Bahía Blanca: reinicia el jury a Néstor Montezanti

Este lunes se retoma el jury al vocal de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Terrorismo de Estado.

El Consejo de la Magistratura había decidido en septiembre del año pasado que se abriera el procedimiento de remoción, suspensión y acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El proceso está en la etapa de alegatos y podría resolverse en los próximos meses.

De espía a camarista federal

Héctor Recalde y Miguel Ángel Piedecasas, quienes fueron designados por el Consejo de la Magistratura para llevar adelante la acusación, deberán desarrollar su alegato este lunes y después será el momento de la defensa. Una vez cerrada esa etapa, el jurado de enjuiciamiento tiene un plazo aproximado de diez días para decidir sobre la destitución de Montezanti.

En comunicación con Notas, el fiscal federal de Bahía Blanca, Miguel Palazzani, explicó que “los vínculos de Montezanti con la Triple A están probados. Como también está acreditado que fue personal civil del Destacamento de Inteligencia 181 durante la dictadura y que cobraba un sueldo equivalente al de Teniente Coronel, lo que pone en evidencia su alto rango dentro de esa estructura”.

En 2003, cuando fue propuesto como camarista por el entonces presidente Eduardo Duhalde y aceptado por los miembros del Senado, Montezanti ocultó haber sido personal civil de inteligencia durante la última dictadura cívico-militar. Recién en el año 2010, con el decreto presidencial que ordenaba la apertura de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” en el período 1976-1983, se hizo pública la conexión entre el abogado y el Destacamento 181 de Inteligencia.

El jurado de enjuiciamiento está compuesto por siete miembros. Dos senadoras: Sigrid Elisabeth Kunath (FpV) y Silvia Elías de Pérez (UCR). Dos diputados: Alejandro Abraham (FpV) y María Soledad Carrizo (UCR); dos jueces: Miguel Caminos del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3; Omar Osvaldo Paulucci del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N° 1 y el abogado neuquino Santiago Pini. Tanto la Unión Cívica Radical como el Frente para la Victoria habían sido favorables a iniciar el proceso de enjuiciamiento, por lo cual, la gran pregunta es cómo votarán las corporaciones. Porque para lograr la destitución se necesitan cinco votos, lo que equivale a decir, contar con el voto de Caminos, Paulucci o Pini.

Su participación como agente civil de Inteligencia

Montezanti ingresó en 1981 como “asesor universitario” al Destacamento de Inteligencia 181. Y entró recomendado por el ex coronel José Osvaldo “Balita” Riveiro, quien fue uno de los responsables del Plan Cóndor en Argentina.

Ante esta evidencia, Montezanti dijo en su defensa que su tarea consistía en asesorar sobre “desalojos y divorcios” a los miembros del Destacamento 181. “Pero esto insostenible porque él entró con un sueldo de Teniente Coronel y una calificación A1 de asesor universitario”, explicó Palazzani a Notas, “para tener una idea de lo que esto significa hay que decir que había un solo asesor de esa categoría en todo el área. También dice que durante los años en los que él fue asesor no hubo desaparecidos, pero está probado que en esos años se desarrollaron tareas de Inteligencia a los familiares de los desaparecidos y, en última instancia, el delito de desaparición forzada es un delito permanente. Entonces no es relevante que haya o no habido desapariciones en Bahía Blanca después de 1981 para imputarlo por ese delito”.

Reconocido por un sobreviviente

Montezanti fue citado por el juez federal Alejo Ramos Padilla a prestar declaración indagatoria en tres oportunidades. Y en tres oportunidades faltó a la cita. Protegido por sus fueros, no pudo ser detenido aunque Ramos Padilla lo declaró en rebeldía en septiembre del año pasado.

El llamado a indagatoria está asociado, también, a su participación en la privación ilegítima de la libertad de Juan Riquelme, un militante la Juventud Peronista que en 1977 fue secuestrado y trasladado al Cuerpo V del Ejército. Ahí lo interrogaron y lo obligaron a firmar papeles bajo amenaza de muerte. Entre quienes lo interrogaron, Riquelme reconoció a Montezanti quien en ese entonces era el abogado apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica.

Sus vínculos con la Triple A

En 1975 Ramus Tetu, el rector interventor de la Universidad Nacional del Sur (UNS), armó una custodia personal integrada por Jorge Argibay, su hijo Pablo y Raúl Aceituno. La patota lo seguía a todos lados con las armas largas que el ejército había cedido a la intervención de la UNS.

El 3 de abril de ese año David Cilleruelo, militante de la Federación Comunista y parte de la dirección de la Federación Universitaria del Sur, estaba entregando volantes en los pasillos de la universidad cuando Jorge Argibay le pidió que se identificara. David no le respondió nada y empezó a caminar por el pasillo. Argibay le disparó ahí mismo, ante la mirada de estudiantes y profesores, un tiro en la nuca. Después dijo: “Pobrecito, se golpeó la cabeza contra la pared”.

Entre las pruebas que vinculan a Montezanti con la Triple A, está la solicitud de Jorge Argibay en la causa por el asesinato de David Cilleruelo, para ser defendido por el ahora camarista federal de Bahía Blanca. También existe documentación que prueba que un año después Montezanti intervino y logró el sobreseimiento de Pablo Argibay, hijo de Jorge y miembro de la patota, por portación de armas. A estos lazos, se suma el testimonio de estudiantes que identificaron al abogado entre la patota que ocupó, armas en mano, la Universidad Tecnología Nacional de Bahía Blanca en 1974.

Todos estos hechos están siendo analizados en el juicio penal por los 22 asesinatos cometidos entre 1974 y 1975 por la Triple A en esa ciudad y son también parte de la prueba que se presentó en el jury.

Dos procesos independientes

La causa penal por delitos de lesa humanidad y el jury son dos procesos paralelos e independientes. En uno se investiga la responsabilidad de Montezanti en los 22 homicidios que cometió la Triple A entre 1974 y 1975 en la ciudad de Bahía Blanca. En ese proceso nunca asistió a indagatoria, está declarado en rebeldía y sólo lo protegen sus fueros.

En el jury, en cambio, ya se transita la etapa de alegatos y pronto el jurado decidirá si este camarista merece ser destituido por sus actividades antidemocráticas y por “mal desempeño en sus funciones” tal cual presentó la denuncia el ex integrante del Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez.

Juan Mattio

Foto: Charo Larisgoitía / Infojus Noticias