Once, convertir el dolor en justicia

Por Juan Manuel Erazo. El 22 de febrero del 2012, la formación N° 3772 de la Línea Sarmiento colisiona contra los paragolpes de contención del andén 2 en la Estación Once, produciendo la muerte de 51 personas. A 30 cuadras, tres años, diez meses y siete días, en los tribunales de Comodoro Py se dicta la sentencia para los principales responsables del accidente. Ya hay justicia, todos lo saben, el empresariado al volante mata.

Pasadas las 8.30 de aquel 22 de febrero, millones de trabajadores y trabajadoras sentían como el aire se tornaba más denso, esa densidad que genera la muerte cuando pasa tan cerca.

Se sucedían los llamados, los mensajes de preocupación, asegurarse que en ese tren no haya familiares, amigos. Y se insultaba, casi al unisonó, al Estado, a las empresas. Lo que había sucedido era un crimen contra la clase trabajadora.

Un crimen de clase

El empresariado desprecia a la clase trabajadora. El neoliberalismo, como máxima expresión de los intereses del capital, disminuye al Estado remplazándolo por empresas y/o corporaciones. La “eficacia” es la principal excusa para lograr esta transacción, reforzando la idea de que el Estado es propenso a la corrupción y el empresariado tiende a optimizar. En este procesos, el criterio de “servicio y/o bien público” es remplazado por el de ganancia y lucro privado.

Trenes de Buenos Aires (TBA) fue la empresa que explotó, en régimen de concesión, la operación del servicio de pasajeros en las líneas Mitre y Sarmiento a desde 1995. La empresa fue fundada específicamente para esta labor, siendo parte del Grupo Plaza, una corporación de transportes públicos y uno de los grupos multinacionales y económicos más importantes de Argentina, al mando de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano.

Las venas de acero de la nación se desgastaban entre clausuras de ramales y polémicas concesiones. Durante los primeros años de la “década ganada”, aquella pesada “herencia” (mejor dicho, lógica) neoliberal, pasó como por un caño sin que nadie la cuestione. En 2004, el deterioro del material rodante y las malas condiciones en la prestación del servicio en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur (a pesar de los cuantiosos subsidios estatales asignados) llevaron al gobierno nacional a quitarle la concesión a la empresa Metropolitano mediante el decreto 798.

Lejos de pensar en un cambio estructural, de cuestionar la lógica de concesiones implementada en los años del menemato, lejos de escuchar las miles de quejas de los usuarios en los diferentes ramales de la zona metropolitana, el Estado concesionó nuevamente los ramales, esta vez a UGOFE, una empresa conformada por Ferrovías, Metrovías, TBA y el Estado (que pagaba los sueldos).

El lucro privado, un pésimo control por parte del Estado y una burocracia sindical que se contentaba con el manejo de las bolsas de empleo (funcionando incluso como fuerza de choque de las patronales como demostró el asesinato del Mariano Ferreyra en octubre del 2010), fueron las principales piezas de un complejo entramado donde los únicos que perdían eran los usuarios.

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En este contexto, llegó Once, el accidente que luego fue tragedia, y que ahora se considera crimen (con justicia). La olla se había destapado, el complejo entramado quedaba al desnudo ante los ojos de aquellos y aquellas que ahora reafirmaban sus insultos cotidianos. El triangulo de la negligencia comenzaba a tensarse, el Estado respondía a cuenta gotas, los empresarios se aseguraban un último vaciamiento y la Unión Ferroviaria presionaba para garantizar su puestos.

En este nuevo contexto de tensiones, el camino hacia la justicia se mostraba accidentado. El 9 de febrero de 2013, el maquinista Leonardo Andrada fue asesinado de cinco balazos mientras esperaba el colectivo para ir a trabajar. Andrada era un testigo clave en la investigación, era el motorman que le había entregado el servicio a Marcos Córdoba, quien condujo la formación aquel 22 de febrero. Andrada le había dicho a su compañero: “Tené cuidado que la formación tiene freno largo”, es decir, que el tren no estaba en condiciones. Nadie marchó por él, nadie caceroleó su muerte.

Sin embargo, los familiares de las víctimas de Once no bajaban los brazos. En palabras de Paolo Menghini, padre de Lucas Menghini Rey, la idea era «convertir nuestro dolor en lucha». En junio del 2013, en un contexto de tensiones entre el nuevo Ministerio del Interior y Transporte con Florencio Randazzo a la cabeza, y la Unión Ferroviaria, se produjo un nuevo accidente, esta vez en Castelar, esta vez con tres víctimas fatales. La bronca iba en aumento, los familiares seguían aportando testimonios, pruebas.

Acorralado, fiel a su estilo, el empresariado siempre se da a la fuga. A dos años de la masacre de Once, el Grupo Cirigliano seguía gestionando Emprendimientos Ferroviarios S.A. (EMFER), empresa que bajo propiedad estatal y control de los trabajadores pudo haberse abocado a la fabricación y reparación trenes (que se terminaron comprando a China). Antes de que los trabajadores lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, el ex secretario de seguridad Sergio Berni se abocó a repartirles algunos palos en tiempos de reservas flacas y acuerdos financieros con el establishment.

¿Quiénes fueron a apoyar a los trabajadores de EMFER – TATSA? Los familiares de las víctimas de Once. Eso es lo que se suele llamar solidaridad de clase.

De la justicia en tiempos de Macri

La ley de estatización del sistema ferroviario aprobada el 15 de abril, al igual que otros procesos de recuperación estatal impulsados por el kirchnerismo, consagró transformaciones progresivas, aunque parciales y lamentablemente tardías. Esto fue sin duda la respuesta a una demanda de amplios sectores de la sociedad.

Y hubo movilizaciones, debates, muchas veces de manera fragmentada, pero hubo en definitiva dolor transformado en lucha. Hoy hay lucha, transformada en justicia. Pensar que las condenas a Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi es un golpe al kirchnerismo por parte del poder judicial, es menospreciar la incansable lucha de los familiares de Once.

A su vez, pensar que el maquinista tiene que entrar en la misma bolsa que funcionarios y gerentes acusados de malversación, es cometer un error conceptual. En palabras de María Luján Rey, madre de Lucas Manghini, «los familiares vamos por los empresarios y funcionarios» entendiendo que al maquinista “le entregaron un tren en la peores condiciones”.

«Es un fallo absolutamente histórico que genera una Argentina nueva en la que los corruptos, que se creían impunes, tengan hoy una condena», palabras de Menghini. Pero más valor toma en estos tiempos, donde el nuevo gobierno reinstaura el discurso de “modernización del Estado”, “sinceramientos”, “optimizar”. Once no solo demuestra que el dolor puede transformarse en lucha, y luego en justicia, sino también que no se puede confiar en el empresariado, ni un tantito así, nada.

@JuanchiVasco