Emergencia en Seguridad: permiten derribar aviones en la frontera

De acuerdo a lo que informó Presidencia de la Nación, el decreto tiene el objetivo de «revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico». La resolución, cuyo texto completo aún no fue publicado, incluye un fuerte control del espacio aéreo, aprobando la posibilidad de derribar a aeronaves no autorizadas.

Además de tipificar diversos delitos vinculados al narcotráfico, trata de personas, prostitución de menores, terrorismo y asociaciones ilícitas de distinta índole, la Emergencia Nacional decretada deja a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de «reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos».

Además, la resolución aprueba un conjunto de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya ejecución estará a cargo de las Fuerzas Armadas y levanta el secreto militar sobre las normas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial creadas en 2014. Este nuevo conjunto de «Reglas» estarán orientadas a «identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino», según informó el gobierno.

La capacidad de «hacer uso de la fuerza», es decir, de forzar a aterrizar o derribar a aeronaves no autorizadas en el espacio aéreo nacional, era una de las propuestas de Sergio Massa para combatir el narcotráfico. «Tenemos que tener una ley de derribos que ponga freno a la entrada de droga a la Argentina», dijo en reiteradas oportunidades.

La iniciativa había sido fuertemente criticada por el gobierno anterior y por algunos organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Nilda Garré, ex ministra de Defensa, por ejemplo, opinaba que se trataba de una medida «anticonstitucional». Garré explicaba, distinguiendo al espacio aéreo del resto de los ámbitos de transporte que  «la interceptación traducida en derribo de la aeronave provoca con casi total seguridad la muerte de los tripulantes».

«El Estado de Derecho, la preservación de la vida de quienes deban ser sometidos a la Justicia y el derecho de defensa en juicio, son también indispensables cuando se lucha contra el narcotráfico», remarcaba.

En el mismo artículo la ex ministra citaba a José Manuel Ugarte, que en la Revista de la Defensa N 2 afirmaba en el mismo sentido que en se trataría de “una ejecución sumaria sin forma de juicio». El especialista indicaba que «la aplicación deliberada de la pena de muerte a quienes continúan amparadas por la presunción de inocencia derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional, y que no pueden ser penados sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgados por comisiones especiales -como sería aquél a quien se atribuyera la facultad de dar la orden de derribo- ni privados de su derecho de defensa en juicio”.

Por su parte el CELS analizó en su Informe Anual 2015, en el apartado «Realineamientos punitivos en los debates sobre seguridad y las derivaciones en la política criminal» realizado por Paula Litvachky y Manuel Tufró que «la construcción de consensos políticos regresivos basados en simplificaciones carentes de diagnósticos rigurosos que no aportan a encontrar las soluciones de fondo» es «preocupante».

Este punto ocupa un lugar destacado en las consideraciones del CELS: «La ‘guerra contra el narcotráfico’ se presenta como una irrupción urgente que habilita, bajo un supuesto estado de excepción, propuestas retrógradas que combinan mayores atribuciones policiales con una agenda crecientemente militarizada, que incluye la movilización de recursos de las Fuerzas Armadas y debates sobre la legalización de la pena de muerte a través de una ley de derribo de aeronaves». De acuerdo al organismo, «la eficacia de estas políticas no está demostrada, y el paradigma de la llamada guerra contra las drogas está siendo revisado en todo el mundo».

Un caso que se ha transformado en paradigmático de los riesgos de una medida similar es uno ocurrido en Perú en 2001, donde un operativo conjunto de la Fuerza Aérea peruana, la Central de Inteligancia de Estados Unidos (CIA) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) derribó un avión en el que viajaba una familia de misioneros norteamericanos y un piloto. Verónica Bowers y su beba de siete meses perdieron la vida. Luego se conoció que el operativo había sido un error, ya que no había ningún elemento ilegal en la nave, pero por un problema de comunicación el avión fue derribado.

El CELS advertía también que «el modo súbito en que se toma la decisión y los factores tecnológicos involucrados, da amplio lugar a cometer errores”.

El antecedente en suelo argentino es muy puntual. En 2005, durante la Cumbre de las Américas, el entonces presidente Néstor Kirchner estableció normas de seguridad específicas durante tres días que incluían la capacidad de derribo de aviones no autorizados por el tiempo que se desarrollaba el encuentro continental de presidentes.

Las nuevas medidas que componen la Emergencia en Seguridad Pública incluyen además de las mencionadas la autorización al Ministerio de Seguridad, a cargo Patricia Bullrich, de convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, que «no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias».

Crea también el Gabinete de Seguridad Humana que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia y establece que el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial un convenio para «interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales», y tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.

A partir de la norma, se crea el “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” de forma permanente, e informa que se adoptarán inmediatamente las medidas para «dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera». Esto incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo.

Lo detallado consiste en la información publicada en el sitio web gubernamental, aún resta analizar el texto del decreto y sus implicancias, cuando sea publicado en el Boletín Oficial.