La Legislatura de Córdoba aprobó una reforma del Código de Faltas

A causa de las numerosas movilizaciones y del desprestigio que arrastra consigo la policía, el día miércoles la Legislatura de la Provincia de Córdoba convirtió en ley una reforma al Código de Faltas. Con el apoyo de todos los bloques salvo el de la legisladora del MST y la del FIT se convirtió en ley el proyecto de “Código de Convivencia Ciudadana”. Las modificaciones entrarán en vigencia a partir del 1 de abril del año próximo. Se trata de una reforma que pretende cambiar los artículos más polémicos, aunque sin transformarlo estructuralmente.

El oficialismo de esta manera busca relegitimar un código que ha sido señalado como inconstitucional y lesivo de derechos humanos básicos como la libre circulación o el derecho a la legítima defensa. La existencia de códigos contravencionales provinciales, con figuras ambiguas y la posibilidad de detención preventiva son instrumentos de gran valor para las instituciones policiales, que les permiten intervenir y controlar el espacio público sancionando conductas tan inespecíficas como el “merodeo” o las “reuniones tumultarias”.

Un proyecto similar intentó ser aprobado en la última sesión del año pasado pero dado que ninguno de los bloques opositores lo acompañó, Unión por Córdoba lo retiró a último momento. Una vez finalizado el calendario electoral de este año el oficialismo retomó la propuesta. Si bien se creó una comisión específica para trabajar el tema, no funcionó durante todo el 2015 y la discusión del código se realizó en dos semanas.

Manteniéndose la prisión preventiva y el uso de figuras ambiguas, la propuesta original tenía importantes innovaciones. La masividad de ciertos reclamos obligó a reformular aspectos importantes: la autoridad que juzgaba las contravenciones ya no era un policía sino un ayudante de fiscal; la policía ya no podía intervenir de oficio sino que tenía que haber una denuncia de parte de una tercera persona; el tiempo máximo de prisión preventiva se reducía de tres días a 12 horas; y aparecía la posibilidad de solicitar un abogado en el proceso contravencional.

Por otra parte, incluía también novedosas herramientas de control social como la incorporación de la figura de “merodeo rural”, la quema de gomas en la vía pública bajo la excusa de protección ambiental, la sanción a cuidadores de coches y penas para quienes utilizaran vehículos de tracción a sangre que “entorpezcan el tránsito”. El espíritu general se mantenía vigente, aún en algunos artículos que bajo nuevas redacciones cumplirían la misma función. El artículo más polémico, relativo al merodeo urbano, era reemplazado por el de “actitud sospechosa”.

Ante esta propuesta, un conjunto amplio de organizaciones decidió convocarse el día de la sesión en una marcha y concentración frente a la Legislatura. Por iniciativa del Frente Organizado Contra el Código de Faltas, el espacio se convocó bajo la consigna “Ni Código de Faltas ni Código de Convivencia, basta de Estado policial”.

El espectro de organizaciones que participaron abarcó a los distintos partidos del Frente de Izquierda y los Trabajadores, otros partidos y organizaciones de izquierda como el MST, Patria Grande, Izquierda Revolucionaria y Nuevo Mas; organizaciones sociales y de derechos humanos como la Coordinadora de Familiares de Víctimas del Gatillo Fácil, Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, La poderosa y Coordinadora Antirrepresiva; y organizaciones kirchneristas como Nuevo Encuentro y La Bisagra.

El Código de Convivencia Ciudadana

Desde un principio el oficialismo se mostró dispuesto a aceptar modificaciones de todos aquellos legisladores que votaran a favor del proyecto. Hasta último momento se negoció punto por punto. De esta manera se consiguió el voto de legisladores como Roberto Birri del Partido Socialista y Liliana Montero, quien ingresó a la legislatura por el Frente Cívico y renovará mandato por el Frente para la Victoria.

Sobre estas modificaciones Notas consultó a Martín Rodriguez, asesor del legislador Birri, quien informó que el código aprobado incorporó la defensa de abogado desde el momento en que el contraventor es aprehendido. Además contempla modificaciones en la obligatoriedad a identificarse ante la policía, que ahora requerirá ser constatada por dos testigos civiles; no se avanzó en la imputabilidad a menores que estaba prevista en el proyecto original; la detención preventiva no podrá prolongarse por más de ocho horas; y se eliminaron figuras como la “colocación indebida de cercos y alambrados”, así como los artículos referidos a carreros cuidadores de coches y «prostitución escandalosa».

El oficialismo logró el cometido propuesto: relegitimar un código contravencional que en manos de la policía permite controlar preventiva y selectivamente a la población. Si bien las trabajadoras sexuales ya no serán perseguidas por “prostitución escandalosa” aún podrán ser acusadas de causar “escándalo en la vía pública”. Así también, un grupo de jóvenes ya no podrá ser detenido por tomar alcohol en la calle, aunque probablemente según su estrato social se le atribuya o no una “actitud sospechosa”.

Todo esto no quita que, tras la jornada, algunos reclamos históricos fueron tomados en cuenta por el poder legislativo, que ante la organización popular debió hacer concesiones en aspectos claves como el proceso de acusación, juzgamiento y procedimiento policial. En la nueva etapa que se abre será esa misma organización la garante de que se apliquen esas concesiones.

A su vez, las diversas organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, junto al conjunto del pueblo cordobés son quienes deben generar las adecuadas herramientas de denuncia y resistencia, así como también propuestas superadoras. En los marcos de unidad necesarios, queda aún pendiente avanzar en la derogación del código contravencional como una lucha más que permita frenar el abuso y la represión policial.

Andrés Carbel, desde Córdoba – @AndresCarbel

Foto: Mucho Palo Noticias