La UCR aumenta el boleto en Córdoba

Este jueves el bloque del radicalismo aprobó en soledad el aumento del boleto en la Ciudad de Córdoba a $9,15. En los cuatro años de gestión de Ramón Mestre el incremento del pasaje alcanzó un 366% y es uno de los más caros del país.

Una historia que se repite

La nueva tarifa aprobada por el radicalismo se inscribe en el problema del transporte en la ciudad. En el municipio conviven más de 1.300.000 personas. El transporte público es uno de los problemas clave que afecta a los cordobeses. Muchos vecinos de los barrios periféricos de la ciudad están obligados a recorrer largas cuadras para poder tomar un colectivo. Cada nueva administración municipal asume con la promesa de reformar definitivamente el sistema de transporte. Se suceden modificaciones de recorridos, cambios en las denominaciones de las líneas y cambios en los sistemas de pago. Permanece una constante que se ha agravado en los últimos años, los recurrentes aumentos en el precio del boleto.

Los nuevos aumentos son justificados con promesas de nuevas unidades, mejoras en las frecuencias o descarga culpas en los reclamos salariales de los sindicatos. En ésta ocasión, los funcionarios municipales sostienen la necesidad de esta modificación debido a los elevados índices de inflación.

En cuatro años de gestión radical el boleto aumentó de $2,50 a $9,15, redondeando un incremento de 366%. Por lo que adjudicar la necesidad de aumento al alza generalizada de los precios suena, al menos, desproporcionado. Los aumentos de todas las administraciones municipales de los últimos años fueron aprobados en sesiones cerradas con vallas y custodiadas por la guardia de infantería. Más de una vez las jornadas de protesta debieron extenderse en las comisarías de la ciudad buscando manifestantes presos.

El Estado municipal subsidia una parte de cada boleto que se corta en la ciudad de Córdoba, por lo que los cordobeses deberán afrontar un costo de $8,15 por cada viaje en colectivo. La crisis del transporte público en la ciudad de Córdoba parece no tener solución. Los usuarios, trabajadores y trabajadoras, son quienes deben sostener este sistema sin alternativas en el horizonte.

Las velocidades del cambio

El actual aumento no está desvinculado de una trayectoria de gestión de la ciudad. La administración radical asumió la intendencia de Córdoba en diciembre de 2011. Desde ese momento se precipitaron los cambios en la gestión.

La recolección de basura estaba en manos de Córdoba Recicla Sociedad del Estado, una empresa estatal que cubría el servicio en todo el ejido urbano. El transporte público se repartía entre tres empresas, una de ellas era de propiedad estatal y sostenía el servicio en los corredores deficitarios.

En marzo de 2012 el ejecutivo municipal decidió dividir la recolección de basura en dos zonas, norte y sur, y adjudicarla a empresas privadas, LUSA y Cotreco. En 2013 la empresa estatal de transporte TAMSE dejo de tener recorridos de autobuses y sostiene únicamente el servicio de trolebús. En marzo de 2014 el gabinete municipal renunció y se reemplazó casi de manera completa en medio de denuncias por recibir dádivas de las empresas contratistas de la municipalidad.

El gobierno de Mestre en la ciudad de Córdoba, que se extenderá por cuatro años más, reformó bruscamente el Estado municipal al realizar privatizaciones que meses antes parecían decisiones imposibles en contra de los derechos adquiridos por los cordobeses.

Los golpes del ballotage

En el clima convulsionado de las últimas semanas el radicalismo avanzó con nuevas medidas claves para la Municipalidad. El día miércoles se aprobaron en sesión extraordinaria la creación del ente autárquico encargado de gestionar la obra pública y el nuevo código de convivencia municipal.

La primera medida es justificada desde el oficialismo aduciendo que mejorará la eficiencia en la contratación de obra pública mientras que los concejales de oposición sostienen que se realiza con el objetivo de evitar los controles del tribunal de cuentas. Desde abril de 2016 las contrataciones para realizar obra en la ciudad de Córdoba dependerán de este organismo. El sindicato de trabajadores municipales se ha declarado abiertamente en contra de la creación del ente y está realizando medidas de fuerza.

Mientras que el código de convivencia municipal es una reforma a del código de faltas que el radicalismo aprobó sin apoyo de ningún bloque opositor. Los artículos reformados tipifican nuevas faltas y aumentan el monto de las multas. Entre sus incorporaciones más polémicas se encuentra la prohibición de la entrada al centro de los trabajadores carreros y sanciones a quienes los contraten. También se prevén multas para quienes obstruyan vías de tránsito, lo que atenta directamente contra el derecho a la protesta social y política.

Facundo Cruz, desde Córdoba