Autorizan abrir proceso de juicio político para destituir a Dilma Rousseff

La derecha latinoamericana está a la ofensiva. Tras el triunfo de Mauricio Macri en Argentina se ha envalentonado. A las amenazas de que en Venezuela o ganan o hay fraude, ahora se suma la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de Brasil de dar curso al inicio de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

Eduardo Cunha, quién preside la cámara baja del país más grande de Sudamérica, aceptó este miércoles el pedido de juicio político contra Rousseff. No obstante aclaró que lo que él hará es «autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial la que podrá acoger o rechazar el pedido de impeachment«.

«No hago esto con ninguna felicidad, sé que es un gesto delicado en un momento en que el país atraviesa una situación difícil», añadió.

Más allá de sus declaraciones, Cunha es el principal referente opositor. Pertenece al Partido Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) que es, paradójicamente, aliado del Partido de los Trabajadores (PT) en el gobierno pero hace meses es la cara visible de un grupo de dirigentes que quieren a toda costa destituir a la jefa de Estado.

De hecho, en octubre pasado el Supremo Tribunal Federal (STF) intervino a pedido de un diputado oficialista y suspendió el intento de juicio político. El magistrado Teori Zavaski dio lugar a la solicitud del legislador del Partido de los Trabajadores (PT) Wadih Damous, que obliga a contar con el sufragio de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y no de mayoría simple como planteaba Cunha para iniciar el impeachment.

Los partidos de la oposición que buscan que Rousseff abandone el cargo presentaron diversos pedidos de juicio político argumentando que la mandataria violó las leyes fiscales del país y manipuló las finanzas públicas. Una de sus piedras de toque es la resolución del Tribunal de Cuentas brasileño que no aprobó el presupuesto presentado por el Ejecutivo concerniente al año 2014, por supuestamente “haber modificado el déficit».

¿Cómo sigue el proceso?

Ahora que Cunha aceptó iniciar el juicio político, una comisión formada por diputados de todos los partidos (con representación proporcional a cada una de sus bancadas) debe analizar la petición de destitución. Una vez conformada la comisión, la presidenta de Brasil tendrá un plazo de diez sesiones para declarar y posteriormente (hasta cinco sesiones más) los miembros de la comisión harán un informe a favor o en contra de su destitución.

En caso de que se de el visto bueno al impeachment, 342 de los 513 diputados deberán aprobarlo para que el juicio pase a la siguiente instancia. Si se aprueba, la mandataria será apartada de su cargo por 180 días mientras el informe pasa al Senado, cámara que tendrá la decisión final: allí, en una sesión que debe ser presidida por el presidente del STF, 54 de los 81 senadores deben apoyar la salida de Rousseff para concretar su apartamiento definitivo del cargo.

Cabe aclarar que, de acuerdo a la legislación brasileña, es necesario que exista un delito preciso que pueda imputarse directamente a la presidenta, situación que hasta el momento no está clara.

De acuerdo a la acusación, esta supuesta manipulación de las finanzas públicas (que no ha sido probada e ninguna instancia), constituye un «crimen de responsabilidad» por parte de la presidenta y representa uno de los motivos de destitución consagrados en el artículo 85 de la Constitución brasileña, por violación de la Ley de Finanzas públicas.

Mejor que sea administrado por sus propios dueños

A diferencia de lo que pasó en Argentina, en Brasil los sectores concentrados de la economía no lograron imponer a su candidato (Aecio Neves) en las elecciones. Por ello debieron hacer un trabajo de presión sobre el gobierno de Dilma Rousseff para que aplicara las medidas de ajuste que demandaban.

Así fue que este año Brasil devaluó y llevó a cabo fuertes recortes sociales, incluso en programas que fueron pilares de los gobiernos del PT.

Este escenario modificó algunos discursos e hizo pensar que la intentona destituyente de la derecha se había aplacado. Luego de las medidas de ajuste las cámaras empresarias de San Pablo y Rio de Janeiro mostraron intenciones de “mantener la estabilidad”. “Es momento de responsabilidad, diálogo y acción”, dijeron en una carta pública. También el titular de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, se declaró en contra del impeachment porque “las instituciones deben ser respetadas y Rousseff fue elegida”.

Asimismo, los sindicatos y movimientos sociales, por su parte, aunque críticos de las medidas de ajuste, se posicionaron de forma clara en defensa del gobierno del PT. La Central Única de los Trabajadores (CUT), la más grande del país, y representantes de Fuerza Sindical, la segunda organización de mayor peso, publicaron una solicitada en diarios en la que plantearon: “Es necesario tener una posición clara en defensa de la democracia, es necesario el pleno funcionamiento de los poderes”. Además, instaron a “desmontar el escenario de desestabilización”.

Pero el triunfo de Macri en Argentina dio nuevos bríos a la derecha continental. De cara a las elecciones en Venezuela la situación roza el ridículo. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, declaró esta semana que «el 6 de diciembre o gana la oposición o hay fraude». De esta forma ya anticipa que sería imposible que el chavismo gane (a pesar de que en 16 años de gobierno solo perdió una elección).

En el mismo sentido Tintori añadió que «desde la Asamblea Nacional hay que buscar el mecanismo para el cambio político profundo que viene en Venezuela antes de 2019″. Esto quiere decir que, al igual que en Brasil ahora, o como sucedió en Paraguay en el Golpe Parlamentario de 2012, buscarán interrumpir el mandato constitucional del presidente Nicolás Maduro violando la soberanía y el voto popular.

La ofensiva conservadora está a la orden del día en América Latina. Los sectores de poder ya no se conforman con gobiernos que, manteniendo cierta autonomía, apliquen las medidas que ellos pretenden, si no que buscan gestionar directamente el Estado.

El continente atraviesa un período de transición, luego de más de una década de estabilidad. La disyuntiva que se abre, tal como señaló el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, es «profundizar los procesos revolucionarios desde adentro o el regreso de la derecha, sólo hay dos caminos».

Santiago Mayor – @SantiMayor