el país.

De esta forma, las acusaciones contra Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra Recaberren y Evaristo Carrizo no estarían inscriptas en una excepción sino en un esquema de funcionamiento que fue desarrollado a lo largo y ancho del país. Y los delitos son: privación ilegítima de la libertad, asociación ilícita y participación primaria en los delitos sexuales que conocieron y omitieron investigar.

El esquema de la complicidad

Romano, en su rol de fiscal federal, presentaba las acusaciones. Las pruebas que utilizaba eran confesiones obtenidas bajo tortura. Y con esos documentos los jueces Miret, Carrizo y el subrogante Petra, se expedían. Así lo demuestra, por ejemplo, la resolución ante el pedido de Natalio Faingold en septiembre de 1975.

Natalio se presenta en el juzgado y pide por su hija, Luz. Miret niega que sea entregada a su padre porque “no obstante sus diecisiete años podría ser un sujeto de una gran peligrosidad” y más adelante: “La nombrada hace vida de adulto siendo aún una niña”. Luz Faingold fue testigo del juicio como sobreviviente y declaró que cuando la llevaron a declarar ante el juez Miret, este la recibió a los gritos. ¿Qué le gritaba?, preguntó un abogado de la querella. “Me gritaba subversiva”, recordó Luz.

En otro expediente, Romano convalida los procedimientos del D2 y solicita la prisión preventiva de seis detenidos quienes habían estado secuestrados en dependencias policiales. En ese caso, el juez no le otorga la medida y Romano apela: “Aceptándose que los imputados han reconocido los ilícitos por los que se los procesa en sede policial, y no habiéndose probado que tales dichos hayan sido extraídos por vías de apremios ilegales…”. En el mismo expediente, el ex fiscal afirmaba: “La actividad de los Consejos de Guerra ha sido desde antiguo considerada como constitucional” y recomendaba que se los tuviera en cuenta. La conclusión de la querella es que de esa manera Romano cubría de legalidad las torturas del D2.

Habeas corpus

Juan Rubén Bravo fue secuestrado el 21 de octubre de 1976. Desde entonces sus familiares presentaron, en tres momentos diferentes, pedidos de habeas corpus. Ninguno de los jueces o fiscales que intervinieron dispuso medida alguna para encontrar a Juan salvo la consulta formal a diferentes dependencias de las fuerzas armadas y la policía. La respuesta, por supuesto, era siempre la misma. Nadie sabía nada.

El mismo sistema se pudo comprobar en cada una de los pedidos de las familias. Primero la justicia federal se declara competente, es decir, retiene el expediente para que no lo investigue otro fuero. Después pregunta a las dependencias policiales y a las cárceles. Recibe una respuesta formal y con eso cierra el expediente sin investigar.

Robo de bebés y apropiación

El padre de Gladys Castro de Domínguez presentó un habeas corpus por su hija en febrero de 1978. Ella había sido secuestrada la madrugada del 9 de diciembre de 1977 junto a su compañero, Walter Domínguez. El padre de Gladys informó en la denuncia que su hija estaba embarazada de seis meses en el momento del secuestro. Por lo tanto, al momento de presentar el habeas corpus, su nieto debería tener ocho meses de vida. Pidió que se oficie la Secretaría del Menor y la Familia, a hospitales, a la Casa Cuna y a los juzgados correccionales de menores. El 20 de marzo el ex juez Petra rechazó el pedido con los argumentos que le brindó el ex fiscal Romano, sin oficiar a ninguna institución para averiguar dónde estaba el niño.

Claudia Domínguez, hija de Gladys y Walter, es la nieta recuperada 117. Recuperó su identidad en octubre del 2015. Sus abuelos, aquellos que presentaron los habeas corpus, ya habían muerto.

Responsabilidad civil

El desarrollo de la querella implica pensar que, como explicó Salinas en su alegato, “las instituciones políticas del Estado se unieron en función de un plan criminal”. Entonces, Romano, Petra, Miret y Carrizo formaron parte voluntariamente de la estructura que llevó adelante los crímenes de lesa humanidad.

Cuando se habla de plan sistemático de exterminio se suele pensar en las fuerzas represivas. Este juicio muestra que los jueces (y podríamos agregar, con la misma lógica a la prensa y a los empresarios) fueron parte fundamental en el sistema de genocidio.

Juan Mattio – @juanmattio

Foto: Alfredo Ponce / Télam