Amenaza de desalojo en un barrio de Santiago del Estero

Alrededor de 20 familias fueron amenazadas con ser desalojadas en el Barrio Almirante Brown, al sur de la capital de la provincia. Los vecinos se encuentran organizados y están dispuestos a negociar, pero reclaman al municipio por la ausencia de diálogo.

En marzo de este año el municipio capitalino de Santiago del Estero notificó a alrededor de 70 familias que debían abandonar las viviendas que ocupaban en el barrio Almirante Brown, con la amenaza de desalojarlas en caso de que se nieguen. El motivo es el ensanchamiento y revestimiento del Desagüe Pluvial Sur (DPS), que presuntamente evitaría las inundaciones recurrentes en esa zona de la ciudad.

La Municipalidad hizo una oferta a los vecinos: viviendas de emergencia, de paredes de placa y tergopol, con techos de chapa, que se encuentran en un barrio que no cuenta con acceso a los servicios básicos de transporte, salud y educación. Aproximadamente 50 familias del grupo inicial aceptaron la propuesta, debido a que contaban con viviendas precarias y en este nuevo barrio mejoraba su situación.

Sin embargo, cerca de 20 familias de trabajadores independientes las rechazaron, ya que cuentan con casas en mucho mejores condiciones que las edificaron por sus propios medios, en terrenos que ocupan hace más de 20 años, con acceso a los servicios básicos y con Actas de Dominio. Desde hace siete meses se vienen organizando, preparándose para resistir el eventual desalojo.

El 2 de julio de 2015 la municipalidad, mediante el decreto N° 382, insistió con su postura de desalojo forzado y con su oferta de viviendas de emergencia. El texto del decreto menciona entre sus argumentos que «los terrenos son de reciente ocupación» o que «las familias no cuentan con los servicios urbanos básicos». Los vecinos, en cambio, aseguran que pueden rebatir estas afirmaciones, con sus actas de dominio datadas en el año 1997 y con la cantidad de boletas de servicios que pagan mes a mes.

Algunas vecinas denunciaron presuntos malos tratos por parte de los funcionarios municipales. Una de ellas, Ana, afirmó: «Me dijeron que el viernes me llevaban, estaba sola y me amenazaron con sacar todas mis cosas para hacerme firmar el consentimiento de desalojo».

Entre las acciones que han intentado realizar los vecinos se cuentan las visitas a las oficinas de Derechos Humanos, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Hasta el momento no han obtenido una respuesta. Por otro lado, los medios de comunicación locales no se han hecho eco de la noticia. En reiteradas oportunidades la asamblea de vecinos se ha acercado a las oficinas de diarios y canales de televisión de la ciudad, obteniendo como respuesta que no pueden publicar nada acerca de su situación.

En declaraciones a este medio, Mónica, una de las vecinas organizadas, afirmó: «Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero queremos una oferta acorde a las viviendas que tenemos». Hasta el día de hoy han intentado, en vano, sentarse a negociar con un representante de la municipalidad. «No deseamos entorpecer el desarrollo de la obra, que es necesaria para la ciudad, pero queremos una oferta digna desde el municipio», aseguró Mónica.