Venezuela: la directiva de la Asamblea Nacional viola los fallos judiciales

El Tribunal Superior de Justicia venezolano impugnó la asunción de tres diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esta resolución le hace perder la mayoría calificada de dos tercios. En caso de no ser reconocido el fallo se podrían impugnar todas las leyes votadas en la nueva Asamblea Nacional.

Denuncia por compra de votos

El conflicto comenzó el 9 de diciembre en el programa Con el Mazo Dando -que conduce el diputado y dirigente chavista Diosdado Cabello- cuando se presentó un audio en el cual Carlos Hermoso Conde (secretario general del partido Bandera Roja) habla con un personaje identificado por su alias «Pollo» -que trabajaba en Palacio de Miraflores- dando cuenta de la entrega de hasta diez mil bolívares por voto.

Posteriormente apareció también un audio en el que se encuentra involucrada la secretaria de la gobernación de Amazonas, la opositora Victoria Franchi, describiendo una operación similar. En este audio se complementaba la operación con miembros de la MUD que ingresaban a votar junto a personas de la tercera edad para verificar que a quienes se les pagaba por su voto lo hagan por la coalición opositora.

En la conversación se llega a hablar de compra de «votos de muertos» que aún figuraban en el padrón. Por esa razón, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) exigieron una auditoria de las huellas dactilares de las mesas electorales de Amazonas.

La oposición no respeta las resoluciones judiciales

Luego de las denuncias el 29 de diciembre los candidatos chavistas de siete circunscripciones presentaron pedidos de impugnación de los resultados ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El poder judicial consideraró improcedente seis de las siete impugnaciones.

Aquélla que sí ha tenido curso corresponde a cuatro diputados electos en Amazonas. De acuerdo a la resolución judicial provisionalmente se suspendía la proclamación y la adjudicación de esas representaciones que de acuerdo a los resultados provisorios tres de ellas pertenecían a la oposición y una al chavismo.

De esta forma el 5 de enero debían asumir 109 diputados de la MUD y 54 del Gran Polo Patriótico (que incluye al PSUV y aliados) respetando la resolución judicial. Pero en el primer día de funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional, los dirigentes de la MUD hicieron jurar a sus tres diputados violando la resolución del Tribunal Superior de Justicia.

Ante esta situación desde el PSUV iniciaron acciones legales ante el Tribunal Superior de Justicia contra la junta directiva de la Asamblea Nacional. La sala electoral del tribunal supremo declaró el día lunes como procedente la denuncia del chavismo, señaló que la decisión de la nueva directiva de la Asamblea Nacional de juramentar a esos diputados esta desacatando el fallo judicial previo y que debe ser dejada sin efecto la asunción de los tres asambleístas.

¿Qué puede pasar con el desacato opositor?

El día lunes Diosdado Cabello declaró en conferencia de prensa ante que “la Asamblea Nacional se convierte en un foro de debates no de toma de decisiones. Todas las decisiones que tomen con la presencia de estos diputados de Amazonas son nulas; se declara en desacato no sólo los tres diputados sino la directiva del Parlamento”.

Desde la oposición Jesus «Chuo» Torrealba, en su condición de secretario general de la MUD, sostuvo este martes en conferencia de prensa que «la decisión del TSJ se traduce en una guarimba judicial en contra del pueblo». Las llamadas «guarimbas» hacen referencia a los cortes de calles y atentados que la misma oposición promovió durante los últimos años.

La capacidad de acción de la MUD en la nueva Asamblea Nacional dependerá de los resultados de la querella judicial en torno a los tres diputados de Amazonas. En caso de que estos no puedan ejercer esas representaciones tendrá una mayoría calificada de tres quintas partes de la Asamblea Nacional y no una mayoría calificada de dos tercios (para los que necesita tener los 112 diputados).

Asimismo la MUD no podría someter a referendo tratados internacionales o proyectos de ley, no podría remover a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia y tampoco modificar leyes orgánicas. Por otro lado, el desconocimiento de las resoluciones judiciales, de parte de la nueva directiva de la Asamblea Nacional podría conducir a la nulidad de todas las leyes que allí se voten según lo establece la Constitución.

Lucas Villasenin – @villaseninl