Estado y empresarios: el doble límite impuesto a las paritarias

Por Federico Dalponte. A veces el contexto es todo. Incluyendo la revisión casi forzada de algunas decisiones ya tomadas, el nuevo gobierno tuvo ciertas contramarchas en diversos órdenes, aunque siempre se mantuvo firme en una: la política de reducción de personal.

Lo paradójico, sin embargo, es que lo que pretendió ser una revisión paulatina de los contratos del Estado, terminó convirtiéndose en una máquina generadora de miles de telegramas de despido.

Sumado a ello, el segundo contrasentido emerge al analizar las razones que llevaron al gobierno a forzar esos despidos, precisamente, en medio del verano, a apenas un mes del decreto que estableció la renovación automática de los contratos y cuando además la mitad de los trabajadores de la administración se encuentra de vacaciones.

¿A qué viene esto? Pues a la necesidad de encontrar una razón lógica que explique con qué herramientas pretende ahora el presidente ponerle un tope del 25% a las paritarias cuando ya devaluó la moneda en un 40%, facilitó aumentos en alimentos por más del 30% e incrementó el valor de las tarifas de servicios en un 300% o más.

Con una devaluación definitivamente menor a la de diciembre pasado y con todos los servicios subsidiados, en 2014 el promedio de paritarias cerró en torno al 30%. ¿Por qué habría de ser menor ahora que el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo tan drásticamente comparado con años anteriores?

Eso mismo –uno supone– habrá pensado el gabinete económico-empresarial del nuevo gobierno. La ola de despidos masivos en la administración pública no sólo pretendió imponer miedo entre los gremios estatales, sino que fue un mensaje de complacencia para que los privados continúen el rumbo marcado: un gobierno que pretende achicar su déficit presupuestario a través de la reducción masiva de personal mal puede exigirle a las empresas que garanticen los puestos de trabajo.

Y naturalmente, tan acostumbrado a captar las señales que emiten los nuevos tiempos, el empresario medio argentino actuó en consecuencia: despidos o amenazas en Bayer, en Sadesa, en Tecpetrol, en Cerámica San Lorenzo, en Cresta Roja, en Austral Construcciones y siguen las firmas.

En suma, los empleadores públicos y privados de la Argentina comenzaron ya en enero a negociar las condiciones de labor para el próximo año. Previendo que los sindicatos reclamarían con argumentos la recomposición de sus salarios esmerilados, golpearon primero, golpearon fuerte, golpearon duro y con la complacencia del Ministerio de Trabajo.

Arriba de la mesa de negociación

Por supuesto que hay gremios más numerosos, pero la paritaria nacional docente abre el año marcando la pauta de lo que vendrá. En pleno cuarto intermedio de las negociaciones iniciadas la semana pasada, los representantes sindicales evitaron ser tajantes con los porcentajes, pero los reclamos tienen un piso no menor al 30%.

De lo que se acuerde, se dispararán las negociaciones provinciales con la consabida necesidad de arribar a un acuerdo antes del inicio de las clases. Al piso salarial docente que dejen las negociaciones abiertas con el ministro de Educación nacional Esteban Bullrich, se le sumarán las paritarias provinciales y luego recién la puja de los principales gremios del sector privado.

En ese sentido, Hugo Moyano, Antonio Caló, Luis Barrionuevo, Hugo Yasky y Pablo Micheli se pronunciaron, cada uno a su tiempo, descartando de plano la posibilidad de respetar el techo pretendido por Mauricio Macri.

Allí, precisamente, es donde se vuelve evidente la estrategia del gobierno. En el rigor de la mesa de negociación estarán también los puestos perdidos o los amenazados, y no puede descartarse que ello sirva como moneda de cambio. Nadie, sin embargo, expuso hasta ahora la extorsión de manera más clara que Alfonso Prat Gay: «Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleos».

Días atrás, Pablo Micheli anunció que pedirá acordar la prohibición de despidos por al menos un año; eso el Estado-empresario no lo negociará gratis. Sinrazones de la historia, la última oportunidad perdida en ese sentido fue en 2014, cuando el diputado Héctor Recalde presentó un proyecto para prohibir los despidos injustificados. Ni el gobierno ni los principales dirigentes sindicales lo respaldaron aquella vez.

Sea como sea, y para colmo de abusos y males, como si no bastara con la presión ejercida durante todo el mes de enero, el gobierno cuenta con una herramienta que nadie ha pretendido utilizar antes, pero que no puede descartarse de cara al futuro: la renuencia del Ministerio de Trabajo a homologar acuerdos que no acaten sus expectativas.

Triaca, «la cara amable»

Hubo tiempos en los cuales hubiese sido posible discutir otras reivindicaciones gremiales además del aumento salarial anual. Seguramente los nuevos años no serán así.

En una reciente entrevista al diario español El País, el ministro de trabajo Jorge Triaca –calificado como «la cara amable» del gobierno– respondió “no tenemos esos datos” cuando le preguntaron por los “diez mil despidos” en la administración pública.

Con igual amabilidad, respondió a su turno «no ver» un aumento de la inflación que pudiese justificar aumentos salariales mayores al techo pretendido por el gobierno. “Se aceleró en noviembre-diciembre, pero en enero está a la baja”, dijo con cara amable Triaca, dos días antes de que el gobierno anunciara la triplicación de la tarifa de electricidad.

Ese hombre, Jorge Triaca, el que no ve los despidos en el sector público ni el alza de los precios, es quien se sentará a terciar en el marco de las próximas paritarias. Los acuerdos no deben violar el interés general, dice la Ley 14.250, y hoy el apoderado legal del interés general es precisamente el ministro de Macri.

Si el gobierno cree que acuerdos salariales del 30% pueden frustrar sus metas inflacionarias, no puede descartarse la intervención del Ministerio de Trabajo para limitar la libre negociación. En esta ronda de paritarias, todo indica que los sindicatos tendrán que lidiar con la incómoda tarea de persuadir a los empresarios representantes de los empleadores y a los empresarios representantes del Estado.

@fdalponte