Derechos Humanos

3 febrero, 2016

Represión en Bajo Flores: un silencio de 96 horas

Este martes terminó de estallar la versión oficial respecto de la represión a la murga en el Bajo Flores con una denuncia penal de la Procuvin, un pedido de informe del CELS y diversas repercusiones mediáticas. El silencio institucional del Ministerio de Seguridad con el que se pretendía encubrir el desborde represivo había durado 96 horas.

Este martes terminó de estallar la versión oficial respecto de la represión a la murga en el Bajo Flores con una denuncia penal de la Procuvin, un pedido de informe del CELS y diversas repercusiones mediáticas. El silencio institucional del Ministerio de Seguridad con el que se pretendía encubrir el desborde represivo había durado 96 horas.

Después de cuatro días, el Ministerio de Seguridad dejó de oscilar entre diferentes versiones y el silencio. Este martes publicó en las redes sociales el comunicado “Queremos que sepas cómo estamos llevando adelante la investigación”. Las acciones ministeriales detalladas se atienen a una lógica elemental: preguntarle a los vecinos qué pasó. Hasta ese momento, la versión oficial se sostenía en el relato único de las fuerzas de seguridad.

La denuncia penal

El martes al mediodía la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo de Miguel Palazzani, realizó una denuncia penal contra los miembros de la Gendarmería Nacional que participaron en la represión en Bajo Flores el viernes por la noche. El Jugado Nacional de Instrucción N°22, a cargo de Guillermo Rongo, quedó a cargo de la causa y la investigación será llevada adelante por la Fiscalía N°43, a cargo de Carlos Belarde.

“Los testimonios son muy claros -explicó Palazzani a Notas– y coinciden en la ferocidad y la irracionalidad con las que se manejaron los miembros de las fuerzas de seguridad. Manejamos una hipótesis diferente a la del Ministerio. Nosotros buscamos las pruebas en el territorio, tomando testimonio a las víctimas y a los vecinos. Con esas medidas probatorias armamos nuestra hipótesis y sugerimos al fiscal que interviene en la causa una serie de medidas de prueba de manera urgente”.

Uno de los testigos acercó a la Procuraduría seis cartuchos de color verde, tres casquillos dorados (posiblemente de pistola 9 mm) y 25 postas de goma. El vecino afirmó que los levantó del piso cuando terminó el ataque. La denuncia presentada por la Procuvin recomienda “la investigación de la cadena de mandos de la fuerza en el marco del operativo Cinturón Sur”.

Palazzani sostuvo que “las balas de goma se usaron desde una distancia en las que son letales, de modo que lo que estamos denunciando son hechos muy graves”. Durante el día lunes, mientras la mayoría de los medios variaban su relato y el Ministerio de Seguridad pasaba de la foto con los gendarmes en el Hospital Churruca al silencio, la Procuvin tomaba testimonios a las víctimas en el Bajo Flores.

El CELS pide información

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó un pedido de informes a la cartera ministerial a cargo de Patricia Bullrich. Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia institucional del CELS, explicó a Notas: “Estamos pidiendo que nos informen qué se va a hacer para investigar lo que pasó, si ya se iniciaron sumarios y si los gendarmes que participaron están identificados. Nuestro documento también expresa preocupación no sólo por el hecho en sí mismo, que ya es grave, sino también por la tardía reacción, casi cuatro días después, y sin comunicación oficial”.

En la perspectiva de este organismo lo preocupante es que, sin ninguna investigación, se descartara durante casi cuatro días la versión de los vecinos. “El lunes llamamos durante todo el día al Ministerio, nos costó muchísimo comunicarnos y cuando logramos hablar con la Dirección de Violencia Institucional nos dijeron que no estaban interviniendo en el caso”, agregó Tufró.

Silencio y versiones

La represión a la murga fue el viernes a la noche. El sábado se puso a circular una historia paralela. La edición digital de Clarín titulaba “Dos gendarmes fueron baleados durante un operativo en la 1-11-14” y explicaba que fueron atacados al ingresar al barrio para secuestrar dos autos robados.

El domingo, a las tres de la tarde, la cuenta oficial de Patricia Bullrich en Twitter decía: “Vamos a defender a todos los efectivos, no dejaremos que los ataquen con tanta impunidad”. Y se mostraba en una serie de fotos junto a los dos gendarmes heridos en el hospital Churruca.

Ese mismo día, el portal ABC en línea publicó una nota con fotos de los niños baleados, un video del momento en que empieza la represión y testimonios de los vecinos. Al mediodía del lunes la Televisión Pública mostró el video de la represión e informó que la Procuvin estaba recolectando denuncias de los vecinos.

El silencio del Ministerio de Seguridad empezó a resquebrajarse esa noche, tres días después de la represión. En la fan page de la ministra los usuarios comentaban indignados las fotos de su visita al Churruca y compartían las otras fotos, las de los niños lastimados. Ante lo cual Bullrich respondió: “Estoy evaluando cuál fue el accionar de la fuerza para proceder en consecuencia. Acá se trata de construir juntos, y si hubo responsabilidad policial accionaremos. Estoy del lado de la unidad, del diálogo y el respeto”.

El lunes a la tarde, La Nación publicó una noticia con el título “Investigan represión contra una murga de chicos en la villa 1-11-14 de Bajo Flores”, con el testimonio del director de la murga. Pero esa misma noche volvió a modificar la línea editorial: “El Gobierno niega que gendarmes hayan baleado a chicos de una murga en la villa 1-11-14”. El artículo volvía a la versión oficial y citaba fuentes del Ministerio de Seguridad: “La Gendarmería Nacional fue hasta la villa 1-11-14 a recuperar cuatro autos robados pero fueron recibidos a balas de fuego. Ningún chico resultó herido en ese procedimiento”.

Finalmente, el martes por la mañana Tiempo Argentino, Página/12, Clarín y Diario Popular incluyeron fotos o títulos sobre la represión en sus ediciones impresas. Hasta La Nación tituló con “Disparos en la villa 1-11-14” un pequeño recuadro de su tapa. La crónica de Clarín ocupaba una página y media y se centraba, esta vez, en el testimonio de los vecinos, las acciones de la Procuvin y el comunicado del CELS. Después de esta reacción, la versión oficial ya era insostenible. La agencia de noticias DyN informó el martes a las 18.30 que “el gobierno va a iniciar una investigación sobre la represión a la murga en Bajo Flores” y pedía “ir a fondo”.

La situación represiva

La lógica del encubrimiento supone ganarle de mano a las denuncias. Poner a circular una versión paralela que confunda y quite legitimidad a las víctimas. Lo que pasó el viernes es un ejemplo extremo de esa lógica. El tiempo que media entre la versión que dieron las fuerzas de seguridad y la investigación del Ministerio de Seguridad es asombroso. 96 horas. Si miramos al futuro, la política de vaciamiento que enfrenta el Programa Uso Racional de la Fuerza (que depende del ministerio en cuestión y se dedica a recoger testimonios de fuentes alternativas) no permite esperanzas.

Lo que queda claro es que la situación empeora día a día. Porque a las requisas arbitrarias que lleva adelante la policía, autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, hay que sumarle la detención política de un dirigente social en Jujuy y la represión a trabajadores despedidos o en huelga.

En este panorama, el ataque a la murga «Los Auténticos Reyes del Ritmo» confirma que el clima represivo se profundiza. Y la reacción tardía y oscilante del Ministerio de Seguridad es un mensaje institucional que puede interpretarse como una habilitación al accionar de las fuerzas. Como afirma el comunicado del CELS: “La falta de pronunciamiento público de las autoridades políticas sobre este hecho equivale a una convalidación de los disparos efectuados contra los vecinos, muchos de ellos adolescentes y niños”.

Juan Mattio – @juanmattio

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