Decreto 254: ataque al empleo público y la necesidad de la unidad para resistir

Por Sebastián Tafuro*. Los medios de comunicación hegemónicos se han encargado en los últimos dos años por lo menos de desarrollar una campaña sistemática contra el empleo público, instalando en el sentido común la idea de que en el Estado hay un «aguantadero de ñoquis«, que es necesario un «achicamiento» del mismo ya que se visualiza un gasto excesivo y que la militancia política -centrada sobre todo en La Cámpora- ha encontrado un «refugio» con el objetivo de ejercer una resistencia al nuevo Gobierno desde las sillas de las oficinas.

En las semanas posteriores al ballotage esta avanzada mediática se ha profundizado y ha encontrado un eco concreto en la política que se dispone a ejercer el macrismo, a través del recientemente creado Ministerio de Modernización (copia fiel de lo realizado en la Ciudad de Buenos Aires), contra los y las estatales.

El decreto 254, publicado esta semana en el Boletín Oficial, coloca bajo la mira a todo el personal de la Administración Pública Nacional, sometiendo a diferentes tipos de revisiones según las contrataciones y la antigüedad de los empleados. Lo que Andrés Ibarra, el Ministro a cargo de la cartera (una especie de supra organismo que establece una “bajada de línea” similar para todos los Ministerios), anticipó la semana pasada se convirtió en reglamentación, al estilo que nos ha acostumbrado el nuevo Gobierno desde su asunción.

La realidad es que el Estado creció a lo largo de los doce años de gestión kirchnerista. Es un dato incuestionable. Ahora bien, desde una visión de fuerte contraste con la lógica que se quiere imponer hay que señalar dos aspectos positivos de ese crecimiento. Uno es el hecho de que ese despliegue estatal, y por ende la incorporación de trabajadores y trabajadoras de carne y hueso a diversas tareas, significó en líneas generales un aumento de las funciones, pensadas en clave de inclusión social. “Soy estatal, mi trabajo son tus derechos”, resumía la bandera gigante de ATE-Ministerio de Trabajo (que ilustra esta nota) en la importante movilización que se llevó a cabo el martes. El otro tuvo que ver con sostener una baja tasa de desocupación –en términos comparativos con otras épocas– ubicando al sector público como un generador genuino de empleo frente al estancamiento del sector privado, proceso experimentado de mínima en los últimos tres años.

La gran pregunta al ingeniero Macri en este caso sería: ¿si se avanza en despidos los va a absorber el sector privado o aumenta la desocupación en la Argentina?

Por supuesto que un balance completo nos obliga a remarcar una de las herencias más complicadas del kirchnerismo para los trabajadores: los alarmantes niveles de precariedad laboral que existen en una buena parte de las áreas del Estado. Así se creó empleo y, más cuestionable aún, así se lo sostuvo en el tiempo. El largo y engorroso proceso de concursos que fuera iniciado este año para pasar a Planta Permanente ni llegó a completarse en muchos lugares debido a los tiempos burocráticos que éstos requieren. Sobre este escenario, que poco le importa a las corporaciones mediáticas y al espacio político que a ellas responde, es que se monta la administración de Cambiemos para ahondar esa precarización y aprovechar los marcos legales (y no tanto) que tiene a mano de cara al recorte que tiene planeado.

Si entraste en 2013 al artículo 9 de la Ley Marco te renuevan por tres meses. Ni consideran que quizás venías trabajando como monotributista varios años antes. Si después de 15 años de trabajar en el Estado pudiste concursar este año el cargo que, en verdad, venís desempeñando hace rato y tu designación no salió, van a someterte a seguramente seis meses de espera para ver si el proceso no tuvo ningún viso de irregularidad (¿y quien determina la misma?). Si tenes firmado uno de esos contratos de locación de servicios con alguna Universidad que nunca pisaste y facturas todos los meses, el panorama aparece aún más complejo y con más niveles de arbitrariedad que las otras situaciones exhibidas.

Así podríamos continuar, pero con esos casos alcanza y sobra para graficar la potencia de ese decreto, de carácter durísimo respecto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras estatales. Construido el consenso social para avanzar sobre ellos, ahora sólo queda la ejecución del plan. Y otra gran pregunta que surge en este momento es: ¿que implica la revisión de los contratos, de las designaciones y de los concursos que quedaron sin concluir? Por ahora no parece haber respuesta ni hay detalles al respecto, pero algo huele mal en esa palabra y en las características que podría asumir ese proceso.

Unidad, unidad y más unidad. No es un mantra que deba repetirse incesantemente, sino la consigna que nos debe guiar en la práctica para enfrentar esta furiosa embestida. La etapa requiere dejar mezquindades de lado y salir a dar las peleas con los mayores niveles de confluencia posible. En cada lugar de trabajo, pero sobre todo en la calle, una de las claves para disputarle a una derecha dispuesta a todo y que, en sus primeros 20 días de gobierno, no ha titubeado ni un instante.

@tafurel

* Delegado gremial de la Junta Interna de ATE – Ministerio de Economía