Se reinició el juicio La Perla

El Juicio a la Perla transita su tramo final. Los alegatos de la fiscalía están desarrollando caso por caso de las más de 700 víctimas que incluyen en esta causa. En el proceso se juzgan los delitos de lesa humanidad cometido en la provincia de Córdoba en los centros clandestinos de detención Campo de la Ribera, Departamento de Informaciones de la Policía, Casa de Hidráulica, Puesto Caminero de la localidad de Pilar y, fundamentalmente, en el Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla.

Este miércoles 28, a partir de las diez de la mañana, el equipo del Ministerio Público Fiscal expuso los casos de los trabajadores de la IKA-Renault, el secuestro del primer desaparecido de la fábrica Grandes Motores Diesel, la persecución a los familiares y el robo abierto y sistemático a todas las víctimas. Los casos presentados en esta etapa del alegato corresponden a los últimos meses de 1975 y primeros meses de 1976.

La megacausa contiene más de 500 testimonios y ocupa 20 expedientes. Hay 44 imputados que esperan la resolución del Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba. Las dimensiones de la causa explican que un proceso iniciado el 4 de diciembre del 2012 todavía esté abierto y que la sentencia se espere recién para mediados de este año.

Los trabajadores de la IKA-Renault

Entre los hechos expuestos se contaron los secuestros de Carlos Juan Allende y su esposa María del Carmen del Bosco Allegre, Vicente Manuel Rivero y José Oscar Rodríguez, todos trabajadores de Industrias Káiser Argentina-Renault. Los secuestros sucedieron entre la madrugada del 15 de diciembre de 1975 y la noche siguiente.

Primero se llevaron a  Juan Carlos Allende y María del Carmen Bosco. Él tenía 24 años, era obrero metal-mecánico en IKA-Renault, estudiaba Derecho y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ella era estudiante de Psicología y estaba embarazada de dos meses.

Vicente Manuel Rivero fue secuestrado el 15 de diciembre a las siete de la tarde. Era dueño de la playa de estacionamiento donde trabajaba y había sido operario de la IKA-Renault. En un accidente de trabajo había perdido algunos dedos de su mano y con la indemnización se había puesto el estacionamiento. Su hermana, Encarnación Rivero, se enteró del secuestro por la esposa de Vicente. Al hacer averiguaciones en el arzobispado le respondieron: «Si se lo llevaron al Gallego, algo habrá hecho». Vicente era conocido en el ambiente católico de la provincia porque había sido seminarista y colaborador de Monseñor Angelleli.

En la noche del lunes 15 fue secuestrado Jorge Oscar Rodríguez. Tenía 25 años y también era operario de IKA-Renault. Su madre contó que al día siguiente encontró su casa saqueada. Las paredes y los muebles tenían orificios de bala.

La patota interviniente en la cadena de secuestros estaba integrada por agentes del Departamento de Información de la Policía de Córdoba (conocido como D2) y del área de inteligencia 141, bajo el control operacional del Ejército y del jefe de la Zona de Defensa 3, Luciano Benjamín Menéndez. En todos los casos fueron llevados al Centro Clandestino de Detención La Ribera y, en marzo de 1976, trasladados al CCD La Perla.

En 2013 los abogados querellantes de H.I.J.O.S. y Familiares aportaron, como prueba de la complicidad civil, actas notariales del 29 de mayo de 1976 que se encontraban todavía en el Colegio de Escribanos de Córdoba. En ellas quedaba certificada la respuesta de  la empresa IKA-Renault a un pedido de Menéndez de entregar «en el término de 72 horas» y por «requerimientos de seguridad» una lista con el domicilio de todos los trabajadores.

«Esto deja probado -dijo hoy la representante de la fiscalía- la complicidad civil de la dictadura y permite comprender cuál fue el motivo de toda la cadena de secuestros».

El primer desaparecido de Grandes Motores Diesel

Pedro Cirpiano Finger era delegado de su fábrica y miembro de la comisión interna de Grandes Motores Diesel. Fue secuestrado en la tarde del 27 de enero de 1976 en barrio General Paz. Había salido de una reunión sindical y la patota lo esperaba en el estacionamiento. Se lo llevaron en su propio FIAT 128 nuevo. Cuando el 128 apareció en la Seccional Sexta de la Policía de Córdoba, su esposa lo fue a reclamar. Le mostraron el auto lleno de panfletos del Ejército Revolucionario del Pueblo. «Mirá -le dijeron- en esto andaba tu marido». Ella sostiene que la escena estaba armada porque Pedro nunca llevaba ese tipo de papeles encima.

Finger era militante de la organización comunista Poder Obrero y había sido secretario adjunto del SMATA de René Salamanca. Después de su secuestro sus compañeros tomaron la fábrica y dieron a conocer la situación a los medios.

Antes le habían advertido que «a los Finger los vamos a matar a todos». Unos meses después, su hermano Luis Mario Finger, delegado del sindicato del caucho, también fue secuestrado y asesinado. La casa familiar fue allanada y robada en varias oportunidades, hasta que la madre tuvo que dejarla.

Uno de sus compañeros declaró que todos los integrantes de la Comisión Interna figuraban en listas para ser detenidos y que eso sólo era posible con la complicidad de los dueños de la fábrica.

La tortura, la muerte y también el robo

Uno de los casos que desarrolló la fiscalía fue el de Mirta Susana Riciardi y Miguel Humberto Caffani. Cuando los detuvieron, ella tenía 22 años y él 23. Se habían casado 40 días antes de ser secuestrados por la patota del CCD La Ribera el 23 de febrero de 1976.

Esa noche la patota allanó la casa de los padres de Mirta y se llevaron al hermano para obligarlo a identificar la casa del matrimonio. Según el testimonio de la familia, los represores nombraban a Mirta como la «delegada de Tiburoncito», uno de los primeros supermercados de la provincia. Un vecino, testigo de la causa, contó que pudo ver cómo eran sacados de la casa, golpeados y subidos a un auto.

El hermano de Miguel declaró que eran militantes de la Juventud Peronista y que creían en el socialismo cristiano. En marzo de 1976 fueron trasladados a La Perla. Una sobreviviente de ese CCD contó que pudo hablar con Mirta y ella le dijo: «Yo hace un mes y medio que estoy acá. Me trajeron con todas las cosas de mi casamiento. Todo. Los muebles, la ropa, los regalos. Si acá tienen hasta las fotos del casamiento y el vestido de novia».

No se conocen las circunstancias en que fueron asesinados.

La persecución a los familiares

Una de las coincidencias que permite ver el plan sistemático de exterminio primero y, después, la búsqueda de impunidad por parte de los represores, es la persecución a familiares y amigos de las víctimas que seguían presentado habeas corpus y denuncias ante diferentes organismos. Al allanamiento y robo constante de las casas familiares hay que sumarle, por ejemplo, el secuestro, amenaza y posterior liberación de Daniel Oscar Martínez en 1980.

Daniel es hermano de Orlando Alonso Martínez, secuestrado el 16 de diciembre de 1975 en su lugar de trabajo. Cinco años después del secuestro de Daniel le dijeron -si el padre no dejaba de hacer denuncias-: «Te vamos a limpiar a vos también».

El contexto político

Todos los secuestros analizados en la jornada por la fiscalía transcurrieron entre los últimos meses de 1975 y los primeros de 1976. Es decir, en el marco de la intervención que dispuso María Estela Martínez de Perón en marzo de 1974. Esto explica que los operativos aún aparecieran en la prensa gráfica e, incluso, que la Policía provincial recibiera las denuncias de los familiares.

En el mismo sentido se entiende el rol del CCD La Ribera, utilizado hasta el inicio de la dictadura militar de 1976. A partir de allí se abrió el centro de detención y exterminio más grande de los que funcionaron en el interior del país, conocido como La Perla.

Este jueves 28, a partir de las 10 de la mañana, continuarán las audiencias en el TOF Nº 1 de Córdoba.

Juan Mattio