«El crimen organizado en Argentina es gerenciado por las fuerzas de seguridad»

María del Carmen Verdú, abogada y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dialogó con Radio Sur para analizar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, los nuevos lineamientos en seguridad del gobierno de Mauricio Macri y el caso de la fuga de los tres presos del crimen de General Rodríguez.

– ¿Que supone para la población el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)?

– Por lo pronto lo dijo el presidente Mauricio Macri al firmar el acuerdo de traspaso cuando señaló que a partir de este proceso una buena parte de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, es decir las 53 comisarías porteñas de la Federal, sus agentes, el personal de calle, la División de Bomberos, van a pasar a formar un solo organismo junto con la Policía Metropolitana.

El presidente hasta se tomó la franqueza de decir que hasta ahora tuvieron la posibilidad de coordinar y tener «muy buenos resultados» y que ahora que son «un sólo equipo» será aun mejor.

Esas instancias de coordinación entre la Federal y la Metropolitana nos costaron los tres muertos del Parque Indoamericano, nos costaron los trabajadores de prensa heridos el 13 de marzo de 2013 en el intento de desalojo de la Sala Alberdi, nos costaron la represión en el Hospital Borda.

Solo para poner tres ejemplos concretos donde se dio en el terreno esa coordinación al punto que en todos ellos hay imputados en causas penales de ambas fuerzas.

Entonces como dijo el presidente muy orgulloso, imaginémonos ahora el nuevo escenario que ya no se va a tratar de una coordinación entre dos fuerzas dirigidas por signos políticos adversarios, sino un comando unificado para la represión.

– ¿Considerás que va a ser un año donde se van a repetir casos como el de la represión a Cresta Roja?

– La represión de la Gendarmería a Cresta Roja fue nada más que un botón de muestra de lo que sabemos que va a seguir sucediendo no solamente a través de la represión directa sino también legitimada por distintas instancias legislativas o por decreto.

Así fue anunciado con este protocolo para controlar la protesta que no es otra cosa que la revivificación de las leyes antipiquetes que el kirchnerismo no pudo llevar adelante aun cuando el 1 de marzo de 2014 se manifestó el consenso de todas las bancadas patronales ante el planteo hecho por la presidenta Cristina Fernández en su discurso de apertura de sesiones.

Macri no se va a preocupar por buscar consenso legislativo. Ya dijo que este protocolo va a salir por decreto, como por decreto ha dictado la declaración de emergencia en seguridad.

En esa primera semana de gestión del macrismo tuvimos tres claras señales -además del ejemplo de Cresta Roja- de cómo se va a orientar la política represiva.

No pasó una semana desde que juró el presidente cuando se produjo la primera reunión del Consejo de Seguridad Interior con la totalidad de los ministros de Seguridad de las provincias y los jefes de las fuerzas federales. En ese marco, cuando terminó la reunión, una eufórica Patricia Bullrich hizo tres anuncios: uno fue la declaración de la emergencia en seguridad; el otro el del protocolo para controlar las protestas; y el tercero la elevación al estatus de Secretaría de Estado a la Secretaría de Seguridad Interior.

Ese es un trípode donde se va a apoyar esta represión frente a las luchas que va a traer el ajuste que ya estamos sufriendo. Y además cada uno apunta a facilitar la tarea represiva del aparato estatal.

– ¿Que implicancias concretas tienen estas tres «patas» de la política de seguridad planteada por el nuevo gobierno?

– La declaración de emergencia en seguridad tiene como consecuencia directa que los poderes ejecutivos de todo el país tienen la posibilidad de utilizar facultades extraordinarias para cualquier tipo de decisión vinculada con la caja, cambio de partidas presupuestarias, contrataciones directas sin licitación. Lo declaró el propio Eugenio Burzaco: «Esto nos va a permitir no esperar los pasos burocráticos». Esos pasos burocráticos son los mecanismos de control.

Por otro lado el protocolo respecto de las protestas ha sido claramente definido al decir que va a permitir la intervención directa de las fuerzas de seguridad sin tener que esperar los mayores tiempos que requiere una intervención judicial.

Y finalmente la elevación de estatus de la Secretaría de Seguridad Interior -que es el organismo que nuclea la conducción de las cuatro fuerzas federales- marca cuál es la prioridad del gobierno. No quiere tener esa secretaría en un nivel ministerial sino directamente dependiente de la Presidencia lo que, en la práctica, le da un nivel de Ministerio.

– Frente a esta orientación política represiva que vos estás describiendo ¿Cómo se actúa? ¿Qué se hace para enfrentarla?

– El escenario que se nos viene por delante con medidas económicas que ya están generando un impacto fuerte en el bolsillo del trabajador, con promesa de tarifazos, necesariamente va a generar una mayor necesidad de lucha y resistencia.

Frente a eso sabemos que vamos a tener que enfrentar estas nuevas formas represivas mucho más eficientes. Lo que suceda a partir de allí va a depender mucho de la fuerza y la unidad con que seamos capaces, desde el campo popular, de oponernos.

Si persistimos en no darle a la necesidad de unidad de acción la importancia estratégica que tiene en esta etapa, viviremos una nueva derrota. Si somos capaces de generar a partir de esta situación, nuevas instancias de coordinación para poder enfrentarnos como un solo puño, puede ser que llevemos adelante una resistencia que dé frutos.

– Cambiando de tema queríamos preguntarte sobre lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con la fuga de los autores del triple crimen de General Rodríguez. La gobernadora María Eugenia Vidal sostiene que parte de la Federal y parte de la Bonaerense le están jugando en contra y apuntan a Aníbal Fernández ¿cómo analizas vos la situación?

– Acá no estamos viendo el pretendido autogobierno de las fuerzas de seguridad porque el aparato represivo es dirigido por el poder político, aunque no siempre ese poder esté repartido de manera uniforme en relación a los cargos. Además por supuesto hay internas.

Cuando gobernaba la provincia Daniel Scioli, cada vez que aparecía algún escándalo que vinculaba a sus jefes policiales o penitenciarios, salía a decir que le estaban haciendo una operación. Eduardo Duhalde dijo «me tiraron un muerto» cuando apareció el cadáver de José Luis Cabezas. La propia Cristina Fernández dijo que el asesinato de Mariano Ferreyra era una operación.

Entonces lo que vemos acá es la repetición de un discurso que busca correr las propias culpas. No nos olvidemos que la Policía Bonaerense había tenido ya un cambio de cúpula con la designación del responsable de la masacre de Ramallo, Pablo Bressi, como jefe de la fuerza apenas asumió Vidal. Por lo que en teoría se generó una cadena de mando que reportaba a ella y no a fantasmas del pasado.

Que la policía tenga lazos con el narcotráfico es muy comprensible si partimos de la base de que el crimen organizado en la Argentina es gerenciado por el aparato represivo, por las fuerzas de seguridad que reportan a sus mandos políticos.

Hace unos meses se hizo una audiencia en la Corte Suprema pedida por el Sindicato de Policías de la provincia de Buenos Aires -esta agrupación facciosa que ellos denominan sindicato como si fueran trabajadores- donde el abogado de este gremio, llevado por el ímpetu de su intervención para convencer a los jueces de que legitimen la existencia del sindicato dijo «esto nos va a permitir resistir las ordenes ilegales».

«¿Que órdenes ilegales?», le preguntó Juan Carlos Maqueda. Y el tipo respondió que muchas veces el poder político, indistintamente de cuál sea, les da órdenes que tienen que ver con la protección del narcotráfico, la trata de personas, robos, etc.

Una hubiera esperado que a los jueces se le volaran las pelucas porque allí estaba el representante de los policías diciendo que el poder político le ordenan cometer delitos. «Ah bueno», respondió Maqueda y siguieron como si nada.

No descubrimos América si decimos esto. Solo un marciano puede estar sorprendido con esta saga de los Lanatta y Schilacci.