Turquía a las urnas entre la renovación y la continuidad

El 1 de noviembre próximo, Turquía celebrará sus segundas elecciones parlamentarias en el año para definir el color de sus 550 representantes. Esto se da ante la imposibilidad del gobernante Partido Justicia y Desarrollo de conformar un gobierno con el suficiente consenso representativo, tras perder la mayoría en las elecciones de junio pasado.

En medio de un creciente clima de polarización e inquietante violencia política, el gobierno del presidente Recep Tayip Erdogan apuesta a recuperar los escaños suficientes para conformar un gobierno de un solo color y revivir el sueño de una reforma constitucional que le permita concentrar mayores poderes y prerrogativas en la figura presidencial. Su gobierno vive la mayor crisis de legitimidad en los 13 años que lleva al frente del país, en medio del ascenso de viejas y nuevas fuerzas políticas por izquierda y por derecha.

Los sueños del Sultán

Turquía hoy es una potencia económica y militar de casi 80 millones de habitantes, miembro de la OTAN (es el segundo ejército más grande dentro de la alianza, después del estadounidense) y aspirante a integrar la Unión Europea, puente geográfico y cultural entre los tan diversos mundos europeo e islámico.

El Partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco), liderado por el actual presidente Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro Ahmet Davutoglu, supo conformar una hegemonía casi indiscutida durante gran parte de sus 13 años de gobierno. Su llegada al poder Ejecutivo supuso un hito histórico, al tratarse del primer gobierno de un partido islamista en un país con una larga y profunda tradición laica promovida desde el Estado y marcadamente arraigada en las capas medias urbanas de la sociedad y en las elites dirigentes.

Apoyado en la bonanza económica y en la expresión de expectativas de sectores hasta entonces marginados de la escena política, su gobierno combinó una política exterior activa que reacomodó al país como un actor de peso a nivel regional y mundial, la revalorización de los tradicionales valores islámicos y una renovada apertura económica que vio la conformación de una nueva elite empresarial.

Motivado por varias elecciones en las que superó el 40% de los votos, desde principios del año habían trascendido las intenciones del gobierno de reformar la constitución para hacer transitar al país hacia un sistema presidencialista, algo que reunió a las más diversas voces opositoras denunciando lo que se percibió como el plan de Erdogan por perpetuarse en el poder.

A toda acción una reacción

Hoy esa legitimidad se ha visto puesta en cuestión por el empeoramiento de los indicadores sociales y económicos, un crecimiento de la violencia institucional y la censura hacia las expresiones de disenso. Además, han mellado su poder los escandalosos hechos de corrupción que chocan con el discurso moralizante con el que el gobierno pretende reeducar a una sociedad más bien cosmopolita.

Asimismo, la polémica política de apoyo irrestricto dado a la insurgencia islamista en la vecina Siria ha hecho crecer al espectro del Estado Islámico, cuyo crecimiento en influencia y actividad se ha dado en gran parte gracias a la inquietante pasividad del Estado turco. Determinado a ver caer al gobierno de Bashar al Assad, el gobierno de Ankara ha dado vía libre sin distinción al tránsito de recursos, armas y combatientes a través de sus fronteras.

Este ha sido uno de los factores que ha posibilitado el crecimiento exponencial de las organizaciones extremistas en la región, que utilizan el suelo turco como base de reaprovisionamiento con la colaboración de los servicios de inteligencia locales.

Una creciente actividad terrorista se ha concentrado casualmente en ataques a organizaciones opositoras, principalmente de izquierda y de la comunidad kurda, coronándose con el atentado más sangriento en la historia de la república, que dejó más de 100 muertos en un encuentro por la paz en la capital, Ankara.

Finalmente, la nunca resuelta cuestión kurda ha regresado a ocupar los titulares, conflicto cuya resolución había sido en el pasado una de las banderas del gobierno. Unos 20 millones de habitantes pertenecientes a esta comunidad se han visto negados históricamente de sus derechos, reducidos a ciudadanos de segunda cuando no abiertamente perseguidos por el aparato de seguridad.

El agotamiento del proceso de paz se potenció ante la marcada hostilidad del Estado turco y los abusos por parte de las fuerzas de seguridad hacia organizaciones de derechos humanos, periodistas y agrupaciones que simpatizan con la causa del pueblo kurdo. Las detenciones y los asesinatos extrajudiciales han alcanzado cifras alarmantes, que recuerdan a los años de la “guerra sucia” que el país sufrió en las década del 70 y 80.

Todo esto ha mellado el apoyo al gobierno por parte de las más diversas expresiones políticas de la sociedad, representadas en la muy diversa oposición. Amenazando con acabar los años de mayoría indiscutida del AKP se encuentran por un lado los nacionalistas seculares del Partido Republicano Popular, formación hoy situada en el centro político; la ultraderecha del Partido Movimiento Nacionalista, heredera de los gobiernos militares de los años 80, y la izquierda, quizá la sorpresa de las elecciones de junio, representada por el Partido Democracia del Pueblo.

Catalogado de pro-kurdo, este partido ha reunido las mayores expectativas, al unificar en su programa anticapitalista reivindicaciones del movimiento de mujeres, del movimiento LGTB, así como de las minorías étnicas y religiosas. Hoy apuesta por superar el restrictivo piso de 10% del sufragio que el sistema electoral impone para alcanzar bancas en el Parlamento, elemento fuertemente cuestionado como una de las principales herramientas utilizadas por el gobierno para garantizar el cuasi monopolio de la representación política.

Julián Aguirre – @julianlomje